publican ley especial para la dignificacion de trabajadores residenciales ,G.O nro 39.668 del 06-05-2011

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.668
Caracas, viernes 06 de mayo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ESPECIAL PARA LA DIGNIFICACIÓN
DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES RESIDENCIALES

Conscientes de que las trabajadoras y trabajadores que ejercen el oficio de conserjería, constituyen una expresión viviente de la miseria estructural que aún vive nuestro pueblo, sin vivienda, sin empleo, y sometidas y sometidos a condiciones inhumanas propias de formas contemporáneas de esclavitud que hoy ejerce el capital sobre el trabajo. Trabajadoras y trabajadores que por sólo contar con su fuerza de trabajo como mercancía; para sobrevivir, han tenido que aceptar muchas veces, sin alternativa, las humillaciones a que son sometidas y sometidos por el acceso a una vivienda y a un empleo, siendo que el sistema patriarcal de valores que constituye la sociedad capitalista desconoce el valor del trabajo doméstico, fundamentalmente de la mujer, y por ello establece relaciones de dominación en todos los órdenes de la vida de estos trabajadores y trabajadoras, mujeres en su mayoría, adultos y adultas mayores, familias sometidas a maltratos, humillaciones y limitaciones.

Conscientes de que las dificultades para el acceso a la vivienda por este sector vulnerable se ven agravadas por la tragedia que han generado los cambios climáticos, y que la terminación de la relación laboral de estas trabajadoras y trabajadores, por la causa que fuere, le imponen el desalojo forzoso de sus viviendas, en medio de las dificultades que se afrontan para el acceso a este bien, que constituye un derecho humano.

Escuchando el llamado y reclamo de este sector frente a la inconstitucionalidad del marco jurídico regulatorio del oficio de conserjes, establecido en el Título V, Capítulo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 19 de junio de 1997, que colide con disposiciones fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en referendo popular el 15 de diciembre de 1999.

Conforme al mencionado capítulo de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras de conserjerías son aquellas personas "...que tiene a su cargo la custodia de un inmueble, la atención, el aseo y el mantenimiento del mismo..." (artículo 282) y que además para el desarrollo de esa labor tiene derecho, conforme al artículo 285, "...a un descanso continuo no menor de 9 horas a partir de las 10 de la noche..." artículo que da pie a que las administradoras y juntas de condominios les exijan una jornada laboral de 15 horas diarias.

Siendo este el marco legal que ha favorecido el desarrollo en la sociedad venezolana de prácticas contemporáneas similares a la esclavitud, que si bien se encuentra formalmente abolida, encuentra un campo fértil para germinar en el marco de las relaciones de explotación capitalistas; y es por ello que, si bien pueden encontrarse excepcionalmente personas con este oficio a quienes se les garantizan plenamente sus derechos como trabajador o trabajadora, como mujer y como habitante de una comunidad; en la mayoría de los casos nos encontramos con situaciones graves de violación a sus derechos, como el sometimiento a jornadas de trabajo diarias mayores a las 8 horas, no pago de salarios o pagos mensuales menores al salario mínimo, prohibiciones de salir embarazada, discriminación de sus hijos e hijas con la prohibición de acceso a las áreas comunes del edificio, suspensión ilegal de servicios, desalojos arbitrarios, entre otras violaciones a derechos humanos garantizados por la Constitución de la República.

Resulta fundamental que la sociedad en su conjunto reflexione sobre las relaciones de explotación, servidumbre y esclavitud que se desarrollan en el capitalismo, para lo cual se hace necesario ahondar en la descripción de la situación de vida de este grupo de personas que ha sido sometido a condiciones inherentes al nombre que se le ha puesto a su oficio: Conserje. "Conserje es el que tiene a su cuidado, la custodia, limpieza y llaves de un edificio (DRAE), el castellano adoptó la voz francesa concierge, probablemente procedente del latín vulgar, conservius, formado de la preposición cum (con) y servus (esclavo)".

Como puede apreciarse la palabra "Conserje" tiene en su raíz etimológica la connotación de esclavo o sirviente, y en nuestra realidad este oficio se ha venido traduciendo en relaciones efectivamente propias de formas contemporáneas de esclavismo, puesto que las libertades de vida de hombres y mujeres que desempeñan este oficio, así como sus familias, se ven limitadas y dominadas por sus patronos. No limitándose la problemática, a las violaciones de derechos laborales, se requiere una regulación jurídica especial para la dignificación de las personas que desarrollan este oficio con rasgos muy particulares generados a partir de la residencia del trabajador o trabajadora y sus familiares en la comunidad donde presta sus servicios.

Ocurren hoy en nuestro país una gran cantidad de violaciones de derechos humanos contra un grupo humano de familias que fueron desplazadas en su mayoría por alguna expresión del capitalismo, ya sea por el conflicto armado en países vecinos, como por la agenda neoliberal de desplazamiento del campo a la ciudad.

La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de conserjería son mujeres, generalmente de avanzada edad y en muchos casos madres solas, que debido a venir desplazadas y con la necesidad de resolver un techo para sus familias asumen este régimen de relaciones de esclavitud y sobre-explotación. Donde además la situación de indefensión es doble, puesto que en este momento todo despido, siendo éstos injustificados en la mayoría de los casos, implican la inmediata desocupación del inmueble de habitación familiar, rayando en una de las acciones más crueles de este sistema, que es la medida de desalojo forzoso que deja a estos trabajadores, trabajadoras y sus familias en la calle después de toda una vida de explotación y esclavitud.

Estas situaciones resultan inconcebibles y requieren una acción inmediata y enérgica del Estado social Democrático de Derecho y de Justicia que estamos construyendo, para garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en nuestra Constitución, a este sector vulnerable, y promover la erradicación de toda forma de relaciones esclavistas contemporáneas.

Frente a esta situación el Gobierno Bolivariano consciente de la necesidad de la profundización del proceso social que, orientado hacia el bien común y el buen vivir, que se viene adelantando en los últimos años. Asume este proyecto de ley como la herramienta que permita realizar una intervención especial para el caso de este grupo excluido y vulnerable, reconociendo su carácter de sujeto de atención especial y basándose en los ámbitos de actuación de la ley habilitante referentes a:

1- En el ámbito de la atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza.

a) Dictar normas que regulen los modos de proceder de autoridades públicas o entidades privadas, ante calamidades, emergencias, catástrofes u otros hechos naturales que exijan medidas inmediatas de respuesta y atención para satisfacer las necesidades humanas vitales...

c) Dictar medidas que permitan desarrollar de manera equitativa, justa democrática y participativa los derechos de la familia venezolana para su buen vivir...

NOTA DEL EDITOR: El texto publicado en la Gaceta Oficial presenta error en los literales.

2- En el ámbito de la infraestructura, transporte y servicios públicos:

a) Dictar o reformar normas que regulen la actuación de los órganos y entes del Estado y personas de derecho privado, en la realización de obras de infraestructura, tales como urbanismos, servicios, edificaciones educativas y de salud...

3. En el ámbito de la vivienda y hábitat:

Dictar o reformar normas que regulen la actuación de los órganos y entes del Estado y personas de derecho privado, en la construcción de viviendas, estableciendo dispositivos destinados a Garantizar el derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunales, y permitir el acceso de las familias a los medios económicos, a través de aportes y financiamiento tanto público como privado, para la construcción, ampliación, remodelación y adquisición de viviendas y sus enseres elevando la condición de vida y el bienestar colectivo...

NOTA DEL EDITOR: El texto publicado en la Gaceta Oficial presenta error en los numerales.

2- En el ámbito de la ordenación territorial, el desarrollo integral y del uso de la tierra urbana y rural.

a) (...) Regular la creación de nuevas comunidades (...).

b) Dictar medidas que permitan establecer una adecuada ordenación del uso social de las tierras urbanas y rurales susceptibles de ser desarrolladas con servicios básicos esenciales y hábitat que humanice las relaciones comunitarias.

3- En el ámbito de la seguridad ciudadana y jurídica:

Dictar o reformar normas destinadas a la organización y funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana, del sistema policial y de protección civil; establecer procedimientos eficaces, eficientes, transparentes y tecnológicamente aptos y seguros para la identificación ciudadana y el control migratorio, y la lucha contra la impunidad, así como establecer normas que prevean las sanciones que deban aplicarse en caso de comisión de hechos punibles y los procedimientos tendentes a materializar la seguridad jurídica.

4- En el ámbito del sistema socioeconómico de la Nación:

Dictar o reformar normas que desarrollen los derechos consagrados en el título VI de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para erradicar las desigualdades entre los ciudadanos y ciudadanas que se derivan de la especulación, la usura, la acumulación del capital, los monopolios, oligopolios y latifundios y para crear las condiciones de igualdad en el acceso a la riqueza nacional, y la construcción del buen vivir de los pueblos urbanos...

Este Decreto Ley Especial para los Trabajadores y Trabajadoras Residenciales, anteriormente conocidos y conocidas como conserjes, se sustenta en la necesidad de promover "un marco legal específico que acelere y dinamice las políticas y acciones, que durante diez años ha realizado el gobierno bolivariano, tendentes a garantizar soluciones adecuadas a la grave problemática social y económica derivada del impacto de la crisis de la economía capitalista, contando con la actuación corresponsable entre el Estado y el pueblo organizado conforme a los preceptos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", tal como lo reza en su exposición de motivos la Ley Habilitante 2010 promulgada por la Asamblea Nacional con el objetivo de facultar al Presidente de la República para dictar decretos contentivos de actos con rango, valor y fuerza de Ley, tendentes a instrumentar el proceso de transformación en los distintos ámbitos de la vida pública, en función de principios que sean permanentes y con la categoría de actos cotidianos, materializados en realidades concretas para el buen vivir del colectivo humano que constituye la Nación Venezolana.

Esta Ley parte de la premisa de que los trabajadores y trabajadoras residenciales son un grupo vulnerable y excluido en cuanto viven sometidos y sometidas a un régimen esclavista donde se vulneran sus derechos humanos fundamentales. En nuestro país existen cerca de 100.000 edificios residenciales multifamiliares (según cifras del Instituto Nacional de Estadística)

Decreto Nº 8.197
Caracas, 05 de mayo de 2011
HUGO CHÁVEZ FRÍAS,
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr "la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución por ser fines esenciales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugnan como valores superiores a su ordenamiento jurídico, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político" establecido en los artículos 3º y 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en función de impedir el agravamiento de la situación generada por el cambio climático y de rescatar la dignidad de dichas trabajadoras y trabajadores, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 1, literal a, de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6009 Extraordinario de fecha 17 de diciembre de 2010 en Consejo de Ministros,

Dicta:

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ESPECIAL PARA LA DIGNIFICACIÓN
DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES RESIDENCIALES

TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1º—El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene como objeto asegurar las garantías constitucionales y los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras residenciales, generando las condiciones necesarias para su dignificación. Delimitando las acciones propias de lo que hasta ahora ha sido denominado oficio de conserjería, las partes del proceso, los derechos y obligaciones, así como los mecanismos especiales para la garantía efectiva de los derechos de este sector, establecidos en la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Impulsando cambios en las relaciones de trabajo y patrones socioculturales propios de un sistema patriarcal y capitalista, que genera relaciones de explotación, expresadas en formas contemporáneas de esclavitud y desigualdad.

Artículo 2º—Aseguramiento pleno de Derechos y Garantías Constitucionales. Los trabajadores y las trabajadoras residenciales gozan de todas las garantías y derechos constitucionales establecidos en su condición de ser humano, en su relación laboral, en cuanto a su participación ciudadana, así como su vida familiar y comunitaria.

Se aplicará siempre de manera preferente la ley que beneficie al trabajador o trabajadora en función de la garantía plena de todos sus derechos.

Las instituciones involucradas en la defensa y garantía de sus derechos establecerán políticas dirigidas a la atención especial de este sector vulnerable, en tal sentido promoverán políticas de protección, contraloría y actuación de oficio en las siguientes materias:

a) Derechos ciudadanos: la garantía del derecho a las relaciones individuales de todo integrante de la sociedad, a la libertad política, a la participación, a la organización, a la libre asociación, a la integridad personal y familiar, tanto mentales como físicas; así como los derechos colectivos de las familias, de las mujeres y de la igualdad de géneros, así como de niños, niñas y adolescentes, y de adultos y adultas mayores. También es necesario garantizar de manera especial los derechos a la salud, a la educación, al deporte, a la recreación y a la cultura.

b) Derechos laborales: el cumplimiento de una jornada de trabajo conforme a las previsiones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes en materia laboral, la prohibición de descuentos indebidos efectuados al salario de los trabajadores y trabajadoras, el cumplimiento de las normas establecidas en la legislación laboral en general, así como lo referente a las condiciones y ambiente de trabajo, la seguridad y salud laborales y la seguridad social.

c) Derechos a una vivienda y hábitat digno: el reconocimiento de los derechos como habitante de una comunidad, así como la necesidad de proveer los medios para garantizar el acceso al suelo y a una vivienda en un hábitat digno para la vida del trabajador o trabajadora y su familia.

Artículo 3º—Principios. Esta ley tiene como referencia la orientación estratégica de avance hacia un Estado Comunal como Estado Social de Justicia y de Derecho, basado en principios de respeto mutuo, justicia, igualdad, solidaridad y corresponsabilidad, donde el pueblo organizado ejerza de manera directa el Poder Popular, como vía para construir una sociedad socialista, en tal sentido los principios que orientarán el desarrollo de esta ley son:

1. La búsqueda del buen vivir: como modo de vida emancipado, en lucha por la erradicación de toda forma de dominación, discriminación y explotación, la transformación de las relaciones patriarcales y la satisfacción de las necesidades reales y prioritarias de la población.

2. El impulso de un nuevo modelo productivo donde el trabajo sea liberador: garantizando la lucha contra la división del trabajo por género, clase, territorio, edad o ideología; contra la enajenación de la fuerza de trabajo y hacia la auto-organización del trabajo desde la base popular explotada. El trabajo dignifica a quien lo realiza, cuando está orientado a construir una sociedad justa y amante de la paz, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de nuestro texto constitucional.

3. El rescate de la ciudad: por cuanto el hábitat, el suelo y la vivienda son derecho humanos y no mercancías; se mantiene la lucha contra la especulación inmobiliaria y el latifundio urbano; para lograr la autogestión del hábitat en el desarrollo de nuevas comunidades socialistas; el uso social del suelo, y el rescate de terrenos e inmuebles ociosos para atender necesidades prioritarias de la población.

4. El fortalecimiento del Poder Popular; a través de la organización como vía para el ejercicio directo del poder; la corresponsabilidad en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas; la autonomía del movimiento popular, y la unidad del pueblo organizado.

TÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 4º—De los trabajadores y trabajadoras residenciales, definición y responsabilidad del oficio. Se entiende por trabajadores y trabajadoras residenciales aquellos y aquellas que tienen a su cargo la limpieza y aseo de las áreas comunes de un inmueble destinado a viviendas multifamiliares, establecimiento u oficinas.

Queda en el pasado la denominación "conserje" por ser un término peyorativo y que refiere una forma contemporánea de esclavitud.

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley regula lo concerniente a los trabajadores y trabajadoras residenciales, independientemente de que éstos habiten en el inmueble en el cual prestan sus servicios o fuera de él.

Artículo 5º—De la prohibición de explotación y mercantilización. Se prohíbe toda forma de explotación y mercantilización de la fuerza de trabajo y de la vida en todos sus aspectos, que conllevan a distintas formas de violación o vulneración de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras residenciales, como consecuencia directa de la relación laboral.

Artículo 6º—De la definición de este sector como grupo vulnerable, sujeto de atención especial por parte del Estado Venezolano. En concordancia con el artículo anterior, se define el sector de trabajadores y trabajadoras residenciales, junto con sus familias, como grupo vulnerable, considerado sujeto de atención especial para el desarrollo de políticas públicas, fundamentalmente en las áreas de vivienda, trabajo, seguridad social, mujer e igualdad de género, niños y niñas, y adultos y adultas mayores, así como participación.

Artículo 7º—Función social del oficio, corresponsabilidad y medios de comunicación. El trabajador o la trabajadora residencial cumple una función social porque su proceso de trabajo estará orientado a prestar un servicio que garantice un ambiente adecuado en el inmueble donde labora, en función de la salud y bienestar de sus habitantes. En tal sentido, los medios de comunicación y quienes ejerzan la relación patronal deben contribuir a la formación de los vecinos y las vecinas sobre su corresponsabilidad en el cuidado de las áreas comunes y en el respeto al oficio.

Artículo 8º—De la condición como integrante de la comunidad. Durante la relación de trabajo se considerará al trabajador y trabajadora residencial, así como a los integrantes de su familia que vivan con él o ella, como habitantes de la comunidad en la que presta el servicio, con los mismos derechos inherentes a la vida social, comunitaria, familiar y ciudadana, que el resto de los habitantes del inmueble, todo esto en concordancia y respeto mutuo de las normas de convivencia comunitaria.

TÍTULO III
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Artículo 9º—Definición de las partes. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se consideran partes en la relación de trabajo para el ejercicio de la labor, a la comunidad de habitantes y a la trabajadora o trabajador residencial.

La figura de Patrono estará representada por la comunidad de residentes, quien actuará a los efectos de establecer las órdenes e instrucciones para el trabajador o trabajadora, a través de la junta de condominio. No se considerarán patronos, ni actuarán como tales, las empresas u organizaciones que presten servicio de administración de condominio.

Cuando la relación se establezca en inmuebles destinados al comercio o a fines distintos a la habitación, la figura de Patrón será ejercida por la junta de condominio o la comunidad de copropietarios, arrendatarios, administradores, responsables o encargados de los establecimientos u oficinas.

La contratación de los trabajadores y trabajadoras residenciales por medio de cooperativas, empresas privadas, o cualquier otra forma de tercerización, no podrá menoscabar o disminuir los derechos consagrados a favor de dichos trabajadores y trabajadoras en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y en la legislación laboral. Serán nulos los negocios jurídicos y contratos a través de los cuales se pretende evadir la relación de trabajo regulada por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, con fines de excluir a estos trabajadores y trabajadoras de la presente regulación y protección legal, mediante la simulación de las relaciones de trabajo con otras figuras jurídicas. Para lo cual, el funcionario actuante o el operador de justicia podrá desconocer las formas jurídicas mediante las cuales se pretenda la simulación.

Artículo 10.—De las responsabilidades de la comunidad. Será responsabilidad de los habitantes que integran la comunidad en la cual el trabajador y trabajadora residencial presta servicios, conservar el buen estado de limpieza las áreas comunes, a tal efecto deberán responder por los perjuicios de cualquier índole ocasionados en el inmueble.

Artículo 11.—De las responsabilidades de la junta de condominio. Es responsabilidad indelegable de la junta de condominio del inmueble, o la organización de la comunidad que haga sus veces, lo que corresponde a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo existente entre ésta y el trabajador o trabajadora residencial, así como la administración y garantía del buen funcionamiento de los servicios públicos del inmueble.

La asamblea de residentes o copropietarios, como máxima instancia, aprobará la contratación o remoción del trabajador o trabajadora residencial, y promoverá el respeto a sus derechos consagrados en esta ley, la Constitución y demás leyes de la República, respondiendo corresponsablemente en la garantía de los mismos.

Los inquilinos e inquilinas tiene igualmente corresponsabilidad como miembros de la comunidad beneficiaria de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora.

Artículo 12.—De las responsabilidades de la junta de condominio u organización comunitaria correspondiente. Las obligaciones derivadas de la relación de trabajo existente entre el trabajador o trabajadora residencial y el patrono es responsabilidad de todos los propietarios y todas las propietarias, de manera individual, según la alícuota parte que le corresponda en el inmueble, o de forma colectiva, si cuentan con una instancia de organización.

La asamblea de residentes, como máxima instancia, aprobará la contratación reconociendo la estabilidad laboral establecida en la normativa legal vigente para los trabajadores y trabajadoras residenciales, o su despido, aun cuando éste ocurra por causa justificada.

La garantía del buen funcionamiento de los servicios públicos, instalaciones, maquinarias y equipos del inmueble, es responsabilidad de la comunidad de residentes, por lo que no podrán ponerse a cargo del trabajador o trabajadora residencial.

Artículo 13.—Prohibición de sobreexplotación. Se prohíbe la sobreexplotación del trabajador y trabajadora, entendiéndose como la asignación de labores que no se corresponden a la definición del oficio, y que se describen a continuación:

a) Ejecutar trabajos distintos a la limpieza y el aseo de las áreas comunes del inmueble.

b) Ejecutar tareas que impliquen trabajos especializados o que sean responsabilidad de la Junta de Condominio.

c) La realización de esfuerzos que estén por encima de sus posibilidades físicas.

d) El control, observancia y supervisión del cumplimiento de los servicios públicos tales como luz, agua y gas, así como otras obligaciones y responsabilidades derivadas de la administración del inmueble o de quienes habiten en el mismo.

e) La vigilancia o custodia del edificio, la limpieza, aseo y mantenimiento de las áreas comerciales en caso que existan, así como de aquellos espacios distintos a los que componen las áreas comunes internas del inmueble.

f) Reparación de daños y desperfectos ocurridos en el inmueble.

g) Cualquier otro trabajo considerado como pesado, conforme a las normas que rigen la materia.

h) Labores que impliquen riesgo, de conformidad con la normativa relativa a seguridad laboral.

Artículo 14.—Límites de áreas de trabajo. Trabajador o trabajadora ayudante. El reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley podrá establecer un límite máximo de área física común asignada a un solo trabajador o trabajadora residencial para la prestación de sus servicios, la cual podrá ser establecida por superficie o por número de unidades habitacionales, oficinas, locales o establecimientos.

A tal efecto, el patrono deberá contratar un (01) trabajador o trabajadora residencial por cada área física máxima determinada según el artículo anterior, y tantos ayudantes como sea necesario, para cubrir el área física total del inmueble.

El patrono será responsable de garantizar a las ayudantes o los ayudantes contratados, todos los derechos establecidos en la legislación laboral y en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, exceptuando lo referido a la provisión de vivienda, los derechos como parte de la comunidad y habitante del inmueble, salvo en aquellos casos en los cuales dicha o dicho ayudante sea pariente de consanguinidad o afinidad del trabajador o trabajadora residencial y haya común acuerdo de vivir en la misma vivienda, o en aquellos inmuebles donde haya condiciones para habilitar una vivienda temporal en las condiciones de dignidad y habitabilidad.

Así mismo, el reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley podrá establecer y regular la obligación de prever un espacio idóneo como vivienda de la trabajadora o trabajador residencial en los desarrollos habitacionales que se construyan.

TÍTULO IV
DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 15.—De las relaciones entre el trabajador o trabajadora residencial y su comunidad. Las actividades desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras residenciales se considerarán como una responsabilidad que la comunidad de un inmueble destinado a viviendas multifamiliares delega en una o varias personas a quienes reconocen como trabajadoras o trabajadores al mismo tiempo que habitantes de esa comunidad, por lo que gozan de los mismos derechos, y con los cuales deben privar principios de respeto, igualdad, solidaridad y convivencia colectiva, en el marco de la Constitución y leyes de la República.

Artículo 16.—De los derechos de las Mujeres trabajadoras residenciales. Las trabajadoras residenciales gozan y serán protegidas en sus derechos como mujeres, tales como la protección laboral de la maternidad, la lactancia materna, descanso pre y post natal, fuero maternal y demás derechos como mujer trabajadora y en materia de género. En tal sentido, esta situación debe ser abordada de manera priorizada por el ministerio con competencia en materia de mujer e igualdad de género, para su debida inclusión en el sistema de pensiones, seguridad social y demás políticas de atención especial a las mujeres.

Artículo 17.—Respeto a la maternidad y la paternidad. Debe ser respetado el derecho a la familia de los trabajadores y trabajadoras residenciales, por lo tanto no podrán establecerse en los contratos de trabajo prohibición alguna de embarazo, ni limitaciones a la libre reproducción y desarrollo de la vida familiar. En consecuencia, es nula cualquier norma que limite o menoscabe estos derechos.

Los trabajadores y trabajadoras de este oficio gozan de todos los derechos vinculados a la maternidad y la paternidad establecidos en la ley.

Artículo 18.—De los familiares del trabajador o trabajadora residencial. No se consideran como partes de la relación de trabajo los familiares del trabajador o trabajadora residencial, salvo que dicho familiar suscriba un contrato de trabajo aparte, conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y al ordenamiento jurídico aplicable.

Artículo 19.—Derechos de la familia. Los trabajadores y las trabajadoras residenciales, junto a su familia, tendrán todos los derechos como habitantes del inmueble en el uso de áreas comunes, visitas de familiares, amigos y amigas.

Artículo 20.—De los niños, niñas y adolescentes que convivan con el trabajador o trabajadora residencial. Los niños, niñas y adolescentes que convivan con los trabajadores y trabajadoras residenciales están amparados por la legislación vigente que rige la materia, en consecuencia, no podrán ser objeto de violencia por parte de los integrantes de los residentes o usuarios del inmueble, tampoco podrán ser obligados u obligadas a desempeñar trabajos en el inmueble, ni mucho menos sometidos a tratos discriminatorios.

Artículo 21.—De la protección especial a adultos y adultas mayores. Se garantizará protección especial a los trabajadores y trabajadoras residenciales considerados como adultos y adultas mayores, por tanto son considerados sujetos y sujetas de protección especial para ser beneficiarios de las políticas públicas que les beneficien en todas las áreas. En tal sentido, el Ejecutivo Nacional implementará políticas especiales para provisión de viviendas a las adultas y los adultos mayores que presten servicios como trabajadores residenciales, pero carezcan de vivienda propia.

Artículo 22.—Del uso del inmueble ocupado por el trabajador o trabajadora social. El inmueble ocupado temporalmente por el trabajador o trabajadora residencial es su vivienda familiar, en consecuencia tiene el derecho, él o ella y su familia, de usar el inmueble y sus áreas comunes, así como tiene los mismos deberes aplicables a todos los y las habitantes de la comunidad, sin privaciones o discriminaciones de ningún tipo.

La trabajadora o el trabajador residencial no podrá enajenar, gravar o arrendar, en todo o parte, el inmueble, salvo en los casos en que la comunidad, a través de los negocios jurídicos establecidos en el ordenamiento aplicable, haya otorgado tales derechos, o cuando por vías excepcionales haya obtenido tales derechos sobre el inmueble.

Artículo 23.—Sobre el uso del tiempo libre, derecho a la recreación, estudio y participación. Los trabajadores y trabajadoras residenciales tendrán derecho a utilizar su tiempo libre conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las normas que rigen la materia de seguridad y salud laborales, no estando obligado u obligada a permanecer durante este tiempo en su sitio de trabajo.

Artículo 24.—Del respeto y la no discriminación. Los trabajadores y trabajadoras residenciales serán respetados y respetadas en cuanto a sus opiniones políticas, creencias religiosas, origen cultural, racial, género y orientación e identidad sexual, grado académico y clase social, de conformidad con los derechos humanos, la Constitución y leyes de la República. No podrán ser reprimidos los espacios que tenga el trabajador, la trabajadora o su familia para desarrollar ninguna de sus expresiones u opiniones.

Artículo 25.—Del derecho a ser indemnizados. Los trabajadores y trabajadoras deberán ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por los patronos en cualquier caso de violación del texto de esta ley. En el entendido que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al goce de sus derechos, a la restitución en el caso de violación y a la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la violación de los mismos.

TÍTULO V
DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS LABORALES

Artículo 26.—Jornada Laboral. Los trabajadores y trabajadoras residenciales estarán sometidos a la jornada diurna de trabajo, y fines de semana libres, que se desarrollará con criterio de flexibilidad para el trabajador o trabajadora, conforme a las previsiones establecidas en esta materia en la legislación laboral.

Artículo 27.—Plan de trabajo. El justo cumplimiento de la jornada laboral será garantizado por un plan de trabajo, en el que se contemplarán aquellos casos donde la distribución de horarios contravenga la jornada diurna o fines de semana. El Plan de Trabajo debe ser diseñado de mutuo acuerdo entre el trabajador o trabajadora y el patrono, sin menoscabo de los derechos del trabajador o trabajadora.

Artículo 28.—Prohibición de obligar a laborar horas extraordinarias. No podrá obligarse al trabajador o trabajadora residencial a laborar horas extraordinarias. Cuando la trabajadora o el trabajador residencial, voluntariamente, opte por trabajar horas extraordinarias, deberán seguirse los trámites establecidos y ser pagadas conforme a las previsiones establecidas en la legislación laboral.

Artículo 29.—Salario. El salario del trabajador o trabajadora residencial no podrá ser inferior al salario mínimo nacional, el cual debe ser pagado en forma quincenal. Pudiendo establecer de común acuerdo entre las partes, mejores condiciones laborales y salariales a las establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

El patrono está obligado a entregar al trabajador o trabajadora un recibo de pago conforme a las previsiones establecidas en la legislación laboral.

Artículo 30.—De las suplencias. Para garantizar el disfrute efectivo de las vacaciones, reposos y licencias del trabajador o trabajadora residencial, es obligación del patrono contratar a un o una suplente durante dichos períodos. Este o esta suplente no podrá habitar la vivienda del trabajador o trabajadora residencial, salvo casos excepcionales por medio de autorización expresa de la trabajadora o el trabajador residencial.

Artículo 31.—Reivindicaciones laborales. El patrono tendrá la obligación con el trabajador o trabajadora residencial de cumplir con el pago, retenciones, cotizaciones y demás obligaciones respecto a los conceptos y derechos derivados de la relación de trabajo conforme a las normas, previsiones y procedimientos establecidos en las legislaciones que rigen la materia laboral, de seguridad y salud laborales y de seguridad social.

Artículo 32.—Labores peligrosas. En ningún caso las labores de los trabajadores y las trabajadoras residenciales pueden representar algún grado de peligrosidad. En dichos casos el patrono o patrona está obligado a contratar al personal calificado para el desempeño de tales labores.

Artículo 33.—Enfermedades no ocupacionales. En caso de enfermedad o accidente no ocupacional o embarazo, el patrono o patrona debe garantizar al trabajador o trabajadora residencial el disfrute de los derechos que como trabajador o trabajadora le corresponden.

Artículo 34.—Enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. El patrono o patrona debe cumplir con las obligaciones derivadas de las enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo ocasionados en el desempeño de las actividades del trabajador o trabajadora residencial, en los términos y condiciones previstos en la legislación que rige la materia de salud y seguridad laborales.

Artículo 35.—Provisión de útiles de trabajo. El patrono o patrona deberá proveer al trabajador o trabajadora residencial de los implementos y útiles necesarios para el desempeño de sus labores así como de un botiquín de primeros auxilios, todo esto conforme a lo establecido en las normas que rigen la materia de seguridad y salud laborales.

Artículo 36.—Resguardo de los útiles de trabajo. El resguardo de los implementos y útiles de trabajo deberá efectuarse en un espacio distinto a la vivienda que habite el trabajador o trabajadora residencial. De igual modo, debe crearse un espacio idóneo para el desempeño de sus labores, el cual debe contar con todos los servicios necesarios para el aseo.

Artículo 37.—Del proceso de formación y estudio. Los trabajadores y trabajadoras residenciales tienen derecho a ser parte de programas de formación permanente que les permitan un mejor desempeño de sus actividades en concordancia con las normativas sobre seguridad laboral y medio ambiente de trabajo, así como el acceso a la formación necesaria para el desarrollo de sus capacidades, aspiraciones y necesidades. En tal sentido los patronos, patronas y el estado promoverán y facilitarán dicho proceso de formación, acordando modificaciones al horario de trabajo, entre otros incentivos, becas y ayudantías.

Artículo 38.—Terminación de la relación de trabajo. Las condiciones, requisitos y procedimientos para terminar la relación de trabajo con el trabajador o trabajadora residencial, se regirán por las normas previstas en la legislación laboral. En virtud de ello, se prohíbe toda forma de despido sin que medie justa causa previamente calificada por la autoridad competente.

Artículo 39.—De la protección de la relación dual: trabajador-habitante. La terminación de la relación de trabajo de los trabajadores y trabajadoras residenciales implica la desocupación de la vivienda, para lo cual se deberán cumplir los plazos de desocupación previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

En caso de conflicto sobre el plazo determinado o la ejecución concreta de la desocupación se debe recurrir en primera instancia a procesos de mediación y agotando las vías administrativas, antes de recurrir a las instancias judiciales con competencia en la materia. En ningún caso podrá realizarse un desalojo forzoso y arbitrario.

Artículo 40.—Plazos para la desocupación del inmueble. Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa, la trabajadora o el trabajador residencial tiene derecho a que se le respete su condición de miembro de la comunidad. En tal virtud, se le debe otorgar un plazo mínimo de tres (03) meses para la desocupación del inmueble, contado a partir de la fecha en que se haga efectivo el pago del total de las prestaciones sociales y demás deudas laborales que persistieran al término de la relación laboral.

A los efectos de esta disposición, queda entendido que en el mismo momento en el cual la trabajadora o el trabajador desocupe la vivienda, deberá entregarla a la junta de condominio en las mismas condiciones en las cuales la recibió, sin que ello implique la responsabilidad de cubrir el deterioro del inmueble por los daños transcurridos u ocasionados por terceros.

Así mismo, para dar cumplimiento a los lapsos para la desocupación de la vivienda, la junta de condominio preverá la contratación de un trabajador o trabajadora suplente durante el tiempo que lleve el proceso de desocupación, no estando obligado a trabajar durante dicho período la trabajadora o el trabajador residencial.

En el reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley podrá establecerse un plazo mayor para la desocupación de la vivienda con ocasión de la terminación de la relación laboral, en aquellos casos donde la misma obedezca a razones de discapacidad derivada de enfermedad ocupacional, accidente de trabajo certificados por el órgano competente, o por enfermedad o accidente no ocupacional.

Artículo 41.—Garantía del pago de los pasivos laborales. Cuando el patrono o patrona incumpla su obligación de pagar al trabajador o trabajadora sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales derivados de la relación de trabajo, conforme a las previsiones establecidas en la legislación laboral, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a continuar ocupando la vivienda que se le ha asignado con ocasión de su trabajo, hasta tanto se haga efectivo el pago correspondiente y transcurra el plazo de tres (03) meses referido en el artículo anterior.

En ningún caso podrá exigirse desocupación sin la cancelación de las prestaciones y demás deudas con el trabajador o trabajadora, que constituyen su medio fundamental para acceder a otra vivienda. En caso de fallecimiento del trabajador o trabajadora, las mismas deberán ser canceladas a sus descendientes o y en caso de que no los hubiere a sus ascendientes.

TÍTULO VI
DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS AL HÁBITAT Y LA VIVIENDA DIGNOS

Artículo 42.—Del espacio de habitación del trabajador o trabajadora y su familia. La vivienda del trabajador o trabajadora residencial debe tener las mismas condiciones de habitabilidad que el resto de viviendas multifamiliares que componen el inmueble, a objeto de garantizar los derechos de: higiene, privacidad, seguridad, comodidad, dignidad y salubridad que como habitante del inmueble le corresponden.

Artículo 43.—Prohibición de destinar la vivienda del trabajador o trabajadora residencial para fines distintos. La vivienda que corresponda al trabajador o trabajadora residencial será destinada únicamente para su habitación, con ocasión de la relación laboral. En consecuencia, se prohíbe la incorporación en ésta de dispositivos que controlen el funcionamiento de los servicios correspondientes al inmueble en el cual presta sus servicios.

Los inmuebles de viviendas multifamiliares construidos a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberán cumplir con lo establecido en el presente artículo.

El Ejecutivo Nacional, mediante resolución del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, establecerá los plazos y condiciones para la adecuación de los inmuebles existentes a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, a lo establecido en el encabezado del presente artículo.

En ningún caso podrá alterarse el destino originario de la vivienda familiar temporal del trabajador o trabajadora residencial, en perjuicio del mismo o su familia.

Artículo 44.—Garantía de servicios públicos. El patrono debe garantizar que la vivienda asignada al trabajador o trabajadora residencial tenga acceso a los servicios básicos en las mismas condiciones que el resto de las viviendas que componen el inmueble.

El pago de los servicios públicos de agua, gas y electricidad, así como la renta básica del servicio de telefonía fija, con los cuales esté dotada la vivienda de la trabajadora o el trabajador residencial, correrá por cuenta del patrono.

Se prohíbe al patrono el cobro al trabajador o trabajadora residencial de alguna cantidad por concepto de canon de arrendamiento de la vivienda que habita.

Artículo 45.—Del derecho al uso y disfrute de los espacios públicos del inmueble. Los espacios públicos y comunes del inmueble no podrán ser restringidos para el uso del trabajador o trabajadora residencial, ni para el de los integrantes de su núcleo familiar, atendiendo a los principios de igualdad y equidad. Así mismo debe garantizárseles el acceso a las áreas comunes, ascensores y servicios a los que tenga acceso toda la comunidad, en igualdad de condiciones.

Artículo 46.—Sobre el derecho a la vivienda. El Ejecutivo Nacional diseñará e implantará políticas especiales que garanticen al derecho a una vivienda digna el sector de los trabajadores y trabajadoras residenciales, como sujetos de atención especial, muy especialmente a aquellos grupos familiares donde existan adultos o adultas mayores, con enfermedades o algún grado de discapacidad.

TÍTULO VII
DE LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY

CAPÍTULO I
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO

Artículo 47.—De los Órganos responsables del cumplimiento de esta ley. Sin perjuicio de las competencias de todo los organismos del Estado llamados a garantizar los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras residenciales y sus familiares, establecidos en la constitución y leyes de la República, los ministerios con competencia en materia de asuntos de la mujer y la igualdad de géneros, del trabajo y de la seguridad social, vivienda y hábitat, así como la Defensoría del Pueblo, velarán por el cumplimiento de esta ley para la superación de relaciones de dominación y explotación y la progresiva dignificación del trabajador y trabajadora residencial.

Artículo 48.—De la Defensa Pública de los trabajadores y trabajadoras residenciales. En virtud de la vulnerabilidad de este sector de trabajadores y trabajadoras, la Defensa Pública habilitará la defensa y atención jurídica gratuita, con la finalidad de contener los atropellos y violaciones de derechos humanos en todas las áreas de acción de esta ley, garantizando el debido proceso.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Artículo 49.—De las distintas formas de organización. Se respetarán y reconocerán todas aquellas formas de organización popular que autónomamente constituyan los trabajadores y trabajadoras residenciales para la lucha por sus derechos y el fortalecimiento del ejercicio directo y autónomo del Poder Popular, así como las prácticas corresponsables con el Estado, especialmente en la garantía del cumplimiento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Artículo 50.—De la organización territorial. Las organizaciones populares de trabajadores y trabajadoras residenciales con el apoyo corresponsable del Estado promoverán la organización de dicho sector, priorizando un criterio de agrupación territorial de acuerdo a las condiciones más favorables para los trabajadores y trabajadoras que compartan un mismo eje geográfico urbano.

Artículo 51.—De la corresponsabilidad en sus planes y políticas. El Estado tiene la obligación de asumir de manera corresponsable el apoyo a los programas, planes, políticas y proyectos en todas las áreas que desarrollen estas organizaciones populares, teniendo como prioridad siempre:

• Derechos de las mujeres.

• Derechos de las familias.

• Derechos laborales.

• Derechos al hábitat y la vivienda.

Toda política pública que se desarrolle en relación a trabajadores y trabajadoras residenciales debe ser diseñada, ejecutada y evaluada con las organizaciones populares del referido sector. Fundamentalmente para efecto del desarrollo de política y planes en ejes territoriales concretos.

Artículo 52.—De la articulación popular. Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras residenciales se articularán entre ellas y con las otras organizaciones y expresiones del movimiento popular del territorio para el impulso de políticas y planes comunes.

TÍTULO VIII
DEL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL
A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS RESIDENCIALES

CAPÍTULO I
POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS RESIDENCIALES

Artículo 53.—Definición. El Ejecutivo Nacional desarrollará una política de atención integral a los trabajadores y trabajadoras residenciales, que será diseñada, ejecutada y evaluada de manera corresponsable entre este y las expresiones de organización popular de los trabajadores y trabajadoras residenciales. De igual manera el Estado garantizará el desarrollo de las políticas públicas que se consideren pertinentes para la atención a las necesidades de este grupo vulnerable.

Artículo 54.—De las áreas de acción de políticas públicas. Las políticas de atención integral a los trabajadores y trabajadoras residenciales se orientarán hacia el fortalecimiento de las siguientes áreas prioritarias:

1. Área de Vivienda popular.

2. Área de desarrollo humano: Economía Comunal, Mujer, Familia, Educación, Formación y Cultura.

3. Área de Derechos laborales y protección social.

Artículo 54.—Consejo de Protección Integral. El Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la potestad organizativa de la Administración Pública Nacional, podrá crear un Consejo de Protección Integral, como instancia encargada de velar por la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras residenciales.

El referido Consejo de Protección Integral, ejercerá la rectoría en las políticas de atención integral de los trabajadores y las trabajadoras residenciales.

En la conformación del Consejo de Protección Integral deberán participar representantes de las vocerías de los Consejos Populares de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales, y de otras formas de organización popular de dichos trabajadores y trabajadoras.

NOTA DEL EDITOR: En el texto publicado en Gaceta Oficial, se repite por error el artículo 54.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Dentro del plazo de seis (06) meses contado a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, deberán adecuarse a las normas y previsiones aquí establecidas todas las relaciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras residenciales.

Segunda.—El Reglamento del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberá ser dictado en un plazo no mayor de seis (06) meses, contado a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Las contravenciones a las disposiciones previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán sancionadas conforme a la legislación aplicable, según la naturaleza del ilícito, sin menoscabo de las acciones que por indemnización, puedan ejercer los trabajadores y trabajadoras residenciales, para obtener el resarcimiento por daños y perjuicios que les sean causados.

Segunda.—El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley entrará en vigencia con su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los cinco días del mes de mayo de dos mil once. Años 201º de la Independencia, y 151º de la Federación y 12º de la Revolución Bolivariana.