08 julio 2010

SENTENCIA del TSJ , exp. N° 2009-0532 del 29/06/10 relativa a la compensación de créditos fiscales siendo procedente con impuestos indirectos-cuot t

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
EXP. N° 2009-0532
Mediante Oficio N° 737-2009 del 08 de junio de 2009, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana remitió a esta Sala el expediente N° FP02-U-2007-000016 de su nomenclatura, contentivo del recurso de apelación ejercido en fecha 25 de mayo de 2009, por el abogado José G. Navas, inscrito en el INPREABOGADO con el N° 120.667, actuando con el carácter de sustituto de la Procuradora General de la República en representación del FISCO NACIONAL, según poder autenticado en fecha 08 de marzo de 2008, ante la Notaría Pública Vigésima Quinta del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el N° 52, Tomo 18 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, contra la sentencia N° PJ0662008000048 del 22 de julio de 2008 dictada por el referido Tribunal, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil MANGUERAS GUAYANA, C.A., inscrita originalmente ante el Juzgado Superior de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 24 de febrero de 1978, con el N° 2.161, Tomo 25, y posteriormente, en fecha 13 de marzo de 2003, la última de sus modificaciones estatutarias, ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, bajo el N° 64, Tomo 06-A-Pro., contra los actos contenidos en las Providencias Administrativas Nos. GRTI/RG/DR/2006/41, GRTI/RG/DR/2006/42, GRTI/RG/DR/2006/43 y GRTI/RG/DR/2006/44, dictadas el 08 de noviembre de 2006 por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), conforme a las cuales se declararon improcedentes las solicitudes de compensación opuestas por la contribuyente en virtud de las cantidades que por concepto de impuesto al valor agregado soportó durante los períodos fiscales correspondientes a los meses de enero de 2003 a junio 2005, por la suma de Bs. 377.137.717,00, contra los créditos correspondientes a las declaraciones estimadas y definitiva de impuesto sobre la renta de dicha contribuyente para el ejercicio fiscal abril de 2005 a marzo de 2006, por la cantidad de Bs. 218.422.049,00; se impusieron multas por las sumas de Bs. 21.842.204,90, 2.997.004,50, 2.997.004,50 y 2.997.004,50 y se determinaron intereses moratorios por los montos de Bs. 13.666.606,93, 4.620.381,94, 4.129.264,48 y 3.687.771,41.
Según consta en auto del 04 de junio de 2009, el Tribunal a quo oyó libremente la apelación interpuesta y remitió el expediente a esta Sala adjunto al citado Oficio N° 737-2009 del 08 del citado mes y año.
El 31 de junio de 2009 se dio cuenta en Sala, ordenándose aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de su aplicación temporal. Asimismo, se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho para fundamentar la apelación.
En fecha 04 de agosto de 2009, la abogada Samantha Leal Marín, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 76.326, actuando como sustituta de la Procuradora General de la República en representación del Fisco Nacional, según poder otorgado en fecha 08 de abril de 2008, ante la Notaría Pública Vigésima Quinta del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el N° 18, Tomo 18 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; consignó el escrito de fundamentación de la apelación fiscal.
Por auto del 29 de septiembre de 2009, se fijó para el quinto (5°) día de despacho siguiente el acto de informes en el presente juicio; siendo diferido éste para el 04 de febrero de 2010.
El 26 de enero de 2010, se ratificó el acto de informes para el 04 de febrero de 2010.
Llegada la oportunidad para celebrar el referido acto (04 de febrero de 2010), tuvo lugar el mismo con la comparecencia de la abogada Samantha Leal Marín, supra identificada, actuando en representación del Fisco Nacional, expuso sus argumentos orales y posteriormente, consignó ante Secretaría las conclusiones por escrito. Se dijo “VISTOS”.
I
ANTECEDENTES
Mediante escritos fechados el 25 de octubre, 21 y 27 de diciembre de 2005; 23 y 26 de enero, 16 de febrero y 29 de junio de 2006, recibidos en el Área de Reintegro y Exoneraciones de la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A., solicitó que de conformidad con el procedimiento previsto en la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056 dictada por el SENIAT en fecha 27 de enero de 2005 (Gaceta Oficial N° 38.136 del 28 de febrero de 2005), se le acordase el reintegro o la devolución de los excedentes de retenciones del Impuesto al Valor Agregado hasta el período de junio de 2005, por un monto de Bs. 377.137.717,00, pidiendo a su vez que el monto del reintegro fuese compensado, según lo previsto en el artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario, por una parte, contra los montos correspondientes a la cuarta, quinta y sexta porción de su Declaración Estimada de Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido entre abril de 2005 y marzo de 2006, por un monto de Bs. 29.970.045,00 cada una y un total de Bs. 89.910.134,00, y por otra, contra la cantidad de Bs. 287.227.583,00, correspondiente a la Declaración Definitiva de Rentas del precitado ejercicio gravable de abril de 2005 a marzo de 2006.
En fechas 27 de diciembre de 2005, 26 de enero, 16 de febrero y 29 de junio de 2006, la contribuyente notificó a la Administración Tributaria (según consta expresamente en las providencias recurridas), vista la falta de pronunciamiento de ésta en torno a las solicitudes de recuperación de los aludidos excedentes del impuesto al valor agregado, su decisión de compensar los referidos montos con las cantidades debidas en concepto de impuesto sobre la renta para los ejercicios arriba indicados.
El 08 de noviembre de 2006, la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), emitió las Providencias Administrativas Nos. GRTI/RG/DR/2006/41, GRTI/RG/DR/2006/42, GRTI/RG/DR/2006/43 y GRTI/RG/DR/2006/44, declarando improcedentes las compensaciones solicitadas, habida cuenta de considerar que en el presente caso no se hallaban satisfechos los extremos previstos en los artículos 49 y 51 del Código Orgánico Tributario vigente, toda vez que:
“(…) la compensación de los excedentes de retenciones del impuesto al valor agregado no descontados, sin la decisión favorable de la Administración Tributaria opuesta en compensación por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., es improcedente, toda vez que sólo podrá ser realizada la compensación de esos excedentes previa solicitud a la Administración de la recuperación y la Administración decida favorablemente de la misma, una vez obtenida ésta, la contribuyente solicitará la compensación.”.
Asimismo, en las referidas providencias se impusieron multas por los montos de Bs. 21.842.204,90, 2.997.004,50, 2.997.004,50 y 2.997.004,50 y se determinaron intereses moratorios por las cantidades de Bs. 13.666.606,93, 4.620.381,94, 4.129.264,48 y 3.687.771,41.
Contra los precitados actos, la contribuyente interpuso en fecha 21 de febrero de 2007, recurso contencioso tributario ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, alegando en éste el vicio de falso supuesto de derecho cometido por el Fisco Nacional, al rechazar la compensación opuesta, pues a su decir, el indicado medio de extinción de la obligación tributaria, una vez satisfechos los extremos señalados en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario vigente, opera de pleno derecho sin el previo reconocimiento de la Administración Tributaria.
En este contexto, indicó la contribuyente que la compensación opuesta resultaba procedente, pues “dio cumplimiento a las formalidades previstas en la Ley como se evidencia de las documentales marcadas ‘Anexo C’, ya que introdujo la correspondiente solicitud de reconocimiento del derecho a la devolución, sobre la cual, cabe destacar, ninguna de las Resoluciones hace mención, así como tampoco a las correspondencias que desde Octubre de 2.005, (…) ha introducido a los efectos de dar cumplimiento a los parámetros legales, y que constituyen también falso supuesto de hecho en el presente caso”.
Por otra parte, adujó que aun cuando no hubiera opuesto la compensación como medio de extinción de las obligaciones tributarias derivadas del impuesto sobre la renta, “lo cierto es que la obligación referida a las porciones del ISLR, ya se había extinguido para el momento en que dicha obligación se hizo exigible, en tanto y en cuanto en ese instante MANGUERAS GUAYANA, C.A. se hizo deudor del Fisco Nacional, pero al mismo tiempo ya con anterioridad el Fisco se había hecho deudor de la empresa, por la cual esas deudas recíprocas se extinguen ipso iure hasta su concurrencia en la referida oportunidad en que nació esa cuenta por pagar a la Administración Tributaria Nacional, (…). En este sentido, conviene recordar cómo (sic) el artículo 13 del vigente Reglamento Parcial No. 1 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado obliga a la Administración Tributaria a oponer la compensación frente al contribuyente cuando, tramitada la solicitud de recuperación pertinente, resulte que el peticionario efectivamente adeuda al Fisco alguna cantidad por concepto de tributos, multas, intereses o costas procesales. (…)”.
Seguidamente, alegó que en dicho caso devenían igualmente improcedentes las multas y los intereses moratorios exigidos por la Administración Tributaria, pues al operar de pleno derecho la compensación resultaba imposible que se generaran éstos.
Para concluir, solicitó se decretara de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, medida cautelar de suspensión de efectos de los actos recurridos; que como consecuencia de dicha suspensión y mientras durara la pendencia del juicio se le considerase solvente respecto de las obligaciones causadas en materia de impuesto sobre la renta; que se ordenase a la Administración Tributaria abstenerse de emitir nuevos actos en los que exigiese el pago de la referida obligación, así como de iniciar procedimientos de intimación o de ejecución de las cantidades adeudadas.
II
DECISIÓN APELADA
Para resolver la controversia precedentemente descrita, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana dictó la sentencia N° PJ0662008000048 en fecha 22 de julio de 2008, declarando con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto, de conformidad con la siguiente motivación:
“(…), este operador de justicia infiere de lo expuesto por las partes que en el (sic)caso subjudice, se circunscribe a la determinación por parte de este Tribunal de la posibilidad de oponer la compensación como medio de extinción de la obligación tributaria, entre los créditos tributarios que corresponden a la contribuyente, originados por retenciones pagadas en exceso y no descontadas en materia de Impuesto al Valor Agregado y las deudas líquidas y exigibles derivadas del Impuesto sobre la Renta, relativas al pago a la cuarta, quinta y sexta porción de la Declaración Estimada de Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006, (…) igualmente, le corresponde quien (sic) aquí decide determinar si la compensación opuesta por la recurrente opera de pleno derecho, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario vigente, o si se requiere la necesidad de un pronunciamiento previo por parte de la Administración Tributaria para que proceda la compensación, tal y como lo afirma la representación del Fisco Nacional.
(…). El artículo 240 del Código Orgánico Tributario establece:
(…). Asimismo, en cuanto al falso supuesto de derecho señala que:
(…). Ahora bien, aplicando lo anteriormente expuesto al caso in examine, se hace necesario revisar lo que establecen los siguientes artículos del Código Civil lo cual disponen:
‘Artículo 1.331: (…)’.
‘Artículo 1333: (…)’.
‘Artículo 49: (…).
(…). Conforme a lo establecido en la norma bajo examen, para poder oponer la compensación se requiere la existencia de deudas tributarias no prescritas, líquidas, exigibles y recíprocas entre el contribuyente o responsable y la Administración Tributaria, de manera que al ser deudores uno del otro, cualquiera de ellos puede alegar la compensación en cualquier momento. En este sentido, para la procedencia de la compensación tributaria deben cumplirse los siguientes requisitos:
(…). En tal sentido, una vez analizada la legislación venezolana en torno a lo referente a la compensación, es oportuno vincular por parte de este operador de justicia, las normas que regulan la recuperación de los excedentes de las retenciones acumuladas no descontadas del Impuesto al Valor Agregado, a los fines de establecer la procedencia o improcedencia de los créditos tributarios de dichos excedentes de retenciones de Impuesto al Valor Agregado, como medio de extinción de las obligaciones tributarias derivadas de las porciones 4/6, 5/6 y 6/6 de la Declaración Estimada y Definitiva de Rentas del ejercicio abril 2005 a marzo 2006.
Vistas de esta forma, las Resoluciones supra identificadas objeto del presente recurso de nulidad (v. folios 37, 49, 61, 73), las cuales señalan lo siguiente:
‘…Ahora bien, a la luz de la normativa aplicable al presente caso, se presenta el hecho, que aún cuando el parágrafo único del artículo 49 del Código Orgánico Tributario vigente, señala en principio que no será oponible la compensación en los impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea las figuras de los denominados débito y crédito fiscales, también deja abierta la posibilidad a que tal hecho se consume salvo expresa disposición legal en contrario…’
Sin embargo, es conveniente aclarar que en el (sic) caso subjudice, se refiere a la compensación de los excedentes de retenciones de Impuesto al Valor Agregado soportadas y no descontadas, con las porciones cuarta, quinta y sexta de la Declaración Estimada de Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006, y la Declaración Definitiva de rentas correspondiente al mencionado ejercicio.
Ahora bien, no podemos dejar pasar por alto que las solicitud interpuesta (sic) por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., para la recuperación de las retenciones acumuladas de Impuesto al Valor Agregado fueron presentadas en fecha 25 de octubre de 2005 (v. folio 79), (…), se interpuso bajo la vigencia de la Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056, de fecha 27 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.136 de fecha 28 de febrero de 2005, la cual derogó a la Providencia Administrativa Nº 1.455 del 29 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.585 de fecha 05 de diciembre de 2002, y la Administración Tributaria no aplicó en las Resoluciones recurridas, la Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056, (…), pues como se evidencia de las actas (v. folio 37, 49, 61, 73) aplicó la Providencia Administrativa Nº 1.455 (…), al argumentar lo siguiente:
‘...Este mandato de recuperación se cristalizó a través de la Providencia Administrativa mediante la cual se designan a lo Contribuyentes Especiales como Agentes de Retención del Impuesto al Valor Agregado Nº SNAT/2002/1455 de fecha 29/11/2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.585 de fecha 05/12/2002, la cual en su articulado establece que el excedente de impuesto retenido que no hubiere podido ser descontado por el contribuyente, puede ser traspasado al período de imposición siguiente o a lo sucesivos, hasta su descuento total; si transcurridos tres (03) períodos de imposición, aún subsiste algún excedente sin descontar, el contribuyente podrá optar por solicitar la recuperación total o parcial del saldo acumulado, siendo recuperables las cantidades que hayan sido debidamente declaradas y enteradas por los agentes de retención y se encuentren reflejadas en el estado de cuenta del contribuyente; siempre y cuando dicha recuperación sea solicitada por aquel ante la Administración Tributaria Nacional…’ (…). Visto de esta forma, la Providencia Administrativa Nº 1.455 del 29 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.585 de fecha 05 de diciembre de 2002, en su artículo 6 el (sic) procedimiento de recuperación, con el objeto de que posteriormente se oponga la compensación, de esta manera los excedentes no descontados acumulados de las retenciones por Impuesto al Valor Agregado, no forma (sic) parte de la determinación de los elementos técnicos de créditos y débitos que tiene previsto la Ley de Impuesto al Valor Agregado, lo cual no es aplicable a la prohibición expresa en el Parágrafo Único del artículo 49 del Código Orgánico Tributario, debido a que son verdaderos créditos tributarios.
Así, en lo que respecta a los excedentes de retenciones de Impuesto al Valor Agregado soportados y no descontados y la recuperación de estas retenciones acumuladas, tenemos que, además del Código Orgánico Tributario, tanto la Ley de Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado publicada en Gaceta Oficial número 37.999, de fecha 11 de agosto de 2004, y la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, de fecha 27 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.136 de fecha 28 de febrero de 2005, establecen la recuperación de retenciones acumulas (sic).
En tal sentido, el Artículo 11 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, dispone lo que se transcribe de seguidas:
(…). Ahora bien, dentro de los anteriores lineamientos, se infiere que, si bien expresa que los contribuyentes podrán recuperar ante la Administración Tributaria los excedentes de retenciones que correspondan, sin embargo, señala que debe seguirse a tal efecto, el procedimiento establecido en la Providencia respectiva, constituyendo en este caso, la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, de fecha 27 de enero de 2005.
Así las cosas, la mencionada Providencia Administrativa en sus artículos 9, 10 y 11 establece el procedimiento a seguir por ante la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de su domicilio fiscal, y específicamente señala:
(…). Visto de esta forma, de acuerdo con el procedimiento de recuperación de retenciones acumuladas del Impuesto al Valor Agregado, se inicia obligatoriamente, con una solicitud con el objeto de recuperar los excedentes acumulados que no fueron descontados por el contribuyente, y una vez que la misma resulte favorable, procederá la compensación o cesión por parte del contribuyente, por lo tanto tales créditos son verdaderas deudas tributarias y cumplen con los supuestos de: El (sic) elemento ‘liquidez’ en tales casos, que (…) se concreta en la determinación y cuantificación del impuesto recuperable (‘crédito fiscal’), exigibilidad del derecho de crédito (a la recuperación), simultaneidad, homogeneidad y reciprocidad.
Evidentemente, las normas que establecen la recuperación de retenciones acumuladas previstas en la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, específicamente en su artículo 10, cuyo objetivo es la recuperación solicitada a los efectos de la compensación o cesión, son verdaderos créditos tributarios, y no forman parte en lo concerniente a los elementos técnicos como la cuota tributaria y la determinación de créditos y debitos que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en consecuencia, no es procedente la prohibición a esta categoría de créditos tributarios prevista en el Parágrafo Único del artículo 49 del Código Orgánico Tributario. Así, se convierten en verdaderos créditos tributarios que pueden ser recuperados y una vez recuperados oponer la compensación para extinguir deudas tributarias, y la Administración Tributaria en los actos que niega la compensación objeto del presente recurso contencioso tributario no lo consideró de esa manera, incurriendo en el vicio de falso supuesto de derecho, por interpretar erróneamente la Administración Tributaria, en relación a los excedentes acumulados de las retenciones no descontadas del Impuesto al Valor Agregado, procediendo a negar sin fundamento la naturaleza de tales créditos tributarios por las razones precedentes y el derecho del contribuyente a recuperar y posteriormente compensar para extinguir deudas tributarias que cumplan con los requisitos de simultaneidad, liquidez, reciprocidad, exigibilidad y homogeneidad. Así se decide.
(…). Ahora bien, en el caso subjudice, este Tribunal observa de los documentos que constan en autos correspondientes al anexo ‘C’ (v. folios 79 al 124 del expediente judicial), la (sic) recurrente cumplió reiteradamente, con el procedimiento de recuperación de excedentes de retenciones del Impuesto al Valor Agregado previsto en la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, y visto de esta forma, el contribuyente solicita de conformidad con el artículo 49 del Código Orgánico Tributario la compensación de los excedentes no descontados de retenciones del Impuesto al Valor Agregado que se han ido acumulando hasta por la cantidad de (…) (BS. (sic) 377.137.717,00).
(…). Asimismo, el solicitante dio cumplimiento a la norma supra mencionada, al señalar que, en el caso que la misma resulte favorable, su decisión de compensar, e igualmente, identificó el tributo y los montos, (…).
(…). Evidentemente, si bien no se necesita autorización por parte de la Administración Tributaria para compensar en los términos expuestos en el Código Orgánico Tributario, es necesario que el contribuyente solicitante de los excedentes de retenciones acumuladas, cumpla con los requisitos establecidos en la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056 de fecha 27 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.136 de fecha 28 de febrero de 2005, de recuperación de retenciones acumuladas y al emitir la decisión administrativa se procede a la compensación de los mismos tal y como se desprende del contenido de la norma prevista en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario, indubitablemente que la finalidad de la compensación es extinguir hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos, con las deudas tributarias por los mismos conceptos; igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo. En virtud de ello, puede oponerse en cualquier momento en que se deba cumplir con una obligación tributaria, debiendo proceder la Administración Tributaria a verificar los supuestos de liquidez, exigibilidad e imprescriptibilidad de dicho crédito.
Sin embargo, la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), no cumplió con su obligación de verificar la existencia, liquides (sic), exigibilidad y no prescripción del crédito fiscal, a los fines de pronunciarse en relación al procedimiento de recuperación de excedentes no descontados de retenciones de Impuesto al Valor Agregado, y la compensación opuesta de conformidad con el artículo 49 del Código Orgánico Tributario, en reiteradas oportunidades por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA C.A., tal como se evidencia de las actas procesales (v. folio 117, 118 y 119 del expediente judicial), el contribuyente promovió las solicitudes de recuperaciones como lo establece el artículo 10 de la Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056 de fecha 27 de enero de 2005, y de esta manera, agotó, en varias oportunidades, las respectivas solicitudes correspondiente al procedimiento de recuperación de los excedentes acumulados y no descontados de la (sic) retenciones de Impuesto al Valor Agregado, y una vez agotado el procedimiento de recuperación de las retenciones de Impuesto al Valor Agregado, el contribuyente no necesita autorización por parte de la Administración Tributaria para compensar, pues opera de pleno derecho; en virtud de la reconocida primacía que tiene el Código Orgánico Tributario como ley marco del sistema tributario frente a las demás leyes que regulan la materia.
En este sentido, observa este Tribunal que la Administración Tributaria en las Resoluciones impugnadas, no emitió pronunciamiento en cuanto a la liquidez y exigibilidad de los créditos fiscales opuestos, limitándose únicamente a declarar improcedente la compensación, en virtud de considerar que la compensación de los excedentes de retenciones de Impuesto al Valor Agregado no descontados, sin la decisión favorable de la Administración Tributaria opuesta en compensación por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA C.A., es improcedente, toda vez que sólo podrá ser realizada la compensación de estos excedentes previa solicitud a la Administración del procedimiento de recuperación de los excedentes acumulados y no descontados de las retenciones de el Impuesto al Valor Agregado, y que una vez obtenida la autorización de la Administración Tributaria de dichos excedentes, el contribuyente solicitará la compensación y será autorizada por la Administración Tributaria.
(…). De allí pues, que este sentenciador toma como suyo el criterio emanado del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Asunto: AP41-U-2006-000713, Sentencia bajo el Nº 005/2008 de fecha 18 de enero de 2008, caso: OTERCA MAQUINARIAS, C.A., al señalar lo que se transcribe de seguidas:
(…) teniendo en cuenta que el procedimiento de Recuperaciones de Retenciones de Impuesto al Valor Agregado soportadas y no descontadas, es un procedimiento iniciado a instancia de parte, lo precedente será entender a tenor del artículo 49 del Código Orgánico Tributario vigente, en sintonía con la Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056, (sic) prevé que, las Divisiones de Recaudación de las Gerencias Regionales de Tributos Internos del domicilio del contribuyente, pueden verificar oportunamente, en la cuenta corriente electrónica o cuenta corriente tributaria asignada a los contribuyentes especiales inscrito (sic) en el Portal Fiscal del (SENIAT), en la Página Web htt://www.seniat.gov.ve, el saldo de los créditos fiscales con el objeto de solicitar posteriormente, la compensación para extinguir deudas tributarias .
(…). De manera pues, que la Administración Tributaria no cumplió con lo previsto en la Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056 de fecha 27 de enero de 2005, al no verificar en cuanto a la liquidez y exigibilidad de los créditos fiscales opuestos, y sin tener ningún interés en comprobar o consultar en la cuenta corriente la determinación del saldo en dicha cuenta tributaria del contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., y así resolver para poder recuperar su ‘crédito fiscal’ y posteriormente, oponer la compensación que opera de pleno derecho; en virtud de la reconocida primacía que tiene el artículo 49 del Código Orgánico Tributario como ley marco del sistema tributario frente a las demás leyes que regulan la materia, quedando la deuda extinguida conforme a las especificaciones en el Portal htt: (sic) //www.seniat.gov.ve, en aras de una eficiente actividad administrativa y racional como medio de extinción de obligaciones, y el interés por resolver por parte de la Administración Tributaria, para poder cobrar su crédito, pues de lo contrario el paso del tiempo sin la decisión administrativa, perjudicaría al contribuyente que necesariamente haya agotado el procedimiento de recuperación de créditos tributarios, pudiendo llegar a consumarse la prescripción.
(…). En consecuencia, (…) quien suscribe este fallo declara con fundamento en lo establecido en el artículo 259 de nuestro Texto Fundamental y numeral 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, perfectamente aplicables al proceso tributario, la nulidad de las Providencias Nº GRTI/RG/DR/2006/41, GRTI/RG/DR/2006/42, GRTI/RG/DR/2006/43 y GRTI/RG/DR/2006/44, todas de fecha 08 de Noviembre de 2.006, (…). Así se declara.
(…). DISPOSITIVA
En virtud de de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana (…) declara CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por (…) MANGUERAS GUAYANA, C.A. (…).
No hay condenatoria en costas de conformidad con el Parágrafo Único del artículo 327 del Código Orgánico Tributario, por cuanto el Fisco Nacional tuvo motivos racionales para litigar.”.
III
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN FISCAL
En el escrito contentivo de las razones de hecho y de derecho en que funda su apelación, la apoderada judicial del Fisco Nacional comienza por denunciar que la sentencia dictada por el Tribunal a quo incurre en falso supuesto de derecho por falta de aplicación de la norma prevista en el artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario, al considerar que en el caso bajo examen no resultaba necesario el pronunciamiento previo de la Administración Tributaria respecto de la verificación de la existencia, liquidez y exigibilidad del crédito opuesto en compensación; para sustentar tal afirmación, cita diversos fallos emanados de esta Sala Político-Administrativa que así lo han decidido.
Aunado a lo anterior, expone que la Administración Tributaria actuó ajustada a derecho y si constató en la Providencia N° GRTI/DR/2006/43 del 08 de noviembre de 2006, que “(…) ‘En principio, los créditos fiscales invocados por el contribuyente presuntamente corresponden a EXCEDENTES DE RETENCIONES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SOPORTADAS Y NO DESCONTADAS…’ (…)”.
Continúa señalando, que para que proceda la extinción de la obligación tributaria, vía compensación, resulta obligatorio el cumplimiento de los extremos previstos en los artículos 49 y 51 del vigente Código Orgánico Tributario, en concordancia con lo señalado en el artículo 1.331 del Código Civil, vale decir, que se verifiquen los requisitos de simultaneidad, homogeneidad, liquidez, exigibilidad y reciprocidad, debiendo mediar asimismo el debido pronunciamiento de la Administración Tributaria respecto de dicha verificación.
Ahora bien, respecto de los créditos opuestos en compensación por la contribuyente derivados de los excedentes de retenciones de impuesto al valor agregado, alega que en el caso de autos y según lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por ser éste un impuesto indirecto de tipo plurifásico no acumulativo, el crédito fiscal que se genera en la cadena traslativa del mismo (créditos fiscales menos débitos fiscales) sólo ostenta el carácter de elemento técnico necesario para la determinación tributaria, no teniendo en consecuencia, la misma naturaleza de los créditos oponibles a la República por concepto de tributos y accesorios, ni por ningún otro distinto del previsto en la ley.
Explica, que la función del mencionado elemento técnico es “servir de mecanismo para deducir los referidos créditos de los débitos fiscales, a objeto de obtener la respectiva cuota tributaria, en cada caso concreto; cuota esta que no es mas que el resultado de sustraer de los débitos fiscales (impuesto cobrado) el monto de los créditos fiscales (impuesto pagado), por lo que la obligación de pago que surge en caso de que el débito sea mayor al crédito, es una obligación por deuda ajena, por lo cobrado a un tercero y que debe ser enterado al erario público.”. Destacado de la Sala.
Cónsono con lo anterior, alega que “las personas intervinientes en la compensación han de actuar por derecho propio como acreedores y deudores, es decir, deben ostentar los derechos y obligaciones de que se trate como pertenecientes a ellos mismos, sin que baste el mero ejercicio ni la representación del acreedor o deudor en cualquiera de las obligaciones. En este sentido, parece lógico pensar que la extinción de un crédito por compensación supone de alguna manera un acto de disposición y, por tanto, sólo podrá realizarlo el acreedor, lo que implica que cada uno de los acreedores únicamente podrá (sic) compensar aquellos créditos que tenga (sic) con el otro, pero no los que tengan con terceros. (…).”
En este contexto, señala que “Si el resultado de esa operación redunda en créditos, es decir, si los créditos fiscales superan los débitos fiscales, el contribuyente ostenta el derecho de traspasar los mismos al ejercicio subsiguiente para seguir recuperándolos. Si por el contrario, los débitos fiscales superan los créditos fiscales significa que ya el contribuyente recuperó los impuestos que hasta el momento había soportado y la famosa cuota de impuesto no es más que débitos fiscales provenientes en razón de la percepción de los mismos de un tercero (contribuyente de derecho o contribuyente de hecho) y por tal razón incompensables por adolecer del requisito primordial para que proceda la compensación: la reciprocidad.”.
Por otra parte, destaca que aun cuando el artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario prohíbe la compensación de los impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevén las figuras de los débitos y créditos fiscales, deja abierta la posibilidad para que una disposición legal en contrario, así lo establezca; circunstancia esta que vincula con la promulgación por parte del legislador tributario de la reforma de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, publicada en Gaceta Oficial N° 37.999 del 11 de agosto de 2004, la cual en el parágrafo tercero de su artículo 11, estableció el derecho de los contribuyentes a recuperar los excedentes de retenciones de dicho impuesto que hubieren sido soportadas y no descontadas, previa decisión administrativa favorable que así lo declare.
En concordancia con lo expuesto, aduce que dicho mandato de recuperación se cristalizó mediante la emisión de la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056 del 27 de enero de 2005, conforme a la cual se fijó en sus artículos 9, 10 y 11, el procedimiento a seguir a los efectos de las referidas recuperaciones de los excedentes de impuesto retenido que no hubieren sido descontados por el contribuyente, o bien el traspaso de éstos a los períodos de imposición sucesivos, hasta su descuento total. Asimismo, destaca que dicha providencia estableció la posibilidad de que si trascurridos tres (03) períodos de imposición, aun subsistiese algún excedente sin descontar, el contribuyente puede optar por solicitar la recuperación total o parcial del saldo acumulado, siempre y cuando lo hubiere peticionado a la Administración Tributaria y ésta hubiere emitido su pronunciamiento favorable.
Seguidamente, indica que la sentencia recurrida incurre además en falso supuesto de hecho al considerar que la Administración Tributaria incumplió con su obligación de verificar la liquidez y exigibilidad de los créditos fiscales opuestos en compensación, pues en dicho caso no podía ésta emitir pronunciamiento alguno en torno a la referida compensación, habida cuenta que la contribuyente “utilizó información sobre créditos provenientes de retenciones del Impuesto al Valor Agregado contenidas en las declaraciones correspondientes a los períodos comprendidos desde enero de 2003 hasta junio de 2005, lo que indica que existe una información equivalente a doce (12) períodos que no están soportadas; por otro lado, la presentación de las declaraciones no son prueba suficiente de la existencia de un crédito fiscal líquido a favor de la contribuyente, por cuanto necesariamente debe ir acompañada de otro medio de prueba, donde se constate a través de la revisión minuciosa de los soportes contables y un informe técnico, que en realidad la información contenida en las mismas, están (sic) sujetas a derecho.”.
Por último, alega que al declararse la procedencia de la compensación en el presente caso, el a quo incurrió en contravención a la jurisprudencia sentada en torno a la figura de la compensación en materia de impuestos indirectos, citando a tales efectos las sentencias Nos. 0559 dictada por esta Sala Político-Administrativa en fecha 03 de abril de 2001, en el caso Editora El Nacional, C.A. y 1397 dictada por la Sala Constitucional de este Máximo tribunal en fecha 21 de noviembre de 2000, caso: Heberto Contreras Cuenca.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Vistos los términos en que fue dictado el fallo recurrido, así como las alegaciones hechas valer en su contra por la apelante en representación del Fisco Nacional, observa esta Sala que la controversia planteada en el caso sub examine se contrae a decidir en torno al vicio de falso supuesto de hecho y de derecho en el que presuntamente incurre el pronunciamiento impugnado al declarar procedente la compensación opuesta por la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A., sin que mediase la opinión favorable de la Administración Tributaria respecto de la recuperación de los excedentes de retenciones del impuesto al valor agregado soportadas y no descontadas, y por consiguiente, no cumpliéndose a decir de la apelante, los extremos de procedencia de la compensación dispuestos en el artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario.
Planteada así la litis, pasa esta alzada a decidir de conformidad con la siguiente motivación:
En el caso bajo examen, pudo constatar este Alto Tribunal que la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A., calificada como contribuyente especial por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), solicitó mediante escritos fechados el 25 de octubre, 21 y 27 de diciembre de 2005; 23 y 26 de enero, 16 de febrero y 29 de junio de 2006, ante la Administración Tributaria, Región Guayana, “el reintegro o la devolución del excedente del IVA retenidos a sus clientes (sic), el cual hasta el 30-6-05 ascendía a la suma de Trescientos Setenta y Siete Millones Ciento y (sic) Treinta y Siete Mil Setecientos Diecisiete Bolívares (Bs. 377.137.717,00); pidiendo a su vez, que el monto por concepto de reintegro, fuere compensado por una parte con los montos debidos por concepto de las porciones números 4/6, 5/6 y 6/6 de la Declaración Estimada del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de abril de 2.005 al 31 de Marzo (sic) de 2.006, las cuales alcanzaban la suma de Bs. 89.910.134,00 y la diferencia, es decir, la cantidad de Doscientos Ochenta y Siete Millones Doscientos Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Tres Bolívares (Bs. 287.227.583,00), se compensara (sic) con la declaración definitiva del Impuesto Sobre la Renta del mismo período.”.
En respuestas a tales solicitudes, la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del SENIAT, emitió en fecha 08 de noviembre de 2006 las Providencias Administrativas Nos. GRTI/RG/DR/2006/41, GRTI/RG/DR/2006/42, GRTI/RG/DR/2006/43 y GRTI/RG/DR/2006/44, conforme a las cuales declaró improcedentes las compensaciones opuestas por la contribuyente, bajo los argumentos siguientes:
“(…). En principio, los créditos fiscales invocados por la contribuyente presuntamente corresponden a EXCEDENTES DE RETENCIONES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SOPORTADAS Y NO DESCONTADAS. Tal alegato impele a esta División de Recaudación (…) a realizar algunas precisiones en torno a la figura de la compensación como medio de extinción de las obligaciones tributarias, que se encuentra consagrada en la norma prevista en el Código Orgánico Tributario vigente, siendo necesario revisar el artículo 49 de dicha norma (sic):
(…). En tal sentido, el artículo 1.331 del Código Civil, contempla la figura de la compensación, la cual supone la existencia de dos personas recíprocamente deudoras, que se adeudan (sic) cosas similares o de la misma especie, de modo que puedan sustituirse las unas a las otras. A tal efecto, las condiciones que necesariamente deben concurrir para que se perfeccione la compensación son las siguientes:
Simultaneidad, (…);
Homogeneidad, (…);
Liquidez, (…);
Exigibilidad, (…) y,
Reciprocidad, (…).
En el caso que nos ocupa, la obligación tributaria que se adeuda sólo puede compensarse cumpliendo los requisitos supra señalados. Ahora bien, circunscribiéndonos al ámbito tributario, tenemos en principio, que el contribuyente invoca su derecho de valerse de la compensación, sin embargo, subsiste el derecho de la Administración Tributaria de constatar que se hayan cumplidos los extremos legales en la compensación que hace el sujeto pasivo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 49 y 51 del Código Orgánico Tributario, para que opere este mecanismo de extinción de la obligación tributaria.
A los efectos de análisis (sic) de los extremos legales que debe verificar la Administración Tributaria, es oportuno citar lo que señala el artículo 31 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, acerca de la constatación de la procedencia de la compensación en el caso de impuestos indirectos:
(…). … el contribuyente en el momento de determinar el impuesto al valor agregado, necesariamente debe efectuar una operación de resta, es decir, ‘créditos fiscales’ menos ‘débitos fiscales’. Si el resultado de esa operación redunda en créditos, es decir si los ‘créditos fiscales’ superan los ‘débitos fiscales’, el contribuyente ostenta el derecho de traspasar los mismos al ejercicio subsiguiente para seguir recuperándolos. Si por el contrario, lo ‘débitos fiscales’ superan los ‘créditos fiscales’ significa que ya el contribuyente recuperó los impuestos que hasta ese momento había soportado y la famosa ‘cuota del impuesto’ no es más que ‘débitos fiscales’ provenientes en razón de la percepción de los mismos de un tercero (contribuyente de derecho o contribuyente de hecho) y por tal razón incompensables por adolecer del requisito primordial para que proceda la compensación: la reciprocidad.
En este sentido, y en concordancia con lo previsto en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario vigente, el legislador estableció de manera clara y precisa, una prohibición expresa de compensar este tipo de tributos, por cuanto el contribuyente de jure en tal supuesto, no tiene contra el Fisco Nacional un crédito a su favor, ni una deuda propia, las obligaciones deben coexistir entre las mismas personas, verificándose entre ellas, cuando las dos personas son acreedoras o deudoras una de otra por derecho propio, significaría que los ‘CRÉDITOS’ de Impuesto al Valor Agregado, son deudas de otros contribuyentes a quienes MANGUERAS GUAYANA, C.A.; tenía la obligación de cobrar el impuesto y de allí proceder a descontar el créditos fiscal soportado.
Ahora bien, a la luz de la normativa aplicable al presente caso, se presenta el hecho, que aún cuando el parágrafo único del artículo 40 del Código Orgánico Tributario vigente, señala en principio que no será oponible la compensación en los impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea las figuras de los denominados débitos y créditos fiscales, también deja abierta la posibilidad a que tal hecho se consume salvo expresa disposición legal en contrario.
En consecuencia, es oportuno señalar la reforma de la Ley de Impuesto al Valor Agregado Publicada en Gaceta Oficial 37.999 del 11/08/2004, específicamente el párrafo tercero del artículo 11, así como la Providencia referida en el mismo, en relación al crédito fiscal invocado por la contribuyente en la compensación, en este caso los excedentes de retenciones del Impuesto al Valor Agregado soportados y no descontados, sin la decisión administrativa favorable que establezca la recuperación, el cual dispone:
(…). De acuerdo al tercer párrafo del artículo 11 antes trascrito, se desprende que los contribuyentes podrán recuperar los excedentes descritos en los términos y condiciones que establezca la Providencia, infiriendo que en la redacción del artículo no está autorizada la compensación de éste (sic) tributo, sino previa recuperación por parte del contribuyente y si la decisión administrativa fuera favorable. Sólo en caso de obtener la respuesta de la administración favorable de la recuperación de los excedentes de retenciones del impuesto al valor agregado, la contribuyente solicitará la compensación de éstos créditos con las deudas tributarias que el (sic) requiera.
Este mandato de recuperación se cristalizó a través de la Providencia Administrativa mediante la cual se designan a los Contribuyentes Especiales como Agentes de Retención del Impuesto al Valor Agregado N° SNAT/2002/1455 de fecha 29/11/2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.585 de fecha 05/12/2002, la cual en su articulado se establece (sic) que el excedente de impuesto retenido que no hubiere podido ser descontado por el contribuyente, puede ser traspasado al período de imposición siguiente o a los sucesivos, hasta su descuento total; si transcurridos tres (03) períodos de imposición, aún subsiste algún excedente sin descontar, el contribuyente podrá optar por solicitar la recuperación total o parcial del saldo acumulado, siendo recuperables las cantidades que hayan sido debidamente declaradas y enteradas por los agentes de retención y se encuentren reflejadas en el estado de cuenta del contribuyente; siempre y cuando dicha recuperación sea solicitada por aquel(sic) ante la Administración Tributaria Nacional.
Todo lo anteriormente expuesto sólo es posible previo cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de recuperación que el Código Orgánico Tributario contempla en el artículo 200 y siguientes; allí se dispone que el mismo debe ser iniciado por el contribuyente interesado mediante escrito que deberá dirigir al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), identificando el interesado o la persona que actúe como su representante, la dirección donde se efectuaran las notificaciones, el objeto de la solicitud, anexos y cualesquiera (sic) otra circunstancia o requisito que exijan las normas especiales tributarias.
Una vez recibida la solicitud, la Administración Tributaria procederá a comprobar los supuestos de procedencia de la recuperación solicitada, previa verificación fundamentada en la documentación contenida en el expediente que a tal efecto levante la Administración, de los datos indicados en la misma, registros de sus sistemas, información aportada por terceros resultantes de cruces con proveedores o receptores de bienes o servicios, a fin de constatar la veracidad de las informaciones y recaudos consignados por el contribuyente y así declarar procedente o improcedente las cantidades objeto de recuperación. De igual modo la Administración podrá incluir dentro de la misma decisión el rechazo de los créditos fiscales objeto de recuperación; pudiendo ser entregadas a través de certificados especiales, físicos o electrónicos, destacando que en aquellos casos en los cuales se hubieren otorgado las cantidades objeto de recuperación y la Administración Tributaria determinase con posterioridad su improcedencia, se procederá a solicitar de manera inmediata la restitución de las cantidades indebidamente pagadas con inclusión de los intereses que se hubieren generado desde su indebido otorgamiento hasta su restitución definitiva, los cuales serán equivalentes a 1,3 veces la tasa activa promedio de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos; o bien podrá optar por deducir las cantidades indebidamente acordadas de las siguientes solicitudes presentadas por el contribuyente o ejecutar las garantías que se hubieren otorgado.
En conclusión, la compensación de los excedentes de retenciones del impuesto al valor agregado no descontados, sin la decisión favorable de la Administración Tributaria opuesta en compensación por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., es improcedente, toda vez que sólo podrá ser realizada la compensación de estos excedentes previa solicitud a la administración de la recuperación y la administración decida favorablemente de la misma, una vez obtenida ésta, la contribuyente solicitará la compensación.
Por todos los razonamientos expuestos, se desprende que tanto el crédito fiscal alegado como la deuda que opuso en compensación la contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., resultan improcedentes para oponer este mecanismo de extinción de la obligación tributaria como la compensación, visto que no cumplen los requisitos de operatividad de la compensación de acuerdo a lo contemplado en los artículos 49 y 51 del Código Orgánico Tributario, en consecuencia esta División de Recaudación adscrita a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana, en uso de las en uso (sic) de sus facultades legales,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la compensación de créditos fiscales (…) opuesta (…) por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., (…)”.
De la anterior motivación, advierte esta Sala que si bien la Administración Tributaria comenzó su análisis destacando la imposibilidad de compensar los créditos derivados del impuesto al valor agregado por ser éste de tipo indirecto y en cuya estructura técnica se prevén los denominados “débitos y créditos fiscales”, luego reconoció, que la Ley de Impuesto al Valor Agregado de 2004, en concordancia con la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, contemplan una excepción a la prohibición de compensar este tipo de tributos establecida en el artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario, pero que, no obstante ello, en el caso bajo examen, resultaba improcedente la compensación opuesta por el contribuyente, por cuanto no había mediado el respectivo pronunciamiento favorable de esa Administración Tributaria en torno a la recuperación solicitada.
En este contexto y a los efectos de una clara inteligencia del asunto en controversia, estima pertinente destacar este Supremo Tribunal que efectivamente, por expresa disposición del parágrafo único del artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario, la compensación no opera en materia de impuestos indirectos en cuya estructura técnica se prevean las figuras de los denominados “débitos y créditos fiscales”; siendo de esta forma como lo interpretó, tanto la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional en el fallo N° 1.397 del 21 de noviembre de 2000, caso: Heberto Contreras Cuenca, como la emanada de esta Sala Político-Administrativa en la sentencia N° 0559 dictada el 03 de abril de 2001, en el caso: Editora El Nacional, C.A., esta última al conocer del supuesto específico de la compensación en materia de impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor (actual impuesto al valor agregado). En efecto, en los referidos fallos se estableció lo siguiente:
“(…)…el impuesto al valor agregado, además de ser clasificado como impuesto indirecto, real, objetivo e instantáneo, posee la característica de ser un tributo de naturaleza plurifásica no acumulativa, esto es, que grava todas las ventas y prestaciones de servicios efectuadas en todas y cada una de las etapas del proceso de producción y distribución, sin que el monto del tributo pagado por los sujetos pasivos del impuesto incida sobre el costo del producto.
En tal sentido, el impuesto soportado en cada estadio o fase del proceso, admite una deducción financiera o real del impuesto pagado en estadios o fases anteriores del proceso de producción y comercialización resultando en consecuencia la cuota tributaria, entendida ésta como la diferencia existente para el mismo período, entre crédito y débito fiscal, es decir, entre el monto soportado y el monto retenido, tal y como se señalara anteriormente.
Dicha cuota tributaria, comporta el efectivo importe dinerario otorgado al Fisco Nacional, por el cumplimiento de los hechos imponibles previstos en la Ley, la cual está derivada de una simple operación aritmética que puede dar como resultado una cantidad positiva o negativa, es decir, cuando el sujeto pasivo tenga en su haber más créditos fiscales que débitos fiscales dicho resultado será negativo, en consecuencia, el sujeto pasivo podrá trasladar a los períodos fiscales inmediatos el importe no compensado. Por el contrario, en el segundo supuesto, cuando dicho sujeto pasivo tenga más débitos fiscales que créditos fiscales, el producto de esa compensación constituirá el pago efectivo y definitivo por el período fiscal transcurrido al Fisco Nacional.
(…). Ahora bien, observa esta Sala Constitucional que el hecho de que la Ley de Impuesto al Valor Agregado, no considere como sujetos pasivos de dicho tributo al consumidor final, no implica que el mismo, por la propia naturaleza del impuesto no esté obligado a soportarlo, pues en el caso de autos se trata -como se puntualizó anteriormente- de un impuesto indirecto, en el cual, el consumidor final (contribuyente de facto), sea persona natural o jurídica, es quien soporta verdaderamente la carga impositiva producto de la traslación indirecta del importe correspondiente por parte de los contribuyentes del respectivo impuesto, sean estos últimos ordinarios, ocasionales o responsables.
(…). Ahora bien, observa esta Sala Constitucional, que el impuesto al valor agregado formalmente grava a los vendedores y prestadores de servicios, pero materialmente, se dirige a los consumidores o adquirentes de tales bienes o servicios, en virtud de lo cual estos últimos tienen la obligación de soportar la carga impositiva derivada de cada operación.”. Sentencia N° 1.397 dictada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo en fecha 21 de noviembre de 2000, caso: Heberto Contreras Cuenca.

“En tal virtud, el crédito fiscal dentro de la estructura del impuesto indirecto, plurifásico no acumulativo, actúa como deducción o sustracción de los débitos fiscales a los que la propia Ley se refiere.
(…). En este sentido, cuando la sentencia recurrida argumenta, ‘que el parágrafo primero del artículo 46 del Código Orgánico Tributario debe ser objeto de una interpretación restrictiva, habida cuenta que el legislador dijo más de lo que quería, la compensación que no es oponible es la que surge del propio impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor que prevé en su estructura y traslación la figura del denominado ‘crédito fiscal’’ (subrayado de esta Sala), incurre en una errónea interpretación del dispositivo normativo en estudio, ya que tal como se estableció anteriormente, la compensación que se produce dentro de la estructura del impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, es una determinación de la cuota tributaria, por lo que mal podría compensarse el excedente -sea este crédito o débito fiscal- con cualquier otro tributo, dada la imposibilidad material y jurídica de la misma.
(…) En este orden de ideas, cuando de la determinación de la cuota tributaria resulte un crédito fiscal, el contribuyente estará habilitado para trasladar dicho excedente al período de imposición siguiente; por el contrario, cuando de la determinación surja un débito fiscal, el contribuyente tendrá la obligación de enterar dicho importe dinerario al Fisco Nacional, sin la posibilidad de resarcirse ni de oponer la compensación del excedente resultante, sea débito o sea crédito, con tributo alguno, todo de conformidad con el Parágrafo Primero del artículo 46 del Código Orgánico Tributario y con las normas previstas en los artículos 30 y 36 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor aplicable ratione temporis.
Lo anterior es así, debido a que la norma prevista en el artículo 46 del Código Orgánico Tributario, no distingue entre un crédito fiscal como elemento técnico necesario para la determinación del impuesto o como un crédito tributario a favor del contribuyente, sino por el contrario sujeta la imposibilidad de la compensación, en tanto y en cuanto, el impuesto indirecto prevea en su estructura y traslación la figura del denominado crédito fiscal, como es el caso de autos. Resaltado del presente fallo. Sentencia N° 0559, dictada por esta Sala Político-Administrativa en fecha 03 de abril de 2001, caso: Editora El Nacional, C.A.
Ahora bien, a tenor de lo dispuesto en el mencionado parágrafo único del artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario, redactado en términos similares a los establecidos en el artículo 46 del Código Orgánico Tributario de 1994, se observa que esta prohibición de compensar no resulta absoluta, pues si bien la indicada norma señala que “(…). La compensación no será oponible en los impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea las figuras de los denominados débito y crédito fiscal, (…)”, permite que “salvo expresa disposición legal en contrario” se establezca una regulación que consienta la compensación de tales impuestos indirectos.
En este sentido, debe destacarse que tal supuesto de excepción se verificó, como bien indica la Administración Tributaria en los actos impugnados y la propia representante judicial del Fisco Nacional en su apelación, con la reforma que en el año 2004 hiciera el legislador tributario a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (Gaceta Oficial N° 37.999 del 11 de agosto de 2004), al establecer en el tercer aparte de su artículo 11, lo que a continuación se transcribe:
Artículo 11: La Administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto, en calidad de agentes de retención, a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta Ley.
Asimismo, la Administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto que deba devengarse en las ventas posteriores, en calidad de agentes de percepción, a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta Ley. A tal fin, la Administración Tributaria podrá designar como agentes de percepción a sus oficinas aduaneras.
Los contribuyentes ordinarios podrán recuperar ante la Administración Tributaria, los excedentes de retenciones que correspondan, en los términos y condiciones que establezca la respectiva Providencia. Si la decisión administrativa resulta favorable, la Administración Tributaria autorizará la compensación o cesión de los excedentes. La compensación procederá contra cualquier tributo nacional, incluso contra la cuota tributaria determinada conforme a lo establecido en esta Ley.”. (Resaltado de esta Sala).
De esta forma, para regular el trámite relativo a las retenciones del impuesto al valor agregado que habrían de practicar los denominados contribuyentes especiales de dicho tributo, así como las recuperaciones de los excedentes de retenciones soportadas por los contribuyentes ordinarios del referido tipo impositivo, el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, dictó en fecha 27 de enero de 2005 la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056 (Gaceta Oficial N° 38.136 del 28 de febrero de 2005), la cual en sus artículos 9, 10 y 11 estableció el procedimiento tendente a obtener la recuperación de las retenciones acumuladas de dicho impuesto. Así, las indicadas regulaciones resultan del siguiente tenor:
“Artículo 9: En los casos en que el impuesto retenido sea superior a la cuota tributaria del período de imposición respectivo, el excedente no descontado puede ser traspasado al período de imposición siguiente o a los sucesivos, hasta su descuento total. Si transcurridos tres (3) períodos de imposición aún subsiste algún excedente sin descontar, el contribuyente puede optar por solicitar la recuperación total o parcial del saldo acumulado.
Sólo serán recuperables las cantidades que hayan sido debidamente declaradas y enteradas por los agentes de retención y se reflejen en el estado de cuenta del contribuyente, previa compensación de oficio conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario.
Artículo 10: La recuperación deberá solicitarse ante la División de Recaudación de (sic) Gerencia Regional de Tributos Internos, de su domicilio fiscal y sólo podrá ser presentada una (1) solicitud mensual.
Aquellos contribuyentes que efectúen solicitudes que contemplen saldos acumulados correspondientes a períodos de imposición anteriores a la entrada en vigencia de la presente Providencia Administrativa, no podrán introducir nuevas solicitudes hasta tanto la Administración Tributaria no se haya pronunciado sobre la misma.
Los contribuyentes deberán acompañar los documentos que acrediten su representación; igualmente, podrá solicitarse que acompañe (sic) las declaraciones correspondientes a los períodos que reflejan tal acumulación de retenciones.
En la misma solicitud el proveedor deberá indicar, para el caso que la misma resulte favorable, su decisión de compensar o ceder, identificando tributos, montos y cesionario; y el tributo sobre el cual el cesionario efectuará la imputación respectiva.
La compensación del agente de retención o su cesionario se aplicará siguiendo el orden establecido en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario.
El Jefe de División de Recaudación correspondiente, deberá decidir la solicitud con la totalidad de los recaudos exigidos dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción definitiva de la solicitud. Las recuperaciones acordadas no menoscaban las facultades de verificación y fiscalización de la Administración Tributaria.
En los casos de solicitudes que comprendan saldos acumulados de períodos anteriores a la entrada en vigencia de la presente Providencia, la Administración Tributaria deberá pronunciarse en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción definitiva de la solicitud.
Parágrafo Primero: En caso de falta de pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria dentro de los plazos establecidos en el presente artículo, se entenderá que el órgano tributario ha resuelto negativamente, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Parágrafo Segundo: A los fines de la recuperación de los saldos acumulados, los contribuyentes o sus cesionarios deberán, por una sola vez, inscribirse en el Portal http://www.seniat.gov.ve conforme a las especificaciones establecidas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
No serán oponibles a la República las compensaciones y cesiones que se hubieren efectuado en contravención al procedimiento dispuesto en esta Providencia.
Artículo 11: En los casos en que la División de Recaudación, al decidir la recuperación solicitada por el contribuyente, detecte diferencias de impuesto autoliquidadas por los sujetos pasivos, procederá a ejecutar lo establecido en los artículos 172 al 175 del Código Orgánico Tributario y efectuará los requerimientos de información que considere pertinentes para la resolución de dicha solicitud.
Esta facultad no menoscaba la aplicación del procedimiento de fiscalización y determinación atribuido a la Administración Tributaria.”. Resaltados de esta Sala.
En el contexto debatido, observa esta alzada que con motivo de la evolución y propia dinámica del impuesto al valor agregado y la puesta en escena dentro del ordenamiento jurídico tributario nacional de las figuras de los agentes de retención y de percepción a los efectos de la eficaz y pronta recaudación de dicho impuesto, el legislador tributario reguló la excepción prevista en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario, a la prohibición de compensar este tipo de tributos, permitiendo de esta manera la procedencia del indicado medio de extinción de la obligación tributaria ya con cualquier tipo impositivo, e inclusive con la cuota tributaria que se genera en la determinación del mencionado impuesto al valor agregado; derivado de lo cual estima esta alzada que los referidos créditos provenientes de dichos excedentes de retenciones se constituyen en verdaderos “créditos tributarios” oponibles al Fisco Nacional, con la salvedad de que medie necesariamente un pronunciamiento de la Administración Tributaria que así los reconozca.
Formuladas las anteriores apreciaciones, advierte esta Máxima Instancia que en el caso de autos, la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A., actuando de conformidad con las previsiones establecidas en la mencionada Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, solicitó ante la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del SENIAT, la recuperación del excedente de retenciones de impuesto al valor agregado soportadas por ésta durante los períodos de imposición que van de enero de 2003 a junio 2005, por la suma de Bs. 377.137.717,00, indicando además, en sus solicitudes que el monto acordado por este concepto sería compensado contra los créditos correspondientes a las declaraciones estimadas y definitiva de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal comprendido entre abril de 2005 y marzo de 2006, por la cantidad de Bs. 218.422.049,00.
Tales retenciones, debe acotarse, fueron soportadas por la mencionada empresa en su condición de contribuyente ordinario del referido impuesto al valor agregado, pues pese a haberse advertido que ésta en su escrito de recurso contencioso tributario sostuvo que las mismas eran provenientes del “IVA retenido a sus clientes” (lo que podría llevar a la confusión que fue actuando en su condición de contribuyente especial designado como agente de retención), de los elementos probatorios consignados por dicha empresa, dentro de los cuales destacan las copias de sus declaraciones de impuesto al valor agregado y de impuesto sobre la renta, así como copias de las solicitudes de recuperación presentadas ante la Administración Tributaria, se colige que se trata de los montos que por concepto de tributo le fueron retenidos a la referida contribuyente con ocasión del ejercicio por parte de ésta de operaciones gravadas con el señalado impuesto al valor agregado.
Ahora bien, a juicio de esta Máxima Instancia el asunto determinante en el presente caso lo constituye el hecho conforme al cual, no obstante haber peticionado la contribuyente la recuperación de su excedente de retenciones conforme a lo dispuesto en el procedimiento previsto en la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056, no obtuvo la respuesta de la Administración Tributaria acerca de dicha recuperación, procediendo en consecuencia y bajo el argumento de operatividad de pleno derecho de la compensación, a acreditar el monto constitutivo del referido excedente de retenciones, contra las cantidades debidas en concepto de impuesto sobre la renta y así, extinguir la referida obligación tributaria.
En este mismo sentido, advierte la Sala por una parte, que la Administración Tributaria rechazó la posibilidad de compensar el aludido excedente de retenciones contra las deudas del contribuyente en concepto de impuesto sobre la renta, pues a su juicio para ser opuestos dichos créditos en compensación resultaba necesario que esa Administración emitiese su opinión favorable en torno a la recuperación planteada, mientras que el sentenciador de instancia en su fallo consideró procedente dicha compensación al juzgar que la contribuyente “cumplió reiteradamente, con el procedimiento de recuperación de excedentes de retenciones del Impuesto al Valor Agregado previsto en la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, (…)”; “debiendo proceder obligatoriamente la Administración Tributaria a verificar la existencia, liquidez y exigibilidad del crédito fiscal”.
Así las cosas, esta Sala disiente de la opinión dada por el a quo, en el sentido de considerar que la contribuyente sí dio cumplimiento al procedimiento de recuperación de excedentes de impuesto al valor agregado previsto en los ya citados artículos 9, 10 y 11 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056, pues aun cuando se evidencia de autos que ésta presentó sus solicitudes de recuperación por escrito ante la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del SENIAT, indicando los montos a recuperar, los períodos fiscales en los que se practicaron las retenciones, el destino que se le darían a los montos recuperados, entre otros requisitos, según lo dispuesto en dicha normativa, tal circunstancia no puede llevar a considerar que dicho procedimiento se satisfizo hasta su fin último, este es, el reconocimiento por parte del sujeto activo de los créditos fiscales reclamados por el contribuyente.
En efecto, por mandato expreso del artículo 10 del citado instrumento normativo, para considerar procedente la recuperación y por consiguiente, disponer libremente de los indicados excedentes de retenciones, resulta de inexorable cumplimiento que la Administración Tributaria emita su pronunciamiento en torno a la recuperación peticionada dentro del plazo previsto a tal fin (30 ó 90 días hábiles, según se trate), siendo que para el supuesto en que ésta no se pronuncie en el aludido plazo, se entenderá negada la indicada recuperación, a tenor de lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (parágrafo primero del artículo 10 de la providencia citada); esto al igual que sucede en el procedimiento de recuperación de tributos en general, previsto en el artículo 200 y siguientes del vigente Código Orgánico Tributario, conforme al cual “Si la Administración Tributaria no decidiere dentro del lapso indicado en el artículo anterior, se entenderá que ha resuelto negativamente, en cuyo caso el contribuyente o responsable quedará facultado para interponer el recurso contencioso tributario previsto en este Código” (artículo 207 C.O.T.).
Por consiguiente, entiende esta Sala que en el caso de autos si bien la contribuyente inició el procedimiento de recuperación de los aludidos excedentes de retenciones, de conformidad con los términos descritos en la citada providencia, al no mediar el pronunciamiento favorable de la Administración Tributaria en torno al reconocimiento de dichos créditos fiscales, los mismos no podían ser sujetos a una ulterior compensación, en virtud de haber operado respecto de ellos, el silencio administrativo negativo.
De lo anterior, juzga este Alto Tribunal que al sostener el sentenciador de instancia que la contribuyente podía disponer libremente de los montos solicitados en recuperación y oponerlos de pleno derecho en compensación, contra las deudas tributarias de ésta misma, incurrió en un error de derecho, pues confirió, en contravención a lo preceptuado en el indicado artículo 10 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056), efectos positivos al silencio administrativo, derivando así las condiciones de liquidez, exigibilidad y del mencionado crédito. Así se declara.
Ahora bien, respecto la operatividad de la compensación como medio de extinción de la obligación tributaria, no pocas han sido las discusiones que se han presentado debido a la diversidad de tratamiento que ha recibido dicha figura a lo largo de los distintos Códigos Orgánicos Tributarios promulgados por el legislador tributario; así esta Sala en su fallo N° 01178 del 01 de octubre de 2002, caso: Domínguez y Cía, sintetizó dicha regulación en los siguientes términos:
“(…). Código Orgánico Tributario de 1982:
‘(…). Artículo 46.- La administración tributaria declarará, de oficio o a petición de parte, la compensación de los créditos líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos y sus accesorios, con las deudas tributarias igualmente líquidas y exigibles, referentes a períodos no prescritos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que se trate del mismo sujeto activo.
También son compensables los créditos por tributos con los que provengan de multas firmes, en las mismas condiciones establecidas en el encabezamiento de este artículo’. (Destacado de la Sala).
Reforma del Código de 1992:
Artículo 46 ‘La compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos, así como de intereses, multas, costas procesales y cualesquiera otros accesorios, con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, comenzando por los más antiguos, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo.
El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas, costas y otros accesorios o frente a cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos, sin necesidad de que exista un pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derecho...’ (Destacado de la Sala).
Reforma del Código de 1994:
‘Artículo 46.- La compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos, así como de intereses, multas, costas procesales y cualesquiera otros accesorios, con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, comenzando por los más antiguos, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo.
El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas, costas y otros accesorios o frente a cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos. En tales casos, la Administración Tributaria deberá proceder a verificar la existencia, liquidez y exigibilidad de dicho crédito y a pronunciarse sobre la procedencia o no de la compensación opuesta.....’. (Destacado de la Sala).
De las normativas parcialmente transcritas se evidencian las sucesivas variaciones en cuanto a la operatividad de la compensación, como modo de extinción de la obligación tributaria. En ese sentido, cabe señalar que con respecto al Código Orgánico Tributario de 1982, se presentó la discusión de si era necesaria la previa autorización de la Administración Tributaria, no obstante que dicha norma así no lo expresaba, y en relación a ello, la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, (sentencia No. 544, de fecha 05 de noviembre de 1991, caso Procesadora Occidente, C.A., y No. 132, de fecha 10 de junio de 1991, caso Serinel Ingenieros Consultores), interpretó reiteradamente su procedencia, sin necesidad de aceptación o autorización alguna de parte del órgano administrativo, siempre que se tratara de la existencia recíproca de débitos y créditos igualmente líquidos y exigibles, es decir, que le dio a la compensación opuesta por los contribuyentes efecto de pleno derecho, considerando su naturaleza legal como medio extintivo de obligaciones tributarias.
En tanto que, a partir del Código en 1992, se estableció concretamente, que la compensación opuesta por los contribuyentes extingue sus obligaciones fiscales de pleno derecho, al consagrar en forma categórica tal efecto, cuando pautó que ‘El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas, costas y otros accesorios o frente a cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos, sin necesidad de que exista un pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derecho’.
Sin embargo, el 25 de mayo de 1994, cuando se produce la segunda reforma del mencionado Código, se observa en su artículo 46, que dos fueron los cambios: se eliminó en el segundo aparte de dicho artículo la frase ‘sin necesidad de que exista un pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derech’, y se sustituyó por la expresión siguiente: ‘En tales casos, la Administración Tributaria deberá proceder a verificar la existencia, liquidez y exigibilidad de dicho crédito y a pronunciarse sobre la procedencia o no de la compensación opuesta’.
En este sentido, el codificador del 94 dejó expresamente indicada, la necesaria intervención de la Administración Tributaria a fin de verificar la existencia, liquidez y exigibilidad del crédito, y de pronunciarse sobre la procedencia o no de la compensación opuesta, y así se declara; haciéndose de obligado proceder analizar el caso sub júdice con vista a dicha normativa, aplicable rationae temporis.”.
Así, se observa que la última de las posiciones asumidas por el legislador tributario hasta la reforma del Código Orgánico Tributario de 1994, fue la de considerar que a los efectos de la procedencia de dicho medio de extinción de la obligación tributaria resultaba necesario el pronunciamiento de la Administración Tributaria respecto de la verificación de las condiciones de existencia, liquidez, exigibilidad del crédito fiscal opuesto en compensación.
No obstante, el legislador tributario de 2001 concibió dicha figura en los siguientes términos:
“Artículo 49: La compensación extingue, de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente, por concepto de tributos, intereses, multas y costas procesales, con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, comenzando por las más antiguas, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo. Asimismo, se aplicará el orden de imputación establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 44 de este Código.
El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas y costas procesales, o frente a cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos, sin necesidad de un pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derecho. El contribuyente o su cesionario estarán obligados a notificar de la compensación a la oficina de la Administración Tributaria de su domicilio fiscal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido opuesta, sin que ello constituya un requisito para la procedencia de la compensación, y sin perjuicio de las facultades de fiscalización y de determinación que pueda ejercer la Administración posteriormente. La falta de notificación dentro del lapso previsto generará la sanción correspondiente en los términos establecidos en este Código.
Por su parte, la Administración podrá oponer la compensación frente al contribuyente, responsable o su cesionario, a fin de extinguir, bajo las mismas condiciones, cualesquiera créditos invocados por ellos.
(…).”. Resaltado de la Sala.
De la norma que antecede, se observa que contrariamente a lo establecido en la reforma del Código Orgánico Tributario de 1994, la compensación es oponible, sin necesidad de un pronunciamiento administrativo previo que la reconozca; no obstante, en el presente caso aun cuando el contribuyente podía oponer la misma sin necesidad del aludido pronunciamiento administrativo que reconociera su derecho a extinguir sus obligaciones tributarias bajo dicho mecanismo, ésta resulta a todas luces improcedente, pues los créditos fiscales que pretendía oponer habían sido negados tácitamente por la Administración Tributaria, no resultando éstos, como lo exige el artículo 49 del Código Orgánico Tributario de 2001, determinados, líquidos y exigibles.
En efecto, tal como se señaló anteriormente, en el referido procedimiento de recuperación de tributos la Administración Tributaria no emitió el pronunciamiento requerido, operando en consecuencia el silencio administrativo negativo, vale decir, entendiéndose negada la recuperación peticionada y no verificadas, en consecuencia, las condiciones exigidas en el precitado artículo 49 para que procediese dicho medio de extinción de la obligación tributaria, pues el crédito fiscal no podía considerarse disponible, líquido ni exigible, no siendo por consiguiente, oponible al Fisco Nacional. Derivado de lo cual, juzga esta Sala que el sentenciador de instancia incurrió no sólo en el señalado error de derecho respecto de la interpretación que debía dársele a los supuestos de procedencia descritos en el indicado artículo 49 del Código Orgánico Tributario de 2001, sino también en error de hecho al estimar que la Administración Tributaria incumplió con su obligación de verificar las condiciones fácticas del crédito opuesto por la contribuyente. Por los motivos expuestos, debe esta Sala revocar la decisión dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana en fecha 22 de julio de 2008, declarar, conforme a la motivación expuesta en el presente fallo, sin lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A. y firmes, por consiguiente, los actos administrativos recurridos. Así se declara.
Visto lo anterior, se declara con lugar la apelación interpuesta por el Fisco Nacional contra la referida decisión. Así finalmente se decide.
V
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- CON LUGAR la apelación interpuesta por el FISCO NACIONAL, contra la sentencia N° PJ0662008000048 dictada el 22 de julio de 2008, por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, la cual se REVOCA.
2.- SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad de comercio MANGUERAS GUAYANA, C.A., contra los actos contenidos en las Providencias Administrativas Nos. GRTI/RG/DR/2006/41, GRTI/RG/DR/2006/42, GRTI/RG/DR/2006/43 y GRTI/RG/DR/2006/44, dictadas el 08 de noviembre de 2006 por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), conforme a las cuales se declararon improcedentes las solicitudes de compensación opuestas por la contribuyente en virtud de las cantidades que por concepto de impuesto al valor agregado soportó durante los períodos fiscales correspondientes a los meses de enero de 2003 a junio 2005, por la suma de Bs. 377.137.717,00, contra los créditos correspondientes a sus declaraciones estimadas y definitiva de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal abril de 2005 a marzo de 2006, por la cantidad de Bs. 218.422.049,00; se impusieron multas por las sumas de Bs. 21.842.204,90, 2.997.004,50, 2.997.004,50 y 2.997.004,50 y se determinaron intereses moratorios por los montos de Bs. 13.666.606,93, 4.620.381,94, 4.129.264,48 y 3.687.771,41.
3.- FIRMES los precitados actos administrativos emitidos por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guyana del SENIAT.
Vista la declaratoria que antecede, procedería en principio la condenatoria en costas procesales de la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A.; no obstante, la Sala, actuando de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 327 del vigente Código Orgánico Tributario, la EXIME del pago de las mismas, debido a las dificultades interpretativas que comportan el procedimiento de recuperación de excedentes de retenciones del aludido impuesto al valor agregado, así como la figura de la compensación, su procedencia y operatividad, a la luz de las diversas regulaciones dadas por el legislador al referido medio de extinción de la obligación tributaria, en los distintos Códigos Orgánicos Tributarios sancionados hasta el presente.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO

Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
Ponente


HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EMIRO GARCÍA ROSAS

La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta (30) de junio del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00619.

La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN

06 julio 2010

Calendario de pagos de contribuyentes especiales y horario atencion para inscripcion RIF por final de C.I o RIF

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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.321
Caracas, viernes 04 de diciembre de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA ECONOMÍA Y FINANZAS
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO
DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA
Providencia Administrativa Nº/SNAT/2009/0117
Caracas, 04 de diciembre de 2009
199º y 150º
Providencia Administrativa:
El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, en uso de las facultades previstas en los numerales 1, 7, 9 y 33 del Artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.320, de fecha 08 de noviembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 4 y 125 del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001, en el Artículo 3 del Reglamento sobre el cumplimiento de Deberes Formales y Pagos de Tributo para Determinados Sujetos Pasivos con Similares Características, dictado mediante Decreto Nº 863 de fecha 27 de septiembre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.816 de fecha 13 de octubre de 1995 y el Artículo 60 del Reglamento de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, Decreto Nº 206 de fecha 09 de julio de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.363 de fecha 12 de julio de 1999, resulte (sic) dictar la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE EL CALENDARIO DE SUJETOS PASIVOS ESPECIALES Y AGENTES DE RETENCIÓN PARA AQUELLAS OBLIGACIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA EL AÑO 2010
Artículo 1º—Las declaraciones de los Sujetos Pasivos Especiales notificados de esa condición en forma expresa por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), relativas al Impuesto al Valor Agregado, Definitivas y Estimadas del Impuesto Sobre la Renta, Ley de Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar, así como el enteramiento de los montos retenidos por los Agentes de Retención en materia de Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, deberán ser presentadas y en su caso, efectuados los respectivos pagos, según el último dígito del número de Registro Único de Información Fiscal, en las fechas de vencimiento del calendario que para el año 2010, será el siguiente:
a) Impuesto al Valor Agregado
R.I.F. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 y 5 19 18 17 20 18 17 19 17 20 19 17 16
9 y 6 20 19 18 21 19 18 20 18 17 20 18 17
7 y 3 21 24 23 26 20 21 23 19 21 22 19 20
4 y 8 22 23 19 23 24 22 21 23 22 21 23 21
1 y 2 25 22 24 22 21 23 22 20 23 25 22 17
b) Retenciones de Impuesto al Valor Agregado
b.1. Practicadas entre los días 01 al 15, ambos inclusive de cada mes
R.I.F. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 y 5 19 18 17 20 18 17 19 17 20 19 17 16
9 y 6 20 19 18 21 19 18 20 18 17 20 18 17
7 y 3 21 24 23 26 20 21 23 19 21 22 19 20
4 y 8 22 23 19 23 24 22 21 23 22 21 23 21
1 y 2 25 22 24 22 21 23 22 20 23 25 22 17
b.2. Practicadas entre los días 16 y el último, ambos inclusive de cada mes
R.I.F. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 y 5 6 2 3 7 4 2 6 3 2 4 3 2
9 y 6 7 3 2 6 5 3 2 4 3 5 4 3
7 y 3 8 4 5 8 6 4 8 9 6 8 5 8
4 y 8 11 5 8 9 7 8 9 6 7 6 8 9
1 y 2 12 8 4 12 10 9 7 5 8 7 9 7
c) Retenciones de Impuesto sobre la Renta
R.I.F. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 y 5 6 2 3 7 4 2 6 3 2 4 3 2
9 y 6 7 3 2 6 5 3 2 4 3 5 4 3
7 y 3 8 4 5 8 6 4 8 9 6 8 5 8
4 y 8 11 5 8 9 7 8 9 6 7 6 8 9
1 y 2 12 8 4 12 10 9 7 5 8 7 9 7
d) Estimadas de Impuesto sobre la Renta (Declaración y Pago de Porciones Ejercicios Regulares e Irregulares)
R.I.F. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 y 5 11 12 10 8 14 9 13 12 8 11 12 8
9 y 6 13 9 12 14 11 10 8 11 10 13 11 9
7 y 3 15 8 11 13 12 14 9 13 14 15 10 14
4 y 8 12 11 9 12 13 11 14 9 13 14 8 13
1 y 2 14 10 18 9 10 8 15 10 9 18 9 10
e) Actividades de Juegos de Envite o Azar
R.I.F. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 al 9 8 9 9 9 7 9 9 9 9 8 3 3
f) Retenciones de Impuesto sobre la Renta para los Premios de Lotería
f.1. Practicadas entre los días 01 al 15 ambos inclusive de cada mes
R.I.F. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 y 9 18 17 16 16 18 16 16 16 16 18 16 16
f.2. Practicadas entre los días 16 y el último, ambos inclusive de cada mes
R.I.F. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 y 9 5 1 1 5 3 1 1 2 1 1 2 1
g) Autoliquidación Anual del Impuesto Sobre la Renta - Ejercicio Fiscal 01/01/2009 al 31/12/2009, deberán presentarse:
R.I.F. MARZO
0,1 y 5 31/03/2010
2, 3 y 7 05/04/2010
9 y 6 06/04/2010
4 y 8 07/04/2010
PARÁGRAFO PRIMERO.—Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Centro Occidental, Barquisimeto que conforme a lo dispuesto en el literal d), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en las fechas 14 de enero, y 14 de septiembre, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente.
PARÁGRAFO SEGUNDO.—Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Los Andes, San Cristóbal que conforme a lo dispuesto en los literales a) y b1), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en las fechas 20 de enero, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente.
PARÁGRAFO TERCERO.—Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Central, Sector Maracay, que conforme a lo dispuesto en los literales a), b2) y c), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en las fechas 05 de marzo y 19 de marzo, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente.
PARÁGRAFO CUARTO.—Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Insular, Porlamar que conforme a lo dispuesto en lo literales b2) y c), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en fecha 04 de mayo, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente.
PARÁGRAFO QUINTO.—Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Insular y en la Región Nor-Oriental, Barcelona, que conforme a lo dispuesto en los literales b2), c) y d), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en fecha 08 de septiembre, deberá presentarlas el día hábil inmediato siguiente.
PARÁGRAFO SEXTO.—Los contribuyentes notificados como especiales en la Región Zuliana, que conforme a lo dispuesto en los literales a) y b1) de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en fecha 18 de noviembre, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente.
Artículo 2º—Las declaraciones correspondientes a la Autoliquidación Anual del Impuesto sobre la Renta en los ejercicios fiscales distintos al comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009; deberán presentarse y realizar el pago de los impuestos respectivos, en las fechas de vencimiento establecidas en la normativa legal vigente.
La declaración estimada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Naturales y Jurídicas y los pagos mensuales de los anticipos, deberán realizarse en las fechas de vencimiento establecidas en la presente Providencia.
Los contribuyentes que se dediquen a realizar actividades mineras o de hidrocarburos y conexas, tales como: la refinación y el transporte, sean perceptores de regalías derivadas de dichas operaciones u obtengan enriquecimientos provenientes de la exportación de minerales, hidrocarburos o sus derivados, deberán presentar la declaración estimada de enriquecimientos, dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días continuos al cierre del ejercicio, de conformidad con el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Artículo 3º—Las declaraciones y los pagos correspondientes a los tributos no mencionados en el artículo 1º de esta Providencia, deberán ser efectuados en las fechas de vencimiento establecidas en la normativa legal vigente.
Artículo 4º—El incumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta Providencia, será sancionado de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico Tributario.
Artículo 5º—Esta Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas a los días del mes de de 2009. Años 199º de la Independencia, 150º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.321
Caracas, viernes 04 de diciembre de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA ECONOMÍA Y FINANZAS
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO
DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA
Providencia Administrativa Nº/SNAT/2009/0118
Caracas, 04 de diciembre de 2009
199º y 150º
Providencia Administrativa:
El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en uso de las facultades previstas en los numerales 1,7 y 9 del Artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.320 de fecha 08 de noviembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 41 y 125 del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001 y en los Artículos 13 y 14 de la Ley que establece el Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.698 de fecha 05 de junio de 2007, resuelve dictar la siguiente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE EL CALENDARIO DE SUJETOS PASIVOS ORDINARIOS PARA ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
A CUMPLIRSE PARA EL AÑO 2010
Artículo 1º—Las declaraciones de los Sujetos Pasivos no calificados como contribuyentes especiales, relativas al Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar, deberán ser presentadas a través del Portal http://www.seniat.gob.ve, según el último dígito del número de Registro Único de Información Fiscal (RIF), en las fechas de vencimiento del calendario que para el año 2010 será el siguiente:
R.I.F. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 al 9 8 9 9 9 7 9 9 9 9 8 3 3
Los sujetos pasivos antes señalados, que se encuentren registrados en el Portal http://www.seniat.gob.ve, deberán inscribirse en el mismo, en las Divisiones de Asistencia al Contribuyente de las Gerencias Regionales de Tributos Internos de su domicilio fiscal, a los fines de la asignación de la correspondiente clave de acceso.
Artículo 2º—Presentada la declaración a través del Portal http://www.seniat.gob.ve, los Sujetos Pasivos referidos en el Artículo 1º de esta Providencia, podrán efectuar el pago electrónicamente, a través del Portal del Banco Industrial de Venezuela, o imprimir la planilla generada por el sistema "forma 99022" a los fines de su presentación y pago en Oficinas Receptoras de Fondos Nacionales.
Artículo 3º—El incumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta Providencia, será sancionado de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico Tributario.
Artículo 4º—Esta Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas a los días del mes de de 2009. Años 199º de la Independencia, 150º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.




CALENDARIO PARA REGISTRO UNICO DE INFORMACION FISCAL (RIF)

EL SENIAT EN SU PORTAL PUBLICA EL HORARIO PARA INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE RIF, NO OBSTANTE SE OBSERVA QUE NO TODAS LAS OFICINAS DEL SENIAT LO CUMPLEN

Lunes 1 y 6
Martes 2 y 7
Miércoles 3 y 8
Jueves 4 y 9
Viernes 5 y 0


QUE DEBE SABER SOBRE EL RIF


http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5.1ASISTENCIA_CONTRIBUYENTE/5.1.2ORIENTACION_GENERA/5.1.2.2TRAMITES_ADMINISTR/INFORMACION_01_GENERAL.pdf


Registro Único de Información Fiscal RIF
Información General
Registro Único de Información Fiscal (RIF)
Providencia N° 0073, que dispone la creación y el funcionamiento del Registro Único de Información Fiscal
(RIF), publicada en Gaceta Oficial No. 38.389, de fecha 2 de marzo de 2006
Es un registro destinado al control tributario de los impuestos, tasas, y contribuciones administrados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por consiguiente deben inscribirse, las personas naturales o jurídicas, las comunidades y entidades con o sin personalidad jurídica que, conforme a las leyes vigentes, resulten sujetos pasivos de tributos administrados por dicha institución o que deban efectuar trámites ante la misma.
Igualmente deberán inscribirse en el referido Registro, los sujetos o entidades no residentes o no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, que no posean establecimiento permanente o base fija cuando realicen actividades económicas en el país o posean bienes susceptibles de ser gravados en el mismo.
No están obligados a solicitar la inscripción:
a) Los extranjeros que ingresen temporalmente al país con visa de turista o transeúnte y no adquieran la condición de residente, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, siempre que no realicen actividades económicas en el país ni posean bienes en el mismo, o realicen alguna operación o actividad que requiera su inscripción.
b) Los menores de edad que no posean bienes ni realicen actividades económicas. Si se trata de un menor de edad que tenga bienes o realice actividades económicas y aún no posea cédula de identidad, se expedirá un certificado provisional hasta tanto se emita el correspondiente documento de identificación, momento en que debe gestionarse el certificado definitivo.
Plazos para la inscripción y actualización de datos
La inscripción en el RIF debe realizarse por parte de los sujetos obligados dentro del término de los treinta (30) días hábiles siguientes, contados a partir de su constitución o del inicio de actividades, lo que ocurra primero. Los sujetos o entidades inscritos en el RIF, a los fines de la actualización de los datos contenidos en el mismo, deberán comunicar al SENIAT, dentro del plazo de treinta (30) hábiles siguientes de haberse producido, los siguientes hechos:
a) Cambio de apellidos y nombres, razón social o denominación del sujeto o de la entidad.
b) Cambio de directores, administradores o de las personas que ejerzan la representación legal.
c) Cambio de accionistas, con excepción de las empresas que coticen en las bolsas de valores por dichas acciones.
d) Cambio de domicilio fiscal o electrónico.
e) Venta del fondo de comercio o de todas sus existencias, que modifique la titularidad del mismo.
f) Cese o paralización de las actividades económicas habituales y reinicio de las mismas.
g) Sujeción o no de tributos y disfrute de exenciones, exoneraciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
h) Instalación, mudanza o cierre permanente de establecimientos tales como casa matriz, sucursales, agencias, locales comerciales o de servicios, fábricas o plantas productivas, depósitos o almacenes, oficinas administrativas y demás lugares de desarrollo de la actividad o establecimientos permanentes.
i) Cambio de actividad económica o de objeto social.
j) Atraso, liquidación o quiebra de las sociedades.
k) Modificación de categoría por ocurrencia de hechos tales como transformación, fusión, reorganización empresarial, apertura de la sucesión, entre otros.
l) Cualquier otra modificación que pudiera afectar la situación del sujeto pasivo o que sea establecida por disposición de carácter general dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Inscripción y Actualización de datos
La solicitud de inscripción en el RIF, así como cualquier modificación u otro trámite relacionado con el mismo, deberá realizarse ante las unidades competentes de la Gerencia Regional de Tributos Internos correspondiente al domicilio del sujeto pasivo o a través del Portal Fiscal http://www.seniat.gov.ve. En caso de tratarse de sujetos o entidades no residentes o no domiciliadas en el país, sin establecimiento permanente o base fija, el trámite deberá efectuarse ante las unidades competentes de la Gerencia Regional de Tributos Internos del lugar
donde se realice la actividad económica principal o donde se encuentren ubicados los bienes de mayor valor.
A los fines de realizar la inscripción en el RIF o la actualización de los datos a través del Portal fiscal http://www.seniat.gov.ve, el interesado debe acceder al Menú “Sistemas en línea” y seleccionar la opción “Inscripción de RIF”, o ingresar al Sistema con su Usuario y Clave, respectivamente. En el Menú “Sistemas en línea” / “Manuales referenciales e Instructivos” / “Generales”, se encuentran el Manual, los requisitos y las guías, para realizar dichos procedimientos.
Los sujetos pasivos que al 1° de junio de 2006 estén inscritos en el Registro de Información Fiscal, deberán actualizar los datos y demás informaciones que se soliciten, dentro de un lapso no mayor a un (1) año, a los efectos de obtener un nuevo certificado de inscripción.
Importante: En la sede principal de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, la tramitación (inscripción y actualización) del RIF, en el caso de las personas naturales, se debe realizar el día que corresponda según el último dígito de la cédula de identidad del interesado, a saber:
Día Cédulas terminadas en
Lunes 1 y 6
Martes 2 y 7
Miércoles 3 y 8
Jueves 4 y 9
Viernes 5 y 0
Certificado de inscripción y Vigencia
Realizada la inscripción o actualización de datos del interesado en el RIF, a través del Portal Fiscal
http://www.seniat.gov.ve, el funcionario competente previo la comprobación del cumplimiento de las
condiciones, requisitos y el procedimiento ejecutado, expedirá el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Información Fiscal. El Certificado es personal e intransferible y tendrá una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de emisión, y la renovación de éste deberá realizarse en un lapso no mayor de treinta (30) días hábiles después de su vencimiento.
Obligaciones de las personas inscritas en el RIF
El número de Registro Único de Información Fiscal (RIF) que se asigne al sujeto pasivo, será único, exclusivo y excluyente, de carácter permanente, personal y de uso obligatorio en cualquier documento, solicitud, trámite, petición o actuación que se presente o realice ante el SENIAT, así como en las declaraciones, facturas u otros documentos equivalentes que presente o emita el sujeto pasivo.
Los sujetos pasivos inscritos en el RIF, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás formas de carácter tributario, tendrán la obligación de:
a) Exhibir el Certificado de Registro cuando le fuere requerido por un funcionario de la Administración
Tributaria, debidamente acreditado y facultado.
b) Exhibir copia fotostática del Certificado de Registro en lugar visible de sus oficinas, sucursales o
establecimientos.
c) Dejar constancia de su número de RIF en las facturas y demás documentos o contratos que expidan o suscriban.
d) Dejar constancia del número de RIF en las solicitudes o documentos que dirijan a los organismos oficiales de la República Bolivariana de Venezuela.
e) Dejar constancia del número de RIF en los libros de contabilidad y demás libros auxiliares exigidos por las normas tributarias.
f) Dejar constancia en las etiquetas y empaques, del número de RIF del fabricante o importador.
g) Dejar constancia del número de RIF en los anuncios de publicidad en cine, televisión, periódicos, revistas, folletos, volantes, vallas e Internet.
h) Dejar constancia del número de RIF y otros datos del Registro en todos los demás casos que determine el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) o cualquier instrumento normativo.
Asimismo, quienes enajenen bienes inmuebles o derechos sobre los mismos a titulo oneroso, deberán presentar ante el respectivo juez, registrador o notario, una copia del certificado de inscripción en el RIF, de las partes que intervienen en la operación de enajenación, como requisito previo para el otorgamiento.


COMO SE INSCRIBE UNA PERSONA NATURAL


http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5.1ASISTENCIA_CONTRIBUYENTE/5.1.2ORIENTACION_GENERA/5.1.2.1TRAMITES_ELECTRONI/INSCRIPCION_RIF_06_PERSONAS_NATURALES.pdf


COMO SE INSCRIBE UNA PERSONA JURIDICA

http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5.1ASISTENCIA_CONTRIBUYENTE/5.1.2ORIENTACION_GENERA/5.1.2.1TRAMITES_ELECTRONI/INSCRIPCION_RIF_07_PERSONAS_JURIDICAS.pdf

REQUISITOS

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05 julio 2010

G.O N°39.456 del 30/06/10 prov 104 mediante la cual se establecen los requisit y trámite para la autoriz de adquis de divisas destinas a las importac

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.456
Caracas, miércoles 30 de junio de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)
Providencia Nº 104
Caracas, 23 de junio de 2010
200º y 150º
Providencia:
De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 26 del Convenio Cambiario Nº 1 suscrito entre el Ejecutivo Nacional por órgano del otrora Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, en fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.625 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.653 de fecha 19 de marzo de 2003 y en el Convenio Cambiario Nº 5, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.790 de fecha 06 de octubre de 2003, en concordancia con los artículos 2 y 5 del Decreto Nº 2.320 de fecha 27 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.644 de fecha 06 de marzo de 2003, mediante el cual se establecen los lineamientos Generales para la Distribución de Divisas a ser destinadas al Mercado Cambiario y el artículo 3 del Decreto Nº 2.302 de fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.625 del 05 de febrero de 2003, reformado parcialmente mediante Decreto Nº 2.330 de fecha 06 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.644 de la misma fecha, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dicta la siguiente:
PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS
Y EL TRÁMITE PARA LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN
DE DIVISAS DESTINADAS A LAS IMPORTACIONES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º—Objeto. La presente Providencia regula los requisitos y el trámite para obtener la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinadas a la importación de bienes.
Las definiciones de los regímenes especiales a que se refiere esta Providencia, serán aquellas expresadas en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento sobre Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales.
Artículo 2º—Ámbito de aplicación. Quedan sujetos a esta normativa las personas naturales o jurídicas debidamente domiciliadas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y que realicen operaciones de Importación.
Artículo 3º—Inscripción en el RUSAD. Los solicitantes deben inscribirse por una sola vez en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), de conformidad con las normas establecidas en la Providencia relativa al registro de usuarios. A tal efecto, presentarán por ante el operador cambiario autorizado, la planilla obtenida por medios electrónicos conjuntamente con los siguientes recaudos:
1.- Personas Naturales:
a) Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte vigente.
b) Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).
c) Original y copia del registro mercantil de la firma personal.
d) Original y copia del documento público o auténtico donde conste la propiedad, arrendamiento, uso o usufructo según sea el caso, del establecimiento principal donde ejerce su actividad económica.
e) Balance personal actualizado, elaborado por un Contador Público Colegiado y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos.
f) Original y copia de las declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los tres (3) últimos períodos impositivos.
g) Original y copia de las declaraciones y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los tres (3) últimos ejercicios fiscales; en caso de haber suscrito convenio de pago, copia del mismo y constancia del último pago, que demuestre su cumplimiento a la fecha de la solicitud.
h) Original y copia del documento autenticado que acredite la representación, y de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal, cuando corresponda.
2.- Personas Jurídicas:
a) Original y copia del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, acompañados de sus últimas modificaciones.
b) Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).
c) Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal y del documento público o auténtico que acredite dicha representación.
d) Original y copia del documento de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo según sea el caso, del establecimiento principal donde ejerce su actividad económica.
e) Estados financieros correspondientes al último ejercicio económico, auditados con sus notas complementarias, elaborado por un Contador Público Colegiado y debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos.
f) Original y copia de las declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los tres (3) últimos períodos impositivos.
g) Original y copia de las declaraciones y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los tres (3) últimos ejercicios fiscales.
h) Original de la solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la carta de no afiliación de ser el caso.
i) Original de la solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) o de la carta de no afiliación de ser el caso.
j) Original de la solvencia del Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda (FAOV).
k) Original de la Solvencia Laboral emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (MINPPTRASS).
l) Original y copia de la solvencia municipal, expedida por la Alcaldía correspondiente.
3.- Personas Jurídicas del Sector Público:
a) Original y copia del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, acompañados de sus últimas modificaciones.
b) Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).
c) Original y copia de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal y del documento público o auténtico que acredite dicha representación.
d) Original y copia de las declaraciones y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los tres (3) últimos ejercicios fiscales.
e) Original y copia del Acta o acto de nombramiento de la Máxima Autoridad Jerárquica.
f) Copia del Decreto o Ley de Creación de la Institución.
Se exceptúa del cumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados anteriormente, a las personas que de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, no estuvieren obligadas a ello.
La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá requerir la renovación o actualización de cualquiera de los documentos a que se refiere este artículo, cuando estos hubieren perdido vigencia.
En caso de haber suscrito algún convenio de pago con los entes competentes para otorgar los requisitos antes señalados, deberá consignar copia del mismo y constancia del último pago que demuestre su cumplimiento a la fecha de la solicitud.
Cuando se trate de usuarios previamente inscritos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), solo deberán consignar por ante el operador cambiario autorizado la correspondiente solicitud de autorización de adquisición de divisas, acompañada de aquellos recaudos que no hubieren sido presentados con anterioridad, así como aquellos que hayan perdido vigencia; sin perjuicio de cualesquier otro documento exigido en esta Providencia.
Artículo 4º—Operaciones de Importación y de exportación. Los interesados que realicen simultáneamente operaciones de exportación e importación, deberán señalarlo en forma expresa en la solicitud y cumplir con los requisitos previstos en la presente Providencia a los fines de su registro y con los correspondientes a la materia de exportación.
Artículo 5º—Presentación de recaudos. Los recaudos necesarios para que el usuario realice el trámite a que se refiere la presente Providencia deberán ser presentados, tanto en su original como en sus copias, a través del operador cambiario autorizado, debidamente identificados, legibles y organizados en el orden establecido en esta Providencia y en la normativa dictada a tales efectos. En el caso de aquellos documentos que, de conformidad con lo dispuesto en esta Providencia, hayan de consignarse en copia, la presentación del documento original se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas, una vez que el operador cambiario autorizado realice dicho cotejo, devolverá al usuario los originales respectivos y conservará las copias debidamente firmadas y selladas, a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada. El usuario debe mantener por cinco (5) años la documentación que respalde la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas.
El operador cambiario autorizado deberá verificar la consignación, por parte del usuario, de todos los recaudos exigidos en los artículos 14 y 27 de esta Providencia.
Artículo 6º—Obligaciones del Operador Cambiario Autorizado. El operador cambiarlo autorizado debe ser diligente en la recepción y verificación de la documentación presentada por el usuario y tramitará en forma oportuna y eficiente las solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas a que haya lugar. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Providencia, será causal para la aplicación de las medidas establecidas en el Convenio suscrito con la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para la realización de actividades y trámites establecidos en la normativa correspondiente al Régimen para la Administración de Divisas, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.
Artículo 7º—Plazo para la Remisión de Documentos. Toda remisión de documentos por parte del operador cambiario autorizado a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), deberá hacerse en un plazo de cinco (5) días hábiles bancarios siguientes a la fecha de la recepción de los mismos.
Artículo 8º—Desistimiento. El usuario podrá, en cualquier momento, manifestar a través de la página web de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), el desistimiento de su solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas. El acto de desistimiento es voluntario e irrevocable y dará por terminado el trámite.
Artículo 9º—Disponibilidad de Divisas. Para el otorgamiento de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinadas a la importación, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) valorará la disponibilidad de divisas establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el ajuste a los lineamientos aprobados por el Ejecutivo Nacional. Así mismo, verificará la constitución de las garantías que se hayan exigido, si fuere el caso.
Artículo 10.—Sector Productivo Nacional. Atendiendo a las políticas y planes de desarrollo dictados por el Ejecutivo Nacional y previa notificación de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) por parte del Ministerio respectivo, se podrá otorgar Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinada a la importación ajustándose a lo establecido en los artículos 14 y 16 de esta Providencia, a aquellas empresas que no cumplieren con los requisitos exigidos, ya sea por encontrarse en período preoperativo o por otros motivos debidamente justificados.
Artículo 11.—Solicitud de información. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), podrá requerir a través de medios físicos o electrónicos cualquier otra información o recaudo adicional que estime pertinente. Asimismo, podrá solicitar que la información sea presentada en documentos originales o copias, a través del operador cambiario autorizado.
Artículo 12.—Principio de Cooperación. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en el ámbito de sus competencias podrá requerir de los organismos y entes públicos o privados, la información que considere pertinente a los fines de ejercer el control posterior de las autorizaciones otorgadas conforme al trámite establecido en esta Providencia.
CAPÍTULO II
DEL TRÁMITE
Sección I
Disposiciones Comunes
Artículo 13.—Primera solicitud. La primera solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas deberá presentarse junto con la solicitud de inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD).
Artículo 14.—Requisitos de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas. El usuario a los fines de realizar su solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, deberá presentar por ante el operador cambiario autorizado, los siguientes recaudos:
1. La planilla obtenida por medios electrónicos.,
2. Copia de la factura pro forma, en la cual deberá constar explícitamente los bienes a importar, el precio a pagar, el lapso determinado para el cumplimiento de la obligación, a contraer, costo de fletes, seguros, comisiones, modalidad de pago y demás conceptos de la referida importación.
3. Certificado de No Producción Nacional o Producción Insuficiente emitido con anterioridad a la fecha de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, cuando corresponda.
4. Oficio emanado de autoridad aduanera competente donde se autorice la Admisión Temporal o Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo del bien, cuando corresponda.
5. Documento de cesión de la mercancía ingresada bajo régimen de admisión temporal y autorización de cesión emitida por la autoridad aduanera competente cuando corresponda.
6. Autorización de la máxima autoridad del ente del sector público, cuando corresponda.
7. Cualquier otro documento o información que requiera la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
El usuario no podrá realizar cambios en el tipo de divisas solicitadas ni en las modalidades de pago.
Las modalidades de pago a que se refiere este artículo son aquellas que se realicen por vía ordinaria, productivas, el pago a la vista, las pactadas para ser pagadas bajo Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos entre los Bancos Centrales de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y las realizadas bajo el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).
Artículo 15.—Vigencia de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD). La Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) será nominal e intransferible y tendrá una validez de ciento ochenta (180) días continuos, a partir de la fecha de su emisión, lapso durante el cual el usuario deberá nacionalizar los bienes y consignar los documentos a que se refiere el artículo 27 de la presente Providencia, ante el operador cambiario autorizado.
Si transcurrido el lapso indicado en el presente artículo el usuario no ha realizado el trámite a que se refiere la presente Providencia, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá negar la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) o solicitar el reintegro, cuando corresponda.
En caso de que se requieran condiciones distintas a las indicadas en el presente artículo, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá otorgarlas cuando lo considere indispensable, justificado y atendiendo a las políticas y planes de desarrollo de la nación dictados por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 16.—Solicitudes Subsiguientes. A partir de la segunda solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, y una vez verificada la inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), el operador cambiario autorizado deberá:
a. Revisar y retener la documentación consignada por el usuario, hasta tanto éste consigne el cierre de importación, y tramitar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) por vía electrónica; o
b. Revisar la documentación relacionada con solicitudes que requieren licencias, Certificado de no Producción Nacional o Producción Insuficiente, y remitir a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), para evaluación de la procedencia de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD).
Artículo 17.—Verificación del Certificado. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), verificará con los Ministerios respectivos la emisión del Certificado de No Producción Nacional o Producción Insuficiente, así como las cantidades autorizadas y cualquier otro documento exigido por el Ejecutivo Nacional, a los fines de decidir sobre la autorización solicitada.
Sección II
De la Importación
Artículo 18.—Bienes a importar. Los bienes a importar deberán ajustarse a los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional y demás normativas aplicables al Régimen para la Administración de Divisas. El usuario deberá asegurarse del cumplimiento de estos requisitos, sin lo cual la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) no procederá a autorizar la liquidación de las divisas.
En el caso de las importaciones que se canalicen a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos entre los Bancos Centrales de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), la correspondiente Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), será emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), siempre que se trate de un bien originario de cualesquiera de los Estados partes de los tratados a través de los cuales se establecen los mecanismos citados y en atención a la política comercial establecida por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 19.—Reintegro de divisas por exportación de mercancías importadas. Cuando el usuario requiera exportar bienes que previamente fueron importados y pagados con divisas adquiridas a través del Régimen para la Administración de Divisas, y destinados originalmente al consumo en el mercado nacional sin haber sido sometidos en el país a procesos de modificación o transformación, el usuario, antes de la realización de la operación de exportación, debe reintegrar al Banco Central de Venezuela (BCV) la totalidad de las divisas que fueron otorgadas para esa importación, asimismo debe consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), carta explicativa que indique las causas que motivan la operación de exportación y copia del comprobante de reintegro de divisas.
El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.
Artículo 20.—Del embarque. El usuario no podrá solicitar el embarque de los bienes objeto de importación sin obtener previamente la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD). A tales efectos, se considerará como fecha de embarque:
1. La fecha de vuelo o de la emisión de la guía aérea, cuando no conste la anterior, en caso de transporte aéreo;
2. La fecha en que el transportista recibe la mercancía en caso de transporte terrestre; o,
3. La fecha indicada en el documento de transporte como "CLEAN ON BOARD", "LADEN ON BOARD" o "SHIPPED ON BOARD", según sea el caso, o la fecha de emisión del documento de transporte cuando no consten las anteriores, para transporte marítimo.
Lo previsto en el presente artículo, no será aplicable al ingreso de bienes al territorio nacional bajo la modalidad de Admisión Temporal, Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo, Almacenes IN BOND, en cuyo caso deberá obtener la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) previa a su nacionalización.
Artículo 21.—Del multiembarque. A los efectos de esta Providencia, se considera una misma importación, aquella que conste en uno, o varios documentos de transporte, siempre que entre la fecha del primer y del último embarque, no transcurra un plazo mayor de sesenta (60) días continuos, ambas fechas inclusive, debiendo el usuario indicarlo expresamente en la planilla de solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas.
En este caso, el usuario dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la última Declaración y Acta de Verificación de Mercancías que completa la importación, deberá consignar por ante el operador cambiario autorizado la documentación a que se refiere el artículo 27 de esta Providencia, a los fines de tramitar la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD).
La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) considerará que la importación ha sido completada y no admitirá otro trámite de liquidación para esta solicitud, una vez que el usuario haya consignado ante el operador cambiario autorizado la documentación correspondiente.
Artículo 22.—Diferencias de códigos arancelarios. Cuando se evidencien diferencias entre el código arancelario registrado en la planilla obtenida por medios electrónicos al momento de la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas y el código arancelario del bien nacionalizado, se negará la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) correspondiente a dicho bien o se solicitará el reintegro de las divisas cuya adquisición haya sido autorizada.
Artículo 23.—Cartas de Crédito. La apertura de cartas de crédito sólo podrá realizarse previa notificación al operador cambiario autorizado de la Autorización de Adquisición de Divisas para Importación a que se refieren los artículos anteriores.
Sección III
De la Verificación de los Bienes Importados
Artículo 24.—De la verificación de los bienes importados. El usuario deberá solicitar a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), a través de la Oficina de Verificación Aduanal respectiva, la verificación física de los bienes importados antes de su despacho de la zona primaria de la aduana; y a tales efectos, consignará los siguientes recaudos:
a) Dos ejemplares de la Declaración y Acta de Verificación de Mercancía, debidamente sellada por la Agencia Aduanal autorizada por el usuario.
b) Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, y el respectivo comprobante de aprobación de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD).
c) Copia de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o la Declaración Informativa de Aduanas (DlA), cuando corresponda, acompañada de la Declaración Andina del Valor (DAV).
d) Copia del documento de transporte.
e) Copia de la factura comercial definitiva suscrita por el proveedor domiciliado en el extranjero.
f) Acta de recepción emitida por el almacén correspondiente y/o por el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA).
g) Copia de los documentos exigidos según los regímenes legales a que estuvieren sometidos los bienes importados, de acuerdo con el Arancel de Aduanas de la República Bolivariana de Venezuela.
h) Carta de notificación de cambio de puerto de embarque o de destino, cuando corresponda.
i) Copia de los demás documentos que soporten la importación de los bienes, cuando corresponda.
j) Dos ejemplares de la Constancia de Consignación de los documentos exigidos en este artículo, debidamente sellada y firmada por el Agente de Aduanas autorizado por el usuario.
k) Carta de renuncia a la Autorización suscrita por la máxima autoridad del ente público, cuando corresponda.
l) Cualquier otro documento o información que requiera la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Para el trámite de las solicitudes de verificación de las importaciones amparadas por las Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD) otorgadas a CVG Internacional C.A. o BARIVEN S.A. en atención a los Convenios suscritos con el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) y las asociaciones o gremios de pequeños y medianos industriales y cooperativas, notificarán a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), con suficiente anticipación a la verificación de las mercancías, sobre la identificación de las pequeñas y medianas industrias y cooperativas beneficiarias de cada solicitud, a los fines de coordinar los controles correspondientes.
En los casos de importación de bienes bajo regímenes especiales, además de los requisitos indicados anteriormente, deberá consignar cuando corresponda:
1. Oficio de autorización por la autoridad aduanera para casos de bienes bajo regímenes de Admisión Temporal, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Material de Ensamblaje Importado para Vehículos.
2. Declaración del ingreso de bienes y exención impositivo.
3. Declaración de ingreso y egreso de bienes bajo régimen "In Bond".
4. Certificado de registro de la empresa importadora en zona franca o puerto libre.
5. Fianza o depósito constituido a favor del SENIAT.
6. Certificación de deuda, debidamente legalizada o apostillada por ante la Autoridad competente en el país de su emisión o suscripción, y traducida por intérprete público si está redactada en idioma diferente al castellano. En el caso de bienes importados bajo el régimen de Depósitos Aduaneros (Almacenes In Bond), el certificado se presentará cuando los bienes tuvieren más de tres (3) meses depositados.
Artículo 25.—Renuncia a la Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD). A los efectos de esta Providencia, se entenderá que el usuario ha renunciado a la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), cuando retire de la zona primaria de la aduana, los bienes objeto de importación sin haberse practicado la verificación de los mismos por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), en consecuencia, no se otorgará la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) o solicitará el reintegro de las divisas cuya adquisición se haya autorizado.
Artículo 26.—Lapso de retiro de la Declaración y Acta de Verificación. El usuario, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la realización de la verificación a que hace referencia el artículo 24, deberá retirar de la Oficina de Verificación Aduanal respectiva, la Declaración y Acta de Verificación de Mercancía correspondiente.
Sección IV
De la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD)
Artículo 27.—Requisitos de la Solicitud de Autorización de Liquidación de Divisas. El usuario debe presentar por ante el operador cambiario autorizado la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías, conjuntamente con los siguientes recaudos, cuando corresponda:
l. Ticket de cierre de la importación.
2. Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para importación. (RUSAD 004 y 005).
3. Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas, y el respectivo comprobante de aprobación de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD).
4. Copia de la factura comercial definitiva, suscrita por el proveedor domiciliado en el extranjero.
5. Copia de! documento de transporte.
6. Copia de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o la Declaración Informativa de Aduanas (DIA), acompañada de la Declaración Andina del Valor (DAV).
7. Copia de la Planilla de Determinación y Liquidación de Tributos Aduaneros, o cualquier sustitutiva de ésta.
8. Notificación de pago al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), (comprobante de pago de la tasa por los servicios aduaneros).
9. Copia de la licencia, permiso u otros requisitos para la importación, vigentes, establecidos en el Arancel de Aduanas. Se exceptúan aquellos casos en los cuales la normativa aplicable concede extensión del plazo para la presentación de los mismos.
10. Carta de notificación de cambio de puerto de embarque o de destino.
11. Carta de renuncia de las divisas autorizadas.
12. Carta explicativa sobre la discrepancia entre la Razón Social reflejada en la factura y documento de transporte.
13. Carta explicativa de la procedencia de los fondos para cancelar el excedente entre el monto correspondiente a los bienes importados y el monto autorizado.
14. Copia de los demás documentos que soporten la importación de los bienes.
15. Certificación de deuda, cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco (45) días del vencimiento de la factura comercial definitiva. Dicho certificado debe ser suscrito por el proveedor domiciliado en el exterior, debidamente legalizados o apostillados por ante la Autoridad competente en el país de su emisión o suscripción, y traducidos por intérprete público si están redactados en idioma diferente al castellano.
16. Certificado de reintegro de divisas, cuando corresponda.
17. Carta de renuncia a la Autorización suscrita por la máxima autoridad del ente público, cuando corresponda.
18. Cualquier otro documento o información que requiera la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Asimismo, deberán presentar, en tanto le sean aplicables, los siguientes recaudos:
a. Cuando la mercancía sea pagada con carta de crédito, fotocopia de los documentos que hayan sido especificados en ese instrumento de pago.
b. En los casos de importaciones en cuenta abierta, original de la carta de remisión del proveedor en la cual se señale la forma de pago.
Cuando se trate de importaciones pactadas para ser pagadas a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos entre los Bancos Centrales de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) o del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) o que hayan ingresado al país bajo regímenes especiales, el usuario deberá presentar adicionalmente los requisitos establecidos en los artículos 28 y 29 de la presente Providencia, cuando corresponda.
Artículo 28.—Requisitos de cierre de la solicitud para Importaciones ALADI o SUCRE. El usuario que realice operaciones de importación pactadas para ser pagadas a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos entre los Bancos Centrales de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, (ALADI) o del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), debe presentar ante el operador cambiario autorizado, además de los requisitos señalados en el artículo 27 los siguientes recaudos:
1. Mensaje swift bancario, Carta de Remesa o Letra de Cambio aceptada por el banco emisor, cuando corresponda.
2. Certificado de origen de los bienes.
3. Certificado de reintegro de divisas, cuando corresponda.
4. Número de referencia que identifique la operación realizada.
Artículo 29.—Requisitos de la solicitud de Autorización de Liquidación de Divisas para importaciones por regímenes especiales. En los casos de importación de bienes bajo regímenes especiales, el usuario debe presentar ante el operador cambiario autorizado además de los requisitos exigidos en el artículo 27 los siguientes recaudos, cuando corresponda:
1. Oficio de autorización emitido por la autoridad aduanera para casos de bienes bajo regímenes de Admisión Temporal, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Material de Ensamblaje Importado para Vehículos.
2. Declaración del ingreso de mercancía y exención impositiva.
3. Declaración de ingreso y egreso de mercancía bajo régimen "In Bond".
4. Certificado de registro de la empresa importadora en zona franca o puerto libre.
5. Fianza o depósito constituido a favor del SENIAT.
6. Certificación de deuda, debidamente legalizada o apostillada por ante la Autoridad competente en el país de su emisión o suscripción, traducida por intérprete público si está redactada en idioma diferente al castellano. En el caso de bienes importados bajo el régimen de Depósitos Aduaneros (Almacenes In Bond), el certificado se presentará cuando los bienes tuvieren más de tres (3) meses depositados.
7. Los requisitos exigidos en el artículo 28, cuando corresponda.
Artículo 30.—Cierre de la Solicitud. Cumplidos los requisitos exigidos, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá otorgar la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD).
Salvo para el trámite de las solicitudes realizadas por CVG Internacional C.A. o BARIVEN S.A. en atención a los Convenios suscritos con el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) y las asociaciones o gremios de pequeños y medianos industriales y cooperativas; los datos y demás información suministrada por el usuario sobre los bienes importados deberán corresponderse con los términos establecidos en la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y el resultado de la verificación efectuada.
Cuando esto no ocurra, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá negar la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), autorizar la liquidación por un monto inferior al solicitado o proceder a solicitar la ejecución de la garantía o el reintegro de las divisas cuya adquisición haya sido autorizada, según corresponda, en todo caso notificará su decisión al usuario por medios físicos o electrónicos.
La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), a los fines de otorgar la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), podrá reconocer hasta el equivalente del monto de los conceptos que conforman el valor en aduanas declarado para la nacionalización.
Artículo 31.—Adquisición de Divisas por parte de los Operadores Cambiarios. Previa aprobación de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y mediante los procedimientos que a tal efecto se establezcan, el operador cambiario autorizado procederá a adquirir en el Banco Central de Venezuela (BCV), el monto de las divisas autorizadas.
Artículo 32.—Venta de Divisas. Serán de venta obligatoria al Banco Central de Venezuela (BCV), a través de los operadores cambiarios autorizados, al tipo de cambio establecido en los convenios cambiarios que se celebren, aquellas divisas que el usuario llegare a percibir por concepto de indemnizaciones, por la no entrega, extravío, pérdida, merma, avería o daño de cualquier naturaleza que sufriere la mercancía, en los casos de importaciones pagaderas con divisas obtenidas a través del presente régimen cambiario. Las referidas divisas deberán ser vendidas dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes a la disponibilidad de las mismas.
Sección V
Del pago a la vista
Artículo 33.—Pago a la Vista. En el caso de importaciones pactadas con pago a la vista, la liquidación de las divisas deberá efectuarse antes de la nacionalización de la mercancía, previa Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) expedida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y constitución de garantía por parte del importador a favor de la República Bolivariana de Venezuela. Quedan exceptuadas de este mecanisrno las importaciones que se realicen bajo regímenes aduaneros especiales.
Cuando se trate de entes públicos que tramiten solicitudes de autorización bajo esta modalidad estarán relevados de la constitución de la garantía exigida.
El usuario no podrá solicitar el embarque de los bienes objeto de importación bajo esta modalidad sin obtener previamente la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD).
El usuario dentro de los ciento veinte (120) días continuos, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), deberá nacionalizar los bienes y consignar los documentos a que se refiere el artículo 27 de esta Providencia por ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), si cumplido este lapso no ha ocurrido la respectiva consignación, o si el monto cancelado en divisas a su proveedor fuere inferior al autorizado, éste se obliga a reintegrar al Banco Central de Venezuela (BCV) la totalidad o el remanente de las divisas liquidadas, según sea el caso.
Cuando el usuario incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en el presente artículo, no podrá realizar nuevas solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas bajo la modalidad de pago a la vista, sin perjuicio de la ejecución de la garantía constituida y de las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar.
A los efectos de este artículo, se entenderá por "importaciones pactadas con pago a la vista", aquella modalidad de pago de bienes a importar pactada para ser cancelada total o parcialmente con anterioridad al embarque de la misma.
Esta modalidad de pago aplicará solamente para los rubros previamente autorizados por el Ejecutivo Nacional, quien podrá suspender la aplicación de dicha modalidad cuando lo considere conveniente.
Artículo 34.—Lapso para consignar la garantía. El documento constitutivo de la garantía a que se refiere el artículo anterior, será consignado por ante el operador cambiario autorizado dentro de los cuarenta (40) días continuos siguientes a la emisión de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD).
El operador cambiario autorizado, una vez recibido el documento donde conste la garantía, lo remitirá para su conformación a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes, sin lo cual el usuario no podrá obtener la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD).
Esta garantía sólo podrá ser liberada a solicitud del usuario, cuando hubiere demostrado ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), el correcto uso de las divisas otorgadas, y en caso de reintegro ante el Banco Central de Venezuela (BCV) de la totalidad o el remanente de divisas según sea el caso, se exigirá el respectivo comprobante de reintegro.
Se entenderá que el usuario ha renunciado a la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), cuando incumpla el lapso establecido en el presente artículo, en consecuencia no se otorgará la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD).
CAPÍTULO III
DEL CONTROL POSTERIOR
Artículo 35.—Fiscalización y Supervisión. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) gozará de las más amplias facultades de fiscalización y supervisión tanto a los usuarios como a los operadores cambiarios autorizados, pudiendo requerir de éstos en cualquier momento, la información o recaudo que fuese necesario para verificar los datos suministrados en la solicitud de inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), los recaudos correspondientes a las solicitudes de autorización de adquisición de divisas y el correcto uso de las divisas autorizadas.
Artículo 36.—Suspensión Preventiva. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la presente Providencia o en la normativa cambiaria, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), podrá suspender preventivamente el acceso del usuario al Sistema Automatizado de Administración de Divisas, iniciándose con ello los procedimientos administrativos correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Trámite de solicitudes para importación de servicios sector público. Las solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a importaciones de servicios o al pago de contrato de obras realizadas por personas jurídicas del sector público se tramitarán conforme a lo establecido en la Providencia que regula la materia.
Segunda.—Disposición Derogatoria. Se derogan las Providencia Nº 098, de fecha 28 de agosto de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.252 de fecha 11 de agosto de 2009 y Nº 046, de fecha 18 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.788, de fecha 02 de octubre de 2003.
Tercera.—Disposición Final. La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.