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29 junio 2010

SUDEBAN Publica resolucion 262.10 modificando el manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones (Sudeban) modificó el Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo. La decisión fue emitida mediante la Resolución 262.10.

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.443
Caracas, jueves 10 de junio de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Resolución N° 262.10
Caracas, 09 de mayo de 2010
200° y 151°
Resolución:
Visto que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras está facultada para promulgar regulaciones de carácter contable, en cuanto a la forma de registro y presentación de la información financiera que deben suministrar las instituciones sometidas a su inspección, supervisión, vigilancia y control; a los fines que la contabilidad de dichas instituciones reflejen fielmente todas las operaciones activas, pasivas, directas o contingentes derivadas de los actos y contratos realizados, y en particular que el Manual de Contabilidad para Bancos y Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo esté actualizado y basado en la normativa prudencial y en los principios de supervisión bancaria efectiva acogidos por este ente supervisor.
Visto que en el artículo 3 de la Resolución Nro. 270.01 del 21 de diciembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 5.572 Extraordinario de fecha 17 de enero de 2002, establece que el Manual de Contabilidad para Bancos y Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo será objeto de actualizaciones con la frecuencia que estime la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
En virtud de lo anterior, este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo 193 y el numeral 19 del artículo 235 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.947 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2009,
Resuelve:
Artículo 1º—Modificar el Manual de Contabilidad para Bancos y Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, emitido por este Órgano Regulador mediante la Resolución Nro. 270.01 del 21 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nro. 5.572 Extraordinario de fecha 17 de enero de 2002.
Artículo 2º—Se incorporan las subcuentas y sub subcuentas que se indican a continuación:

173.05 Equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
173.05.M.01 Equipos de computación relativos al proyecto de incorporación del Chip
173.05.M.02 Otros equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
173.49.M.01 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)
173.49.M.02 (Depreciación acumulada de equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip)
173.49.M.02.01 (Depreciación acumulada de equipos de computación relativos al proyecto de incorporación del Chip)
173.49.M.02.02 (Depreciación acumulada de otros equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip)
181.09 Gastos relativos al proyecto de incorporación del Chip
181.09.M.01 Asesorías
181.09.M.01.01 Valor de origen
181.09.M.01.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.02 Publicidad
181.09.M.02.01 Valor de origen
181.09.M.02.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.03 Adiestramiento, capacitación y otros gastos de personal
181.09.M.03.01 Valor de origen
181.09.M.03.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.04 Adecuación de espacios físicos
181.09.M.04.01 Valor de origen
181.09.M.04.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.05 Sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito y crédito

181.09.M.05.01 Valor de origen
181.09.M.05.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.06 Software
181.09.M.06.01 Valor de origen
181.09.M.06.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.07 Licencias compradas
181.09.M.07.01 Valor de origen
181.09.M.07.02 (Amortización acumulada)
182.03.M.01 Existencias de papelerías y efectos varios
182.03.M.02 Existencias de tarjetas de débito y crédito con Chip
182.03.M.03 Existencias de tarjetas de débito y crédito que mantengan las instituciones financieras al 31 de diciembre de 2010 sin Chip

447.02.M.01 Depreciación de mobiliarios y equipos
447.02.M.02 Depreciación de equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
448.09 Amortización de gastos relativos al proyecto de incorporación del Chip
448.09.M.01 Asesorías
448.09.M.02 Publicidad
448.09.M.03 Adiestramiento, capacitación y otros gastos de personal
448.09.M.04 Adecuación de espacios físicos
448.09.M.05 Sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito y crédito
448.09.M.06 Software
448.09.M.07 Licencias compradas

Artículo 3º—Las páginas modificadas del Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, quedan de la siguiente manera:

CATÁLOGO DE CUENTAS

CÓDIGO NOMBRE
172.49.M.06 (Depreciación acumulada de instalaciones entregadas en fideicomiso)
173.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS
173.01 Mobiliario de oficina
173.02 Equipos de computación
173.03 Otros Equipos de Oficina
173.04 Equipos reconversión monetaria
173.05 Equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
173.05.M.01 Equipos de computación relativos al proyecto de incorporación del Chip
173.05.M.02 Otros equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
173.49 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)
173.49.M.01 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)
173.49.M.02 (Depreciación acumulada de equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip)
173.49.M.02.01 (Depreciación acumulada de equipos de computación relativos al proyecto de incorporación del Chip)
173.49.M.02.02 (Depreciación acumulada de otros equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip)
174.00 EQUIPOS DE TRANSPORTE
174.01 Vehículos
174.02 Otros equipos de transporte
174.49 (Depreciación acumulada de equipos de transporte)

175.00 BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
175.01 Inmuebles adquiridos en arrendamiento financiero
175.02 Mobiliario y equipo de oficina adquiridos en arrendamiento financiero
175.03 Equipos de transporte adquiridos en arrendamiento financiero
175.04 Otros bienes adquiridos en arrendamiento financiero
175.49 (Depreciación acumulada de bienes adquiridos en arrendamiento financiero)
176.00 OBRAS EN EJECUCIÓN
176.01 Obras en ejecución
177.00 OTROS BIENES
177.01 Biblioteca
177.02 Obras de arte
177.03 Otros bienes de uso
180.00 OTROS ACTIVOS
181.00 GASTOS DIFERIDOS
181.01 Gastos de organización e instalaciones
181.01.M.01 Valor de origen de gastos de organización e instalación
181.01.M.02 (Amortización acumulada de gastos de organización e instalación)
181.02 Mejoras o propiedades tomadas en alquiler
181.02.M.01 Valor de origen de mejoras o propiedades tomadas en alquiler
181.02.M.02 (Amortización acumulada de mejoras a propiedades tomadas en alquiler)
181.03 Software

181.03.M.01 Valor de origen del software
181.03.M.02 (Amortización acumulada del software)
181.05 Plusvalía
181.05.M.01 Valor de origen de plusvalía por adquisición total o fusión
181.05.M.02 (Amortización acumulada de plusvalía por adquisición total o fusión)
181.05.M.03 Valor de origen de plusvalía por adquisición parcial
181.05.M.04 (Amortización acumulada de plusvalía por adquisición parcial)
181.05.M.05 Valor de origen de otras plusvalías
181.05.M.06 (Amortización acumulada de otras plusvalías)
181.06 Otros gastos diferidos
181.06.M.01 Valor de origen de otros gastos diferidos
181.06.M.02 (Amortización acumulada de otros gastos diferidos)
181.07 Licencias compradas
181.07.M.01 Valor de origen de licencias compradas
181.07.M.02 (Amortización acumulada de licencias compradas)
181.08 Gastos por reconversión monetaria
181.08.M.01 Asesorías
181.08.M.01.01 Valor de origen
181.08.M.01.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.02 Publicidad
181.08.M.02.01 Valor de origen
181.08.M.02.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.03 Seguridad

181.08.M.03.01 Valor de origen
181.08.M.03.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.04 Software
181.08.M.04.01 Valor de origen
181.08.M.04.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.05 Administración, viáticos y otros gastos de personal
181.08.M.05.01 Valor de origen
181.08.M.05.02 (Amortización acumulada)
181.09 Gastos relativos al proyecto de incorporación del Chip
181.09.M.01 Asesorías
181.09.M.01.01 Valor de origen
181.09.M.01.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.02 Publicidad
181.09.M.02.01 Valor de origen
181.09.M.02.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.03 Adiestramiento, capacitación y otros gastos del personal
181.09.M.03.01 Valor de origen
181.09.M.03.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.04 Adecuación de espacios físicos
181.09.M.04.01 Valor de origen
181.09.M.04.02 (Amortización acumulada)

181.09.M.05 Sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito y crédito
181.09.M.05.01 Valor de origen
181.09.M.05.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.06 Software
181.09.M.06.01 Valor de origen
181.09.M.06.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.07 Licencias compradas
181.09.M.07.01 Valor de origen
181.09.M.07.02 (Amortización acumulada)
182.00 BIENES DIVERSOS
182.01 Bienes dados en alquiler
182.01.M.01 Valor de bienes dados en alquiler
182.01.M.02 (Depreciación acumulada de bienes dados en alquiler)
182.02 Bienes asignados para uso del personal
182.02.M.01 Valor de bienes asignados para uso del personal
182.02.M.02 (Depreciación acumulada de bienes asignados para uso del personal)
182.03 Existencia de papelería y efectos varios
182.03.M.01 Existencia de papelería y efectos varios
182.03.M.02 Existencia de tarjetas de débito y crédito con Chip
182.03.M.03 Existencia de tarjetas de débito y crédito que mantenga las instituciones financieras al 31 de diciembre de 2010 sin Chip
182.04 Numismática
182.05 Otros bienes diversos
183.00 OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
183.01 Oficina principal y sucursales

184.00 PROGRAMAS ESPECIALES
184.01 Programa transferencia de depósitos
184.02 Rendimientos por cobrar por programa transferencia de depósitos
184.03 Subsidios por cobrar
184.04 Depósitos y títulos vencidos por cobrar
184.04.M.01 En instituciones financieras del país
184.04.M.02 Otros depósitos y títulos vencidos por cobrar
184.99 Otros programas especiales
185.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
185.01 Impuesto sobre la renta diferido
186.00 PARTIDAS POR APLICAR
186.01 Faltantes de caja
186.02 Operaciones en suspenso
186.03 Operaciones en tránsito
186.04 Fondos de caja chica pendientes de rendición
186.99 Otras partidas por aplicar
187.00 TÍTULOS VALORES VENCIDOS
187.01 Títulos valores vencidos
187.02 Rendimientos por cobrar por inversiones vencidas
188.00 VARIOS

188.01 Anticipos a proveedores
188.02 Impuestos pagados por anticipado
188.02.M.01 I.V.A. arrendamiento financiero
188.02.M.02 Otros impuestos pagados por anticipado
188.03 Suscripciones pagadas por anticipado
188.04 Intereses y comisiones pagadas por anticipado
188.05 Anticipos de sueldo al personal
188.06 Otros gastos pagados por anticipado
188.06.M.01 Gastos en publicidad y mercadeo
188.06.M.99 Otros
188.07 Indemnizaciones reclamadas por siniestros
188.08 Depósitos dados en garantía
188.09 Depósitos judiciales y administrativos
188.10 Depósitos en garantías por operaciones con derivados
188.11 Erogaciones recuperables
188.11.M.01 Por cobro judicial o extrajudicial
188.11.M.02 Por servicios bancarios
188.11.M.03 Por gastos de notaría y registro
188.11.M.04 Erogaciones recuperables varias
188.12 Otras partidas a regularizar por operaciones con derivados

188.13 Partidas a regularizar por operaciones de derivados de cobertura
188.14 Derechos por operaciones de derivados
188.15 Partidas pendientes por contabilizar
188.15.M.01 Partidas deudoras en moneda nacional pendientes por contabilizar
188.15.M.02 Partidas deudoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar
188.15.M.03 Partidas acreedoras en moneda nacional pendientes por contabilizar
188.15.M.04 Partidas acreedoras en moneda extranjera pendientes por contabilizar
188.16 Diferencias del ajuste por redondeo en la reconversión monetaria
188.16.M.01 Disponibilidades
188.16.M.01.01 Diferencias deudoras
188.16.M.01.02 (Diferencias acreedoras)
188.16.M.02 Inversiones en títulos valores
188.16.M.02.01 Diferencias deudoras
188.16.M.02.02 (Diferencias acreedoras)
188.16.M.03 Cartera de créditos
188.16.M.03.01 Diferencias deudoras
188.16.M.03.02 (Diferencias acreedoras)
444.99 Otros seguros
445.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
445.01 Impuestos municipales

445.02 Impuesto al débito bancario
445.03 Impuesto a las transacciones financieras
445.99 Otros impuestos y contribuciones
446.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
446.01 Mantenimiento y reparaciones para bienes de uso
446.02 Mantenimiento y reparaciones para bienes diversos
446.03 Condominio
447.00 DEPRECIACIÓN Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES DE USO
447.01 Depreciación de edificaciones e instalaciones
447.02 Depreciación de mobiliario y equipos
447.02.M.01 Depreciación de mobiliario y equipos
447.02.M.02 Depreciación de equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
447.03 Depreciación de equipos de transporte
447.04 Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero
447.05 Pérdidas por desvalorización de bienes en uso
447.06 Depreciación de equipos para la reconversión monetaria
448.00 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS
448.01 Amortización de gastos de organización e instalación
448.02 Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler
448.03 Amortización de software
448.05 Amortización de plusvalía
448.06 Amortización de otros gastos diferidos
448.07 Amortización de licencias compradas
448.08 Amortización de gastos por la reconversión monetaria
448.08.M.01 Asesorías
448.08.M.02 Publicidad
448.08.M.03 Seguridad

448.08.M.04 Software
448.08.M.05 Adiestramiento, viáticos y otros gastos de personal
448.09 Amortización de gastos relativos al proyecto de incorporación del Chip
448.09.M.01 Asesorías
448.09.M.02 Publicidad
448.09.M.03 Adiestramiento, capacitación y otros gastos de personal
448.09.M.04 Adecuación de espacios físicos
448.09.M.05 Sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito y crédito
448.09.M.06 Software
448.09.M.07 Licencias compradas
449.00 OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
449.01 Agua, electricidad y gas
449.02 Alquiler de bienes
449.03 Arrendamiento de bienes de uso
449.04 Otros gastos de infraestructura
449.05 Papelería y efectos de escritorio
449.06 Materiales y útiles de aseo
449.07 Portes y estampillas fiscales
449.08 Gastos por emisión e impresión de títulos valores
449.09 Gastos legales

449.10 Suscripciones
449.11 Propaganda y publicidad
449.12 Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria
449.13 Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

GRUPO BIENES DE USO
CUENTA CÓDIGO: 173.00
NOMBRE: MOBILIARIO Y EQUIPOS
DESCRIPCIÓN En esta cuenta se presenta el valor neto del mobiliario y los equipos de la institución, destinados a su uso, el equipo computación que se registra en la correspondiente subcuenta de esta cuenta está compuesto sólo por el hardware, el software debe ser registrado en la subcuenta "181.03- Software".
Estos bienes deben ser depreciados a partir del mes siguiente al de su incorporación o registro en esta cuenta, independientemente de si están en uso o no.
DINÁMICA Para las subcuentas "173.01 - Mobiliario de oficina", "173.02 - Equipos de computación", "173.03 - Otros equipos de oficina" y "173.04 - Equipos reconversión monetaria", similar a la establecida para la subcuenta "172.01 - Edificaciones" y para la subcuenta "173.49 - (Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)" similar a la establecida para la subcuenta "172.49 - (Depreciación acumulada de edificaciones e instalaciones)".
SUBCUENTAS 173.01 Mobiliario de oficina
173.02 Equipos de computación
173.03 Otros equipos de oficina
173.04 Equipos reconversión monetaria
DESCRIPCIÓN En esta subcuenta se registran las erogaciones efectuadas por la institución financiera en el proceso de reconversión monetaria por concepto de adquisición, adecuación o mejoras de equipos tecnológicos (hardware) que cumplan con la descripción de este grupo, los cuales se depreciarán a partir del mes de abril de 2008, por el método de línea recta en cuotas mensuales y consecutivas en un plazo de cinco (5) años.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables efectuados en esta subcuenta. Si de la revisión que efectuara este Organismo se determinan partidas u operaciones que no se corresponden con las erogaciones antes señaladas, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los ajustes a que hubiere lugar.
SUBCUENTA 173.05 Equipos relativos al proyecto de Incorporación del Chip
DESCRIPCIÓN En esta subcuenta se registran los importes de los equipos correspondientes al proyecto de Incorporación del Chip de la institución financiera, los cuales se depreciarán a partir de enero de 2011 por el método de línea recta en cuotas mensuales y consecutivas.
Para aquellas instituciones financieras que al 31 de diciembre de 2010 o antes de esa fecha, hayan culminado satisfactoriamente el proyecto de Incorporación del Chip aplicarán los plazos de depreciación que se indican a continuación:

CONCEPTO PLAZO DE AMORTIZACIÓN
Equipos de computación 6
Otros equipos 10

Las instituciones financieras que no culminan o que no cumplan satisfactoriamente el proyecto de Incorporación del Chip al 31 de diciembre de 2010, no gozarán de la excepción regulatoria antes indicada y consecuentemente, deberán aplicar a partir del 1 de enero de 2011, a los referidos importes los plazo de depreciación establecidos en la descripción del Grupo 170.00 "Bienes de Uso" los cuales son: Para los equipos de computación de cuatro (4) años y para los otros equipos de ocho (8) años.
Los equipos de computación y otros equipos correspondientes al proyecto de Incorporación del Chip que se encuentren registrados contablemente en otras subcuentas deberán ser reclasificados en esta subcuenta.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables efectuados en esta subcuenta. Si de la revisión que efectuara este Organismo se determinan partidas u operaciones que no se corresponden con los conceptos y plazos antes señalados, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los ajustes a que hubiere lugar.
SUBCUENTAS
173.05.M.01 Equipos de computación relativos al proyecto de Incorporación del Chip
En esta subcuenta se registran las erogaciones efectuadas por la institución financiera para el cumplimiento del proyecto de incorporación del Chip por concepto de adquisición de los equipos de computación, catalogados como mini, personales o estaciones de trabajo.
173.05.M.02 Otros equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
En esta subcuenta se registran las erogaciones efectuadas por la institución financiera para el proyecto de incorporación del Chip por concepto de adquisición de los dispositivos y/o equipos electrónicos que a continuación se indican:
- Datacard (instaladas en las agencias y oficinas principales).
- Cajeros Automáticos (ATM).
- Puntos de Venta (POS).
- Cajas o tarjetas encriptoras o criptográficas.
- Suiches transaccionales.
- Routers.
- Ensobradoras.
- Partes, piezas o repuestos de cajeros automáticos.
SUBCUENTAS 173.49 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)

SUBSUBCUENTAS
173.49.M.01 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)
173.49.M.02 (Depreciación acumulada de equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip)
173.49.M.02.01 (Depreciación acumulada de equipos de computación relativos al proyecto de incorporación del Chip)
173.49.M.02.02 (Depreciación acumulada de otros equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip)
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables efectuados en esta subcuenta. Si de la revisión que efectuara este Organismo se determinan partidas u operaciones que no se corresponden con los importes antes señalados, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los ajustes a que hubiere lugar.
181.08.M.01 Asesorías
181.08.M.01.01 Valor de origen
181.08.M.01.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.02 Publicidad
181.08.M.02.01 Valor de origen
181.08.M.02.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.03 Seguridad
181.08.M.03.01 Valor de origen
181.08.M.03.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.04 Software
181.08.M.04.01 Valor de origen
181.08.M.04.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.05 Administración, viáticos y otros gastos de personal
181.08.M.05.01 Valor de origen
181.08.M.05.02 (Amortización acumulada)

SUBCUENTA 181.09 Gastos relativos al proyecto de incorporación al Chip
DESCRIPCIÓN En esta subcuenta se registran los importes relativos al proyecto de Incorporación del Chip de la institución financiera relativos a: Licencias, software, adiestramiento, capacitación y otros gastos de personal, adecuación de espacios físicos y sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito o crédito.
En ese sentido, para aquellas instituciones financieras que al 31 de diciembre de 2010 o antes de esa fecha, hayan culminado satisfactoriamente el proyecto de Incorporación del Chip, podrán amortizar dichos importes a partir del mes de enero de 2011, por el método de línea recta en cuotas mensuales y consecutivas, aplicando los plazos de amortización que se indican a continuación:

CONCEPTO PLAZO DE AMORTIZACIÓN
Asesorías. 1 año
Publicidad, educación e información a la clientela para el adecuado uso de los servicios de pago electrónico. 2 años
Adiestramiento, capacitación y otros gastos de personal. 2 años
Adecuación de espacios físicos. 3 años
Sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito y crédito. 3 años
Licencias. 6 años
Software. 6 años

Las instituciones financieras que no culminen o que no cumplan satisfactoriamente el proyecto de Incorporación del Chip al 31 de diciembre de 2010, no gozarán de la excepción regulatoria antes indiciada y consecuentemente, deberán aplicar a partir del 1 de enero de 2011, lo siguiente:
- Licencias y Software: El plazo de amortización establecido en la descripción del Grupo 180.00 "Otros activos" es decir de cuatro (4) años.
- Para los gastos de asesoría, adiestramiento, adecuación de espacios, físicos, capacitación y otros gastos de personal: Serán llevados directamente a la cuenta de gasto respectiva.
- Publicidad: Deberán ser amortizados en un plazo no mayor de un (1) año siempre y cuando se trate de publicidad pagada por anticipado.
- Sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito y crédito: Se podrá amortizar en un plazo no mayor de un (1) año.
Los importes relativos al proyecto de Incorporación del Chip de la institución financiera que se encuentren registrados contablemente en otras subcuentas deberán ser reclasificados en esta subcuenta.
La institución financiera deberá llevar un control de todos los registros contables efectuados en esta subcuenta. Si de la revisión que efectuara este Organismo se determinan partidas u operaciones que no se corresponden con los conceptos y plazos antes señalados, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras instruirá los ajuste a que hubiere lugar.
SUBSUBCUENTAS
181.09.M.01 Asesorías
181.09.M.01.01 Valor de origen
181.09.M.01.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.02 Publicidad
181.09.M.02.01 Valor de origen
181.09.M.02.02 (Amortización acumulada)

181.09.M.03 Adiestramiento, capacitación, y otros gastos de personal
81.09.M..03.01 Valor de origen
81.09.M..03.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.04 Adecuación de espacios físicos
181.09.M.04.01 Valor de origen
181.09.M.04.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.05 Sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito y crédito
181.09.M.05.01 Valor de origen
181.09.M.05.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.06 Software
181.09.M.06.01 Valor de origen
181.09.M.06.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.07 Licencias compradas
181.09.M.07.01 Valor de origen
181.09.M.07.02 (Amortización acumulada)
Se acredita:
1. Por el valor contable de los bienes utilizados o vendidos.
2. Por los ajustes por diferencias de inventario al realizarse recuentos físicos.
3. Por su ajuste al valor de mercado, si éste es menor al valor de registro.
SUBSUBCUENTAS
182.03.M.01 Existencia de papelería y efectos varios
182.03.M.02 Existencia de tarjetas de débito y crédito con Chip
182.03.M.03 Existencia de tarjetas de débito y crédito que mantengan las instituciones financieras al 31 de diciembre de 2010 sin Chip

DESCRIPCIÓN: A esta subsubcuenta se reclasificará la existencia de plásticos de tarjetas de débito y crédito que mantengan las instituciones financieras al 31 de diciembre de 2010 y que no serán utilizadas visto que no presentan el mecanismo de seguridad del Chip.
Aquellas instituciones financieras que al 31 de diciembre de 2010 o antes de esa fecha, hayan culminado satisfactoriamente el proyecto de incorporación del Chip, podrán amortizar esta partida a partir del mes de enero de 2011, por el método de línea recta en cuotas mensuales y consecutivas, en un plazo no mayor de dos (2) años.
Las instituciones financieras que no culminen o que no cumplan satisfactoriamente el proyecto de incorporación del Chip al 31 de diciembre de 2010, no gozarán de la excepción regulatoria antes indicada y consecuentemente el importe correspondiente a esta subsubcuenta deberá ser amortizado en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir del mes de enero de 2011.
SUBCUENTA 182.04 Numismática
DESCRIPCIÓN En esta subcuenta se registran las colecciones numismáticas que son propiedad de la institución. Estas se valúan a su valor de costos o de mercado, el más bajo, y no corresponde registrar depreciaciones.
DINÁMICA Se debita:
1. Por el valor de costo de las adquisiciones.
2. Por los ajustes por diferencias de inventario al realizarse recuentos físicos.
Se acredita:
1. Por el valor contable de los bienes utilizados o vendidos.
2. Por los ajustes por diferencias de inventario al realizarse recuentos físicos.
SUBCUENTA 182.05 Otros bienes diversos
DESCRIPCIÓN En esta subcuenta se registran los demás bienes de la institución que no corresponda incluir en las anteriores subcuentas de esta cuenta. Estos bienes se valúan a su valor de costo o mercado, el más bajo y no corresponde registrar depreciaciones.

DINÁMICA Se debita:
1. Por el valor de costo de los bienes o por el valor al que se encontraban registrados en la cuenta de la que son transferidos.
Se acredita:
Por el valor contable de los bienes, cuando son transferidos a otra cuenta o son vendidos.
GRUPO GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
CUENTA CODIGO 447.00
NOMBRE: DEPRECIACIÓN Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES DE USO
DESCRIPCIÓN En esta cuenta se registra la depreciación del ejercicio de los bienes de uso de la institución registrados en el grupo del activo del mismo nombre.
DINÁMICA Se debita:
1. Por la depreciación mensual de los bienes de uso.
Se acredita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del ejercicio.
SUBCUENTA 447.01 Depreciación de edificaciones e instalaciones
447.02 Depreciación de mobiliario y equipos
SUBSUBCUENTAS
447.02.M.01 Depreciación de mobiliario y equipos
447.02.M.02 Depreciación de equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
SUBCUENTAS 447.03 Depreciación de equipos de transporte
447.04 Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero
447.05 ¨Pérdidas por desvalorización de bienes de uso
447.06 Depreciación de equipos para la reconversión monetaria

GRUPO GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
CUENTA CÓDIGO 448.00
NOMBRE AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS
DESCRIPCIÓN En esta cuenta se registra la amortización, que corresponde realizar en el ejercicio, de gastos diferidos, registrados en el grupo de otros activos, con el mismo nombre.
DINÁMICA Se debita:
1. Por la amortización mensual de los gastos diferidos.
Se acredita:
1. Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del ejercicio.
SUBCUENTAS 448.01 Amortización de gastos de organización e instalación
448.02 Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler
448.03 Amortización de software
448.05 Amortización de plusvalía
448.06 Amortización de otros gastos diferidos
448.07 Amortización de de licencias compradas
448.08 Amortización de gastos por la reconversión monetaria
SUBSUBCUENTAS
448.08.M.01 Asesorías
448.08.M.02 Publicidad
448.08.M.03 Seguridad
448.08.M.04 Software
448.08.M.05 Adiestramiento, viáticos, y otros gastos de personal
448.09 Amortización de gastos relativos al proyecto de incorporación del Chip

SUBSUBCUENTAS
448.09.M.01 Asesorías
448.09.M.02 Publicidad
448.09.M.03 Adiestramiento, capacitación, y otros gastos de personal
448.09.M.04 Adecuación de espacios físicos
448.09.M.05 Sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito y crédito
448.09.M.06 Software
448.09.M.07 Licencias compradas

Forma "E"
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA BALANCE GENERAL AL
Código DESCRIPCIÓN Moneda Nacional Moneda Extranjera Total
172.49.M.05 (Depreciación acumulada de instalaciones en uso)
172.49.M.06 (Depreciación acumulada de instalaciones entregadas en fideicomiso)
173.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS
173.01 Mobiliario de oficina
173.02 Equipos de computación
173.03 Otros equipos de oficina
173.04 Equipos reconversión monetaria
173.05 Equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
173.05.M.01 Equipos de computación relativos al proyecto de incorporación del Chip
173.05.M.02 Otros equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
173.49 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)
173.49.M.01 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)
173.49.M.02 (Depreciación acumulada de equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip)
173.49.M.02.01 (Depreciación acumulada de equipos de computación relativos al proyecto de incorporación del Chip)
173.49.M.02.02 (Depreciación acumulada de otros equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip)
174.00 EQUIPOS DE TRANSPORTE
174.01 Vehículos
174.02 Otros equipos de transporte

174.49 (Depreciación acumulada de equipos y transporte)
175.00 BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
175.01 Inmuebles adquiridos en arrendamiento financieros
175.02 Mobiliario y equipo de oficinas adquiridos en arrendamiento financieros
175.03 Equipos de transporte adquiridos en arrendamiento financieros
175.04 Otros bienes adquiridos en arrendamiento financieros
175.49 (Depreciación acumulada de bienes adquiridos en arrendamiento financieros)
176.00 OBRAS EN EJECUCIÓN
176.01 Obras en ejecución
177.00 OTROS BIENES
177.01 Biblioteca
177.02 Obras de arte
177.03 Otros bienes en uso
180.00 OTROS ACTIVOS
181.00 GASTOS DIFERIDOS
181.01 Gastos de organización e instalaciones
181.01.M.01 Valor de origen de gastos de organización e instalación
181.01.M.02 (Amortización acumulada de gastos de organización e instalación
181.02 Mejoras a propiedades tomadas en alquiler

181.02.M.01 valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler
181.02.M.02 (Amortización acumulada de mejoras a propiedades tomadas en alquiler)
181.03 Software
181.03.M.01 Valor de origen del software
181.03.M.02 (Amortización acumulada del software)
181.05 Plusvalía
181.05.M.01 Valor de origen de plusvalía por adquisición total o fusión
181.05.M.02 (Amortización acumulada de plusvalía por adquisición total o fusión)
181.05.M.03 Valor de origen de plusvalía por adquisición parcial
181.05.M.04 (Amortización acumulada de plusvalía por adquisición parcial
181.05.M.05 Valor de origen de otras plusvalía
181.05.M.06 (Amortización acumulada de otras plusvalías)
181.06 Otros gastos diferidos
181.06.M.01 Valor de origen de otros gastos diferidos
181.06.M.02 (Amortización acumulada de otros gastos diferidos)
181.07 Licencias compradas
181.07.M.01 Valor de origen de licencias compradas
181.07.M.02 (Amortización acumulada de licencias compradas)
181.08 Gastos por reconversión monetaria

181.08.M.01 Asesorías
181.08.M.01.01 Valor de origen
181.08.M.01.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.02 Publicidad
181.08.M.02.01 Valor de origen
181.08.M.02.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.03 Seguridad
181.08.M.03.01 Valor de origen
181.08.M.03.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.04 Software
181.08.M.04.01 Valor de origen
181.08.M.04.02 (Amortización acumulada)
181.08.M.05 Adiestramiento, viáticos, y otros gastos de personal
181.08.M.05.01 Valor de origen
181.08.M.05.02 (Amortización acumulada)
181.09 Gastos relativos al proyecto de incorporación del Chip
181.09.M.01 Asesorías
181.09.M.01.01 Valor de origen
181.09.M.01.02 (Amortización acumulada)

181.09.M.02 Publicidad
181.09.M.02.01 Valor de origen
181.09.M.02.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.03 Adiestramiento, capacitación y otros gastos de personal
181.09.M.03.01 Valor de origen
181.09.M.03.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.04 Adecuación de espacios físicos
181.09.M.04.01 Valor de origen
181.09.M.04.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.05 Sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito y crédito
181.09.M.05.01 Valor de origen
181.09.M.05.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.06 Software
181.09.M.06.01 Valor de origen
181.09.M.06.02 (Amortización acumulada)
181.09.M.07 Licencias compradas
181.09.M.07.01 Valor de origen
181.09.M.07.02 (Amortización acumulada)
182.00 BIENES DIVERSOS

182.01 Bienes dados en alquiler
182.01.M.01 Valor de bienes dados en alquiler
182.01.M.02 (Depreciación acumulada de bienes dados en alquiler)
182.02 Bienes asignados para uso del personal
182.02.M.01 Valor de bienes asignados para uso del personal
182.02.M.02 (Depreciación acumulada de bienes asignados para uso del personal)
182.03 Existencias de papelería y efectos varios
182.03.M.01 Existencias de papelería y efectos varios
182.03.M.02 Existencias de tarjeta de débito y crédito con Chip
182.03.M.03 Existencias de tarjeta de débito y crédito que mantengan las instituciones financieras al 31 de diciembre de 2010 sin Chip
182.04 Numismática
182.05 Otros bienes diversos
183.00 OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES
183.01 Oficina principal y sucursales
184.00 PROGRAMAS ESPECIALES
184.01 Programa transferencia de depósitos
184.02 Rendimientos por cobrar por programa transferencia de depósitos
184.03 Subsidios por cobrar
184.04 Depósitos y títulos vencidos por cobrar

184.04.M.01 En instituciones financieras del país
184.04.M.02 Otros depósitos y títulos vencidos por cobrar
184.99 Otros programas especiales
185.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
185.01 Impuesto sobre la renta diferido
186.00 PARTIDAS POR APLICAR
186.01 Faltantes de caja
186.02 Operaciones en suspenso
186.03 Operaciones en tránsito
186.04 Fondos de caja chica pendientes de rendición
186.99 Otras partidas por aplicar
187.00 TÍTULOS VALORES VENCIDOS
187.01 Títulos valores vencidos
187.02 Rendimientos por cobrar por inversiones vencidas
188.00 VARIOS
188.01 Anticipos a proveedores
188.02 Impuestos pagados por anticipado
188.02.M.01 I.V.A. arrendamiento financiero
188.02.M.02 Otros impuestos pagados por anticipado

188.03 Suscripciones pagadas por anticipado
188.04 Intereses y comisiones pagadas por anticipado
188.05 Anticipos de sueldos al personal
188.06 Otros gastos pagados por anticipado
188.06.M.01 Gastos en publicidad y mercadeo
188.06.M.99 Otros
188.07 Indemnizaciones reclamadas por siniestros
188.08 Depósitos dados en garantía
188.09 Depósitos judiciales y administrativos
188.10 Depósitos en garantía por operaciones con derivados
188.11 Erogaciones recuperables
442.99.M.02 Servicios de compensación
442.99.M.99 Otros servicios externos contratados

443.00 GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIONES
443.01 Pasajes y transporte
443.02 Teléfonos, télex, fax
443.03 Combustibles
443.99 Otros gastos de traslado y comunicaciones

443.99.M.01 Acceso a internet
443.99.M.02 Mudanzas y otros traslados
443.99.M.03 Servicios de busca personas
443.99.M.04 Servicios de radio portátil
443.99.M.99 Otros gastos de traslados y comunicaciones
444.00 GASTOS DE SEGUROS
444.01 Seguros para bienes de uso
444.02 Seguros para bienes realizables
444.03 Seguros para bienes diversos
444.04 Seguro sobre fidelidad y fiel cumplimiento
444.05 Seguro sobre dinero y valores
444.99 Otros seguros
445.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
445.01 Impuestos municipales
445.02 Impuestos a débito bancario
445.03 Impuestos a las transacciones financieras
445.99 Otros impuestos y contribuciones

446.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
446.01 Mantenimiento y reparaciones para bienes de uso

446.02 Mantenimiento y reparaciones para bienes diversos
446.03 Condominio

447.00 DEPRECIACIÓN Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES DE USO
447.01 Depreciación de edificaciones e instalaciones
447.02 Depreciación de mobiliario y equipos
447.02.M.01 Depreciación de mobiliario y equipos
447.02.M.02 Depreciación de equipos relativos al proyecto de incorporación del Chip
447.03 Depreciación de equipos de transporte
447.04 Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero
447.05 Perdidas por desvalorización de bienes de uso
447.06 Depreciación de equipos para la reconversión monetaria
448.00 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS
448.01 Amortización de gastos organización e instalación
448.02 Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler
448.03 Amortización de software
448.05 Amortización de plusvalía
448.06 Amortización de otros gastos diferidos
448.07 Amortización de de licencias compradas

448.08 Amortización de gastos por la reconversión monetaria
448.08.M.01 Asesorías
448.08.M.02 Publicidad
448.08.M.03 Seguridad
448.08.M.04 Software
448.08.M.05 Adiestramiento, viáticos, y otros gastos de personal
448.09 Amortización de gastos relativos al proyecto de incorporación del Chip
448.09.M.01 Asesorías
448.09.M.02 Publicidad
448.09.M.03 Adiestramiento, capacitación y otros gastos de personal
448.09.M.04 Adecuación de espacios físicos
448.09.M.05 Sustitución o reemplazo de las tarjetas de débito y crédito
448.09.M.06 Software
448.09.M.07 Licencias compradas
449.00 OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
449.01 Agua, electricidad y gas
449.02 Alquiler de bienes
449.03 Arrendamiento de bienes de uso
449.04 Otros gastos de infraestructura

449.05 Papelería y efectos de escritorio
449.06 Materiales y útiles de aseo
449.07 Portes y estampillas fiscales
449.08 Gastos por emisión e impresión de títulos valores
449.09 Gastos legales
449.10 Suscripciones
449.11 Propaganda y publicidad
449.12 Aportes al fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria
449.13 Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
449.14 Aportes a la Asociación Bancaria
449.15 Aportes a otras instituciones
449.16 Multas
449.17 Relaciones públicas
449.99 Gastos generales de diversos

MARGEN OPERATIVO BRUTO

533.00 INGRESOS POR BIENES REALIZABLES
533.01 Ingresos por bienes recibidos en pago

Artículo 4º—Las modificaciones señaladas en la presente Resolución entrarán en vigencia para el cierre de los estados financieros correspondientes al mes de mayo de 2010.

Publicada resolución 052 habilita portal web para inscripcion de registro turistico nacional (RTN)

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo estableció los recaudos para la inscripción en el Registro Turístico Nacional (RTN), de los Prestadores de Servicios Turísticos. Según la Resolución 052, los interesados deberán llenar la solicitud de inscripción a través del Sistema de Registro Turístico Nacional, disponible en el portal web: www.mintur.gob.ve


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.452
Caracas, miércoles 23 de junio de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL TURISMO
DESPACHO DEL MINISTRO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA
DE CONSULTORÍA JURÍDICA
Resolución Nº 052
Caracas, 21 de junio de 2010
200º y 151º
Resolución:
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto Nº 7.208 de fecha 01 de febrero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.360 de fecha 03 de febrero de 2010 y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 4º, 5º, 8º y 17 del artículo 9º y 93 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, en concordancia con el numeral 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Por cuanto, el turismo es una actividad económica de interés nacional, prioritario para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable y sostenible.
Por cuanto, la estructuración del sistema nacional de turismo, debe orientarse a un carácter inclusivo a las comunidades organizadas, en la prestación de los servicios turísticos.
Por cuanto, el Registro Turístico Nacional consiste en el padrón donde deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en la República Bolivariana de Venezuela.
Por cuanto, es una atribución del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, tener a su cargo y el control del Registro Turístico Nacional; este Despacho,
Resuelve:
Artículo 1º—Objeto. La presente Resolución tiene por objeto, establecer los recaudos para la inscripción en el Registro Turístico Nacional (RTN) de los Prestadores de Servicios Turísticos.
Artículo 2º—El Registro Turístico Nacional (RTN) tendrá carácter único, público y obligatorio, para la consolidación y concentración de los datos del Sistema Turístico Nacional, de todos los prestadores y prestadoras de servicios turísticos localizados dentro del territorio nacional.
Artículo 3º—Están obligadas a inscribirse en el Registro Turístico Nacional (RTN), todas las personas naturales y jurídicas, comunidades organizadas, y cualquier otra forma de participación popular que realicen actividades turísticas en el territorio nacional en los términos señalados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo y sus Reglamentos.
Artículo 4º—Inscripción. A los fines de efectuar la inscripción, la persona natural, el o la representante legal de la persona jurídica, de las comunidades organizadas, de los consejos comunales y de cualquier otra forma de participación popular, deberá llenar la solicitud de inscripción a través del Sistema de Registro Turístico Nacional, la cual estará disponible en el portal electrónico del Ministerio del Poder Popular para el Turismo www.mintur.gob.ve ante el Ministerio o por el órgano o ente que éste encomiende, teniendo como referencia el domicilio establecido en sus Estatutos.
El portal electrónico contendrá un Manual de Procedimientos, para orientar al prestador de Servicios Turísticos, en su inscripción ante el Registro Turístico Nacional (RTN).
Artículo 5º—Recaudos. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad esté orientada a la prestación de servicios turísticos deberán formalizar su inscripción en el Registro Turístico Nacional (RTN) consignando ante el Ministerio del Poder Popular para el Turismo o por ante el órgano o ente que éste encomiende, los documentos que se señalan en los artículos siguientes.
Artículo 6º—Recaudos para Personas naturales. Las Personas Naturales que tengan como actividad la prestación de servicios turísticos deberán formalizar su inscripción en el Registro Turístico Nacional (RTN) consignando en el MINTUR o los Fondos Mixtos según corresponda, los documentos que se señalan a continuación:
a) Tres (3) impresiones de la Solicitud de Inscripción, emitida por el sistema.
b) Fotocopia legible de la cédula de identidad.
c) Fotocopia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).
d) Currículum Vitae actualizado, emitida por el sistema.
Para los Agentes de Turismo, además de los recaudos comunes señalados, deberán consignar:
a) Fondo negro del Título universitario en el área de turismo o fotocopia legible de la constancia de trabajo emitida por Agencia de Viaje y Turismo inscrita en el RTN, donde conste una experiencia mínima de cinco (5) años en el sector de agencias de viajes y turismo.
Para el Conductor de Turismo, además de los recaudos comunes señalados, deberán consignar:
a) Fotocopia legible de la licencia de conducir vigente, de cuarto (4º) grado o quinto (5º) grado.
b) Fotocopia legible por ambas caras del Certificado Médico para conducir, emitido por la autoridad competente.
Para el Guía de Turismo, además de los recaudos comunes señalados, deberán consignar:
a) Copia del Certificado de Guía de Turismo expedido por institución debidamente inscrita en el Ministerio con competencia en educación universitaria, por el Instituto Nacional de Turismo (INATUR) o por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES).
b) Copia de Constancia de Curso de Primeros Auxilios, emitido por organismo competente.
Artículo 7º—Recaudos para Personas Jurídicas. Las personas jurídicas cuya actividad principal esté orientada a la prestación de servicios turísticos deberán formalizar su inscripción en el Registro Turístico Nacional (RTN) consignando en el MINTUR o los Fondos Mixtos según corresponda; los documentos que se señalan a continuación:
a) Tres (3) impresiones de la Solicitud de Inscripción.
b) Fotocopia legible y visible de la cédula de identidad del o los representante legal o legales de la empresa, los cuales deben estar autorizados mediante Acta de Asamblea.
c) Fotocopia legible y visible de la cédula de identidad de todos los accionistas de la empresa.
d) Fotocopia legible del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, así como sus modificaciones si las hubiere, donde se evidencie el objeto social de la misma. En caso de ser una Cooperativa deberá presentar además fotocopia legible de la constancia de inscripción en la (SUNACOOP).
e) Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).
f) Nóminas de los trabajadores y trabajadoras, según el formato dispuesto en el sistema.
Artículo 8º—Zonas Bajo Régimen de Administración Especial. Las personas jurídicas que operen o funcionen en un área bajo régimen de administración especial, para su inscripción en el Registro Turístico Nacional, deberán consignar los respectivos permisos o concesiones que otorgue el ente u órgano de la Administración Pública competente, en la administración de dichas áreas.
Artículo 9º—De la Consignación documental. El Prestador de Servicio Turístico al momento de consignar la documentación requerida según el caso que corresponda en atención a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la presente Resolución, deberá presentar los documentos originales de los mismos, para verificar que sean copia fiel y exacta del original.
Artículo 10.—Lapso para Inscribir. Los Prestadores de Servicio Turísticos deberán realizar la inscripción en el Registro Turístico Nacional (RTN), dentro del lapso de treinta días (30) hábiles siguientes, contados a partir de la constitución.
Artículo 11.—Emisión del Registro Turístico Nacional (RTN). Recibida la solicitud de inscripción y los recaudos correspondiente, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, se pronunciará sobre la procedencia o no de la emisión del Registro Turístico Nacional (RTN).
Artículo 12.—Emisión de credencial. En el caso de personas naturales se emitirá la credencial respectiva, la cual tendrá una vigencia de dos (2) años.
Artículo 13.—Del número de Registro. El número de Registro Turístico Nacional (RTN) que se asigne al Prestador o Prestadora del Servicio Turístico, será único, exclusivo y excluyente, de carácter permanente, personal e intransferible y de uso obligatorio en cualquier documento, solicitud, trámite, petición o actuación que se presente o realice ante el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y sus organismos adscritos, así como en las declaraciones u otros documentos equivalentes que presente o emita el Prestador o Prestadora del Servicio Turístico.
Artículo 14.—Notificación de Apertura de Sucursales. En el caso que los prestadores del servicio turístico posean sucursales, deberán notificarlo de éstas en la misma oportunidad de su inscripción en el Registro Turístico Nacional. Si la apertura de la sucursal ocurre con posterioridad, la notificación de esta última se realizará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su constitución, tomando en consideración el domicilio fiscal de la principal.
Artículo 15.—Actualización del Registro. En caso de existir cualquier modificación en la información suministrada originalmente por el prestador o la prestadora del servicio turístico, éste deberá llenar la Solicitud de Actualización a través del Sistema de Registro Turístico Nacional, y consignará los recaudos dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de haberse producido, los hechos siguientes:
a) Cambio de directores, directoras, administradores o administradoras o accionistas del prestador o prestadora del servicio turístico.
b) Modificación de la razón social o denominación comercial, aumento o disminución del capital social, venta de acciones, prórroga de duración del prestador o prestadora del servicio turístico.
c) Cambio de domicilio fiscal y dirección de Operaciones.
d) Venta del fondo de comercio o de todas sus existencias que modifique la titularidad del mismo.
e) Inicio, cese o suspensión de las actividades económicas.
f) Cierre del establecimiento principal o sus sucursales.
g) Remodelaciones, ampliaciones o mudanza de las sucursales, agencias o locales que desarrollen la actividad turística.
Artículo 16.—De los establecimientos de alojamiento turístico. Las personas jurídicas, comunidades organizadas o cualquier otra forma de participación popular, que sean operadoras de establecimientos de alojamiento turístico, deberán dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Turismo sobre Establecimientos de Alojamientos Turísticos, a través del Sistema de Registro Turístico Nacional en los plazos antes señalados.
Artículo 17.—Obligaciones de los prestadores de servicios turísticos. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás actos normativos de carácter turístico, los Prestadores de Servicios Turísticos inscritos en el Registro Turístico Nacional (RTN), tendrán la obligación de:
a) Exhibir la constancia del Registro Turístico Nacional (RTN), cuando le fuere requerido por un funcionario del Ministerio del poder Popular para el Turismo, debidamente acreditado y facultado.
b) Exhibir copia fotostática del Registro en lugar visible de sus oficinas, sucursales o establecimientos.
c) Dejar constancia del número de (RTN) en las promociones, en la publicidad que efectúen, solicitudes o documentos que dirijan al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, a sus organismos adscritos y demás órganos o entes de la Administración Pública.
Artículo 18.—Lapso para la actualización. Los prestadores y prestadoras del servicio turístico, ya inscritos ante el Registro Turístico Nacional (RTN), deberán actualizar el Registro Turístico Nacional (RTN) dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles continuos, contados a partir de sesenta (60) días continuos posteriores a la publicación de la presente Resolución.
Artículo 19.—Obligación de obtener licencia para operar. Las Personas Jurídicas una vez inscritas en el Registro Turístico Nacional (RTN), deberán tramitar su Licencia de Turismo para operar y funcionar, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de su inscripción y de acuerdo con lo establecido en los instrumentos normativos que le sean aplicables.
Artículo 20.—Derogatoria. Se deroga la Resolución Nº 084 de fecha 04 de agosto de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.235, de fecha 05 de agosto de 2009, relacionada con el Registro Turístico Nacional.
Artículo 21.—Entrada en vigencia. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dec. 7.513, Creacion Ministerios del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones y para Vivienda y Hábitat

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.451
Caracas, martes 22 de junio de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Nº 7.513
Caracas, 22 de junio de 2010
HUGO CHÁVEZ FRÍAS,
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 15, 16, 46, 58 y 117, numerales 1, 2 y 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros,
Considerando:
Que en la profundización de la construcción del socialismo, se hace indispensable la optimización de las estructuras orgánicas del Ejecutivo Nacional, con la creación de dos órganos ministeriales cuyas competencias estén orientadas fundamentalmente al mejoramiento en la eficacia y eficiencia de la atención del pueblo en las materias de vivienda y hábitat, así como de transporte y comunicaciones, los servicios públicos relacionados con las mismas, así como la rectoría en la fijación estratégica de las políticas públicas relacionadas con tales ámbitos.
Decreta:
Artículo 1º—Se suprime el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, y se crean los Ministerios del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, y para Vivienda y Hábitat, a cargo de los Ministros del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, y para Vivienda y Hábitat, respectivamente.
Artículo 2º—Son atribuciones del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones:
1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional, en coordinación con los Estados y Municipios cuando así corresponda, en materia de vialidad, de circulación, tránsito y transporte terrestre, acuático y aéreo, y de las comunicaciones;
2. Ejercer la rectoría de las políticas públicas en materia de administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico, recurso órbita-espectro y otros recursos limitados de telecomunicaciones, nombres de dominio, direcciones y numeración en materia de Internet, así como en el ámbito de las obligaciones de Servicio Universal;
3. Otorgar, revocar, renovar y suspender las habilitaciones administrativas y concesiones en materia de radiodifusión sonora y televisión abierta y de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público sin fines de lucro, de conformidad con la normativa que rija la materia;
4. Impulsar y ejecutar iniciativas, políticas y programas en el ámbito del desarrollo de infraestructuras en las telecomunicaciones, tendientes a garantizar el orden público, la seguridad y defensa integral de la Nación, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias;
5. Lo relativo a los puertos, muelles y demás obras, instalaciones y servicios conexos;
6. Lo relativo a los aeródromos, aeropuertos y obras o servicios conexos;
7. La formulación y seguimiento de la política del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional y medios de transporte similares;
8. Lo relativo a terminales de pasajeros en general;
9. La fijación de tarifas y fletes sobre los servicios especificados en este artículo, de conformidad con la normativa aplicable;
10. La construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura vial, de equipamiento del territorio nacional y redes que conectan las distintas regiones y ciudades del país;
11. La formulación y ejecución de la política de inversión de los recursos públicos ordinarios y extraordinarios, y privados destinados a la atención de la materia de transporte y comunicaciones, a nivel nacional;
12. Regular, formular, dirigir, orientar, planificar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, estrategias y lineamientos del Estado en materia de promoción y desarrollo del sector de las comunicaciones, las tecnologías de la información y los servicios de correo, en coordinación con los demás órganos y entes de la Administración Pública Nacional;
13. Promover, impulsar y consolidar la red de telecomunicaciones del Estado, mediante la coordinación e integración de las distintas redes operadas por sus órganos, con el apoyo o coordinación de los órganos y entes competentes;
14. Promover, conjuntamente con otros órganos y entes del Estado, el uso de Internet y de las tecnologías de telecomunicaciones e informática en los órganos y entes del Estado, a los fines de coadyuvar a la prestación de servicios más eficientes, reducir la burocracia, incrementar la transparencia y acercar el Estado a los ciudadanos;
15. La evaluación, supervisión y control de las actividades de los órganos y entes que le están adscritos;
16. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.
Artículo 3º—Son atribuciones del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat:
1. La regulación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política integral del Estado en materia de vivienda y hábitat, en coordinación con los demás órganos y entes de la Administración Pública Central y Descentralizada;
2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat;
3. El diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del conjunto orgánico de políticas, normas operativas e instrumentos que garanticen la unidad de la acción del Estado en materia de vivienda y hábitat, y el uso apropiado de los recursos destinados a financiar el régimen;
4. Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar, cuando corresponda, la conformación de los fondos públicos y privados para el financiamiento del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Así como también los incentivos, subsidios, aportes fiscales y cotizaciones;
5. El establecimiento de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, arquitectura y urbanismo, para el mantenimiento de construcciones para el desarrollo urbano y edificaciones;
6. Formular y ejecutar la política de inversión de los recursos públicos ordinarios y extraordinarios, y privados destinados al financiamiento del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, a nivel nacional;
7. Coordinar la actuación de los órganos y entes ejecutores de la política de vivienda y hábitat, nacionales, regionales y municipales;
8. Evaluar los resultados de los planes, proyectos y programas de vivienda y hábitat, a nivel nacional y proponer los correctivos correspondientes;
9. Coordinar y ejecutar el proceso de adjudicación de viviendas;
10. Formular políticas para la recuperación de los créditos otorgados con recursos que conforman los fondos del Régimen de Prestación de Vivienda y Hábitat;
11. Diseñar, ejecutar y evaluar la aplicación de las políticas relativas a la construcción de viviendas y conformación del hábitat por parte del sector público;
12. Formular políticas que permitan incentivar al sector financiero para el otorgamiento de créditos accesibles a todos los sectores de la sociedad, para la construcción, adquisición, mejora, remodelación y ampliación de viviendas;
13. La organización de los asentamientos de las comunidades;
14. El equipamiento urbano y el uso de la tierra, en coordinación con los órganos y entes con competencia en la materia;
15. La evaluación, supervisión y control de las actividades de los órganos y entes que le están adscritos;
16. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.
Artículo 4º—Se adscriben al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones los siguientes entes:
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.
Instituto Nacional de Canalizaciones.
Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR).
Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado.
Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTI).
C.A. Metro de Caracas.
C.A. Metro de los Teques.
C.A. Metro de Valencia.
Metro de Maracaibo C.A.
Puerto del Litoral Central P.L.C., S.A.
Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (CONVIASA).
Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad.
Vialidad y Construcciones Sucre SA
Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto, C.A. (TRANSBARCA).
Trolebús de Mérida (TROLMÉRIDA).
Sistema Integrado de Transporte Superficial S.A. (S.I.T.S.S.A).
Sociedad Anónima Bolivariana de Puertos (BP).
Sociedad Anónima Bolivariana de Aeropuertos (BA).
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
C.A. Construcciones para Viviendas del Metro (COVIMETRO).
Centro Simón Bolívar C.A.
Fundación Propatria 2000.
Artículo 5º—Se adscriben al Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat los siguientes entes:
Instituto Nacional de la Vivienda.
Promotora de Desarrollo Urbano de la Región Zuliana C.A. (PRODUZCA).
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.
Fundación Misión Hábitat.
Empresa Mixta para la Producción de Insumos para la Construcción.
Centro Rafael Urdaneta S.A. (CRUSA).
Sociedad Mercantil Canteras Cura, C.A.
Corporación Socialista de Empresas de Servicios Públicos (CORPOSER).
Artículo 6º—En virtud de la determinación de adscripciones establecidas en el presente Decreto, procédase a realizar los trámites necesarios para protocolizar la reforma de los estatutos sociales de los entes descentralizados a que haya lugar, así como acometer las demás reformas y trámites administrativos y legales necesarios, a los fines de adecuarlos a la adscripción aquí acordada.
Artículo 7º—Se instruye al Vicepresidente Ejecutivo, para realizar todas las gestiones administrativas y legales pertinentes, a los fines de tramitar lo conducente para la transferencia de los bienes y recursos que correspondían al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, a los Ministerios del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones y para Vivienda y Hábitat, que estime necesarios para su funcionamiento y el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.
Se establece un lapso de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de que se realicen tos trámites a los que se hace referencia en el presente artículo.
Artículo 8º—Se instruye al Ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas para adoptar las modalidades presupuestarias y demás gestiones pertinentes con el objeto de obtener los recursos presupuestarios necesarios para la materialización de lo establecido en el presente Decreto, de conformidad con la ley.
Artículo 9º—Se ordena que en la próxima reforma del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, sea incorporado lo establecido en el presente Decreto.
Artículo 10.—Todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de los Ministerios del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, y para Vivienda y Hábitat, estará contemplado en los respectivos reglamentos orgánicos, conforme a las previsiones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Artículo 11.—Todo lo no previsto en el presente Decreto, y que sea necesario para hacer efectivo lo dispuesto en el mismo, será resuelto por los Ministros del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, para Vivienda y Hábitat, y para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, de conformidad con lo estatuido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y el resto de la normativa aplicable, dando cuenta de ello al Vicepresidente Ejecutivo.
Artículo 12.—Los Ministros del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, para Vivienda y Hábitat, y para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y para Planificación y Finanzas, quedan encargados de la ejecución del presente decreto.
Artículo 13.—El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de junio de dos mil diez. Años 200º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.

26 junio 2010

Crean en G.O 39.436 de fecha 01/06/2010 Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), órgano desconcentrado del Ministerio del interior

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.436
Caracas, martes 01 de junio de 2010
SUMARIO

Presidencia de la República

Decreto Nº 7.454, mediante el cual se ordena la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación, con carácter de órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, el cual formará parte de su estructura, dependerá jerárquicamente de dicho Ministerio y estará ubicado administrativamente según se establezca en el Reglamento Orgánico del mismo.




GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.436
Caracas, martes 01 de junio de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Nº 7.454
Caracas, 01de junio de 2010
HUGO CHÁVEZ FRÍAS,
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 226 y 236, numerales 2 y 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 58 y 91 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 7º numerales 1, 2 y 13 del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, en Consejo de Ministros,
Considerando:
Que es deber del Ejecutivo Nacional crear y adecuar la configuración y planificación de los órganos y entes de la Administración Pública a los fines de que la gestión pública desplegada por ellos se ajuste a los principio de coordinación y cooperación así como proporcionar los recursos necesarios para garantizar su consolidación y el efectivo cumplimiento de los fines supremos del Estado
Considerando:
Que por imperativo constitucional, la seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de todas las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional,
Considerando:
Que por mandato constitucional, el Ejecutivo Nacional, se reserva la recolección, clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación,
Considerando:
Que el Estado y la sociedad son corresponsables en materia de seguridad y defensa integral de la Nación, y las distintas actividades que realicen en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, estarán dirigidas a garantizar la satisfacción de los intereses y objetivos nacionales plasmados en la Constitución y las leyes,
Considerando:
Que las actividades que desarrollen los órganos y entes de la Administración Pública en materia de Seguridad, deben efectuarse de manera coordinada, y estar orientadas al logro de los fines y objetivos del Estado, con base en los lineamientos dictados conforme a la planificación centralizada y en su actuación deben colaborar entre sí y con las otras ramas de los poderes públicos en la realización de los fines del Estado.
Decreta:
Artículo 1º—Se ordena la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación, con carácter de órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, el cual formará parte de su estructura, dependerá jerárquicamente de dicho Ministerio y estará ubicado administrativamente según se establezca en el Reglamento Orgánico del mismo.
Artículo 2º—El Centro de Estudio Situacional de la Nación podrá utilizar, conjunta o separadamente, las siglas CESNA para todos los efectos administrativos y jurisdiccionales.
Artículo 3º—El Centro de Estudio Situacional de la Nación, en el ejercicio de sus funciones, gozará de autonomía administrativa y financiera, y será el encargado de recopilar, procesar y analizar de manera permanente, la información proveniente de las distintas salas situacionales u órganos similares de las instituciones del Estado y de la sociedad sobre cualquier aspecto de interés nacional, con el objeto de proveer de apoyo analítico-informativo al Ejecutivo Nacional, suministrándole la información oportuna y necesaria que facilite la toma de decisiones estratégicas para proteger los intereses y objetivos vitales de la Nación, y para facilitar la ejecución de las políticas públicas y el cumplimiento de los cometidos esenciales del Estado.
Artículo 4º—El Centro de Estudio Situacional de la Nación estará a cargo de un Presidente o Presidenta con rango de Director o Directora General, designado por el Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, previa autorización del Presidente de la República.
Artículo 5º—El Centro de Estudio Situacional de la Nación tendrá las siguientes funciones:
1. Recopilar, procesar, analizar e integrar permanentemente las informaciones de interés del Ejecutivo Nacional suministradas por las instituciones del Estado y la sociedad, relacionadas con la situación actual sobre cualquier aspecto de interés nacional y sus tendencias de desarrollo.
2. Coordinar las labores de recopilación, procesamiento y análisis relacionadas con la situación actual sobre cualquier aspecto de interés nacional, que realizan las diferentes instituciones del Estado.
3. Realizar informes valorativos y oportunos al Ejecutivo Nacional y presentar las recomendaciones pertinentes que contribuyan a elevar la eficacia y eficiencia de la gestión del Poder Público.
4. Dictar su Reglamento Interno y demás normas necesarias para su funcionamiento.
5. Celebrar contratos de donación y demás convenios y acuerdos operativos con instituciones públicas o privadas.
6. Las demás que le asignen las leyes, reglamentos y demás actos normativos.
Artículo 6º—Corresponderá a la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores y Justicia ejercer sobre el Centro de Estudio Situacional de la Nación el Sistema de Control Interno y el Régimen previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal y demás disposiciones normativas relacionadas, sin perjuicio de las competencias que le correspondan a la Contraloría General de la República en la materia.
Artículo 7º—El funcionamiento, la estructura organizativa interna del Centro de Estudio Situacional de la Nación, se definirán en su Reglamento Interno y demás normas de funcionamiento que se dicten al efecto, en las cuales se fijarán el número, organización, competencias y funcionamiento de las dependencias administrativas que lo integrarán, de conformidad con lo que se establezca al efecto en el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.
Artículo 8º—Mediante el presente Decreto, el Presidente o Presidenta del Centro de Estudio Situacional de la Nación, queda autorizado para efectuar todo tipo de contrataciones, convenios y acuerdos operativos, ya sea con personas e instituciones, públicas o privadas necesarias para su mejor funcionamiento, aún las que por vía de contrataciones públicas fueren procedentes conforme a la ley que rige la materia.
Artículo 9º—El Presidente o Presidenta del Centro de Estudio Situacional de la Nación podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Centro de Estudio Situacional de la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Artículo 10.—El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas realizará las gestiones pertinentes con el objeto de obtener los recursos financieros necesarios para el funcionamiento del Centro de Estudio Situacional de la Nación.
Artículo 11.—La creación del órgano desconcentrado aquí previsto, deberá tomarse en consideración en la futura Reforma del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.
Artículo 12.—Los Ministros o Ministras del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y del Poder Popular de Planificación y Finanzas quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.
Artículo 13.—Lo no previsto en el presente Decreto para la puesta en funcionamiento del Centro de Estudio Situacional de la Nación, será resuelto por el Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.
Artículo 14.—El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República (sic) de Venezuela.
Dado en Caracas, al primer día del mes de junio de dos mil diez. Años 200º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.

25 junio 2010

Vamos a conocer un poco de la ley de impuesto sobre sucesiones ,donaciones y demas ramos conexos

En Venezuela las transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte o por actos entre vivos son gravadas con el impuesto establecido en la ley de sucesiones, donaciones y demás ramos conexos.

SUCESIONES

En el caso de sucesiones, los herederos tienen que elaborar la declaración sucesoral para ello debe inscribir la sucesión en el Registro único de información fiscal (RIF) y los requisitos son los siguientes:


Requisitos para RIF sucesoral:

• Formulario de inscripción emitido por el sistema.
• Original y copia del Acta de Defunción.
• Copia de la cédula de identidad de los herederos, con excepción de aquellos que sean menores de edad que aún no posean cédula de identidad, para lo cual deberán consignar copia de la partida de nacimiento.
• Copia de la cédula de Identidad del Representante Legal, siempre y cuando, éste último sea distinto de los herederos.
El representante legal y los herederos, con excepción de aquellos que sean menores de edad que aún no posean cédula de identidad, deben encontrarse inscritos en el Registro Único de Información Fiscal R.I.F., con antelación al trámite de inscripción de la sucesión.


Para ello los herederos nombraran un representante de la sucesión el cual realizara todos los trámites.

Una vez tenga el RIF, debe comprar la forma 32 con sus diferentes anexos ( las venden en el SENIAT y oficinas de IPOSTEL), ver formatos:

http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5.1ASISTENCIA_CONTRIBUYENTE/5.1.4INFORMACION_INTERE/5.1.4.1FORMULARIOS/5.1.4.1.1FORMAS_FISCALES/5.1.4.1.1FORMAS_FISCALES.pdf


La declaración se tiene que hacer dentro de los próximos 180 días después de la fecha de muerte del difunto, y con la unidad tributaria de la fecha de muerte; teniendo como soporte todos los documentos de los bienes muebles e inmuebles a declarar, las cuentas bancarias , así como los pasivos , se realiza el calculo tomando en consideración las exenciones y rebajas (Art 8 y 11 de la ley) , recordando incluir todos los activos y pasivos , ya que no podrá enajenar algún bien mueble o inmueble perteneciente al difunto hasta que haya presentado la declaración , se realiza el calculo de acuerdo a esta tabla :









La declaración tiene que ser elaborada, firmada y sellada por un abogado de la republica según la ley de abogados.

Una vez este elaborada deberá llevarla a cualquier oficina recaudadora de fondos nacionales y pagar el impuesto correspondiente, una vez pagado deberá llevar planilla de declaración con sus anexos y pago ( recordando anexar todos los documentos de los pasivos y activos que declare) para el SENIAT área de sucesiones ( hay algunas que reciben en asistencia al contribuyente), y consignar los documentos ; el seniat le tiene que entregar la solvencia sucesoral a mas tardar en 3 días , luego con esa solvencia usted deberá registrar los inmuebles a nombre de la sucesión para poder ser enajenados, al igual que con las ctas bancarias para poder movilizarlas.

CUALES SON LOS ANEXOS (ORIGINAL Y 2 FOTOCOPIA) DE LA DECLARACION DE SUCESIONES:

1. Acta de defuncion
2. Partida de matrimonio del fallecido( solo si lo era)
3. Partida de nacimiento de hijos
4. Partida de nacimiento del fallecido (solo si heredan padres o hermanos)
5. copia de la c.i del fallecido y de los herederos
6. Direccion exacta de cada heredero, tlf, recibo de luz o tlf.
7. Rif de la sucesion y de los herederos (original y copia)
8. copia de la ci, rif e impre del abogado que firma la declaracion sucesoral
9. constancia de prestaciones sociales
10. Documentos de propiedad de bienes inmuebles (original y copia)
11. Documentos de propiedad de bienes muebles:

a. vehiculos: carnet de circulACION
b. Ctas bancarias: certificacion deol banco indicando el saldo a la fecha de muerte del fallecido.
c. acciones o cuotas de participacion: registro mercantil,balance a la fecha mas cercana a la muerte del fallecido, acta de asamblea y edos financieros de la empresa,

12. Pasivos:
gastos de entierro,(solo funerarios y cementerio), otros pasivos: deudas pendientes ( pago de clinicas,tarjetas de credito,hipotecas,honorarios profes...etc...)
13. planilla de pago y planilla de autoliquidacion ( 4 fotocopias)

DONACIONES

La donación es una trasferencia gratuita entre vivos , y por esa transferencia también hay impuesto la cual se rige por la misma tarifa de las sucesiones y con las mismas rebajas (Art 11) que las sucesiones , el impuesto lo paga el que recibe la donación , para ello el registrador deberá solicitarle el pago respectivo del impuesto ; también existen exoneraciones una es que se exonera el pago de impuesto por una donación cuando la donación sea a una entidad sin fines de lucro (num. 2 Art 9).Esta figura de la donación se utiliza muy poco , la mayoría lo que hace es una venta colocándole un valor por debajo del mercado : ejemplo; una vivienda que no es vivienda principal valorada en 500.000 Bs. f la quiere donar a un familiar pero como tiene que pagar un impuesto de un 25% , entonces decide aplicar la figura de la venta , pero como tiene que pagar 0,5% de anticipo de ISLR por enajenación de inmuebles porque sobrepasa las 3.000 u.t , generalmente la vende por un precio menor a 3000 u.t para eludir el pago del 0,5%, sin embargo se arriesga a una investigación patrimonial por parte del fisco en materia de liberalidades , ya que el fisco tiene la facultad para considerar dicha venta como una liberalidad al comprobar que el precio de venta del bien esta por debajo del precio de mercado.

en el año 1997 se emitio decreto donde se determino cuales eran las instituciones privadas sin fines de lucro exentas de impuestos, vea gaceta a cont:

http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/2.4TRIBUTOS_INTERNOS/2.4.05ISDRC/2.4.5.3ISDRC_DECRETOS/ISDRC_DECRETOS_01_DECRETO_2001_09-09-97.pdf





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monografias en materia de sucesiones:

http://www.monografias.com/trabajos57/declaracion-sucesoral-venezuela/declaracion-sucesoral-venezuela.shtml



HAGA CLIC Y VEA QUE DICE LA LEY :

Publican creacion de Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública G.O 39.451 del 22/06/2010

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.451
Caracas, martes 22 de junio de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Nº 7.503
Caracas, 22 de junio de 2010
HUGO CHÁVEZ FRÍAS,
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 2, 11 y 20 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 15, 16, 46, 58 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en Consejo de Ministros,
Considerando:
Que el Ejecutivo Nacional debe garantizar el correcto funcionamiento y uso efectivo y eficiente de los recursos por parte de los órganos, entes y misiones del Estado,
Considerando:
Que la actividad de la Administración Pública debe desarrollarse en base a los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia y buena fe,
Considerando:
Que es necesaria la creación de un órgano, que promueva y coordine las actividades de inspección a los órganos, entes y misiones del Estado, junto a la contraloría social que realizan los ciudadanos y ciudadanas sobre la gestión que realiza la Administración Pública; con el fin de asesorar e informar oficialmente al Ejecutivo Nacional en esta materia,
Decreta:
Artículo 1º—Se crea la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, órgano con capacidad de gestión administrativa y financiera, la cual formará parte integrante de la Presidencia de la República.
Artículo 2º—La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, tendrá como objeto la evaluación, supervisión, vigilancia, seguimiento y control en el cumplimiento de los planes, proyectos, obras y trabajos que ejecuten los Ministerios, Órganos, Entes, Misiones, así como la actividad que realicen los Consejos Comunales u otra formas de comunidades organizadas, relacionadas a la ejecución de recursos públicos y al ejercicio de la gestión pública, a los fines de mantener en pleno conocimiento de dichas actividades al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, permitiendo el manejo de la información necesaria para la toma de decisiones que guarde especial relación con éstas materias, y ayude de manera efectiva a la consecución del fin de brindar la mayor suma de satisfacción posible al ciudadano y ciudadana que recibe los servicios públicos que presta el Estado.
Artículo 3º—La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien será un funcionario de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.
Artículo 4º—Todo el personal de la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, será personal de confianza, designado y removido libremente por el Director Ejecutivo.
Artículo 5º—A los fines previstos en este Decreto, la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, contará con personal multidisciplinario y con la asesoría de todas aquellas instituciones públicas y privadas que considere conveniente.
Artículo 6º—La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Dictar su Reglamento Interno, para establecer las normas y procedimientos que garanticen su funcionamiento.
2. Realizar inspecciones y evaluaciones, así como, seguimiento y control a los planes, programas, proyectos, obras y trabajos que ejecuten los Ministerios, Órganos, Entes, Misiones y, a las actividades que realicen los Consejos Comunales u otras formas de comunidades organizadas en la ejecución de recursos asignados por el Estado venezolano.
3. Presentar informes al ciudadano Presidente de la República, que evidencien los resultados de las inspecciones generales que realicen a los planes, programas, proyectos, obras y trabajos que ejecuten los Ministerios, Órganos, Entes y Misiones, así como, de las actividades que realicen los Consejos Comunales u otras formas de comunidades organizadas, los cuales deberán contener las recomendaciones para la revisión, rectificación y reimpulso de los mismos.
4. Tramitar las solicitudes de inspección, que presenten los ciudadanos y ciudadanas cuando se presuma la existencia de irregularidades en la ejecución de planes, programas, proyectos, obras y trabajos que ejecuten los Ministerios, Órganos, Entes, Misiones, así como la actividad que realicen los Consejos Comunales u otra formas de comunidades organizadas.
5. Promover la contraloría social por parte de los ciudadanos y ciudadanas que habiten en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
6. Realizar seguimiento y control en los distintos planes, programas, proyectos, obras y trabajos que estén en ejecución, para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas por el ciudadano Presidente de la República.
7. Elaborar y ejecutar planes de trabajo para la solución de las situaciones identificadas en las inspecciones, previa opinión del equipo técnico multidisciplinario.
Artículo 7º—La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, presentará al Presidente de la República, un cronograma de ejecución de actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos trazados, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su instalación, asimismo, presentará periódicamente informes de avances relacionados con las actividades realizadas.
Artículo 8º—La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, tendrá su sede en Caracas y podrá establecer dependencias o unidades administrativas en otras ciudades del país.
Artículo 9º—Los Ministerios, Órganos, Entes, Misiones, Consejos Comunales u otra formas de Comunidades organizadas, están obligados a prestar colaboración y cooperación, permitiendo el acceso a las oficinas, recintos o instalaciones donde se encuentren los documentos que avalen los planes, proyectos, obras y trabajos, así como a las instalaciones donde se ejecuten, así como el suministro de la información que solicite la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, para la consecución de sus objetivos. A tal efecto, la información solicitada; debe ser entregada en un lapso no mayor de cinco (05) días continuos contados a partir de la fecha en que se realice la solicitud.
Artículo 10.—Las competencias de las unidades administrativas de la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, serán establecidas en el Reglamento Orgánico y en el Reglamento Interno que se dicte al efecto.
Artículo 11.—La creación de este órgano, será incluida en una futura reforma al Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional.
Artículo 12.—El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de junio de dos mil diez. Años 200º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.

PUBLICADA LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA G. O N° 39.447 16/06/2010 y su reforma G. O N° 39.451 22/06/2010

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.451
Caracas, martes 22 de junio de 2010
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En uso de sus atribuciones, y en concordancia con lo establecido en el artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, reimprímase por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela la LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, sancionada en sesión del día 15 de diciembre de 2009 y, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, por incurrirse en los siguientes errores:
EN EL ARTÍCULO 20
DONDE SE LEE:
Artículo 20.—Requisitos. Para ser Juez o Jueza de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se requiere:
1. Ser venezolano o venezolana.
2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y prestigio profesional.
3. Tener un mínimo de diez años de graduado y graduada y;
a. Tener título universitario de postgrado en el área del derecho público; o
b. Haber desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública por un mínimo de cinco años;
c. Ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área del derecho público, durante un período mínimo de cinco años; o
d. Ser o haber sido Juez administrativo o Jueza administrativo o haber desempeñado funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia administrativa vinculados al derecho público, por un mínimo de cinco años; o
e. Haber desempeñado funciones de asesoría jurídica o de gestión en la Administración Pública por más de cinco años.
4. Los demás previstos en la ley.
En el caso de los estados fronterizos se requerirá ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad.
DEBE DECIR:
Artículo 20.—Requisitos. Para ser Juez o Jueza de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se requiere:
1. Ser venezolano o venezolana.
2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y prestigio profesional.
3. Tener un mínimo de diez años de graduado y graduada y;
a. Tener título universitario de postgrado en el área del derecho público; o
b. Haber desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública por un mínimo de cinco años; o
c. Ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área del derecho público, durante un período mínimo de cinco años; o
d. Ser o haber sido Juez o Jueza en materia Contencioso-Administrativa o haber desempeñado funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia administrativa vinculados al derecho público, por un mínimo de cinco años.
4. Los demás previstos en la ley.
En el caso de los estados fronterizos se requerirá ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad.
Acto Legislativo realizado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de junio de dos mil diez. Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta:
la siguiente,
LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Artículo 1º—Objeto. Esta Ley tiene como objeto regular la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en leyes especiales.
Artículo 2º—Principios. Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa orientarán su actuación por los principios de justicia gratuita, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad e inmediación.
Artículo 3º—Publicidad. Los actos del proceso serán públicos, salvo que la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, orden público o protección de la intimidad de las partes.
Artículo 4º—Impulso del procedimiento. El Juez o Jueza es el rector del proceso y debe impulsarlo de oficio o a petición de parte, hasta su conclusión.
El Juez o Jueza Contencioso Administrativo está investido de las más amplias potestades cautelares. A tales efectos podrá dictar, aún de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la Administración Pública, según el caso concreto, en protección y continuidad sobre la prestación de los servicios públicos y en su correcta actividad administrativa.
Artículo 5º—Prohibición de decidir con asociados. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no podrán constituirse con asociados para dictar sentencia.
Artículo 6º—Medios alternativos de resolución de conflictos. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento.
Artículo 7º—Entes y órganos controlados. Están sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:
1. Los órganos que componen la Administración Pública;
2. Los órganos que ejercen el Poder Público, en sus diferentes manifestaciones, en cualquier ámbito territorial o institucional;
3. Los institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, sociedades, empresas, asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o privado donde el Estado tenga participación decisiva;
4. Los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación, control, ejecución de políticas y servicios públicos, cuando actúen en función administrativa;
5. Las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional; y
6. Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente, que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa.
Artículo 8º—Universalidad del control. Será objeto de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la actividad administrativa desplegada por los entes u órganos enumerados en el artículo anterior, lo cual incluye actos de efectos generales y particulares, actuaciones bilaterales, vías de hecho, silencio administrativo, prestación de servicios públicos, omisión de cumplimiento de obligaciones y, en general, cualquier situación que pueda afectar los derechos o intereses públicos o privados.
Artículo 9º—Competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa serán competentes para conocer de:
1. Las impugnaciones que se interpongan contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, incluso por desviación de poder.
2. De la abstención o la negativa de las autoridades a producir un acto al cual estén obligados por la ley.
3. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a los órganos del Poder Público.
4. Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y, perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de los órganos que ejercen el Poder Público.
5. Los reclamos por la prestación de los servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de los mismos.
6. La resolución de los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo.
7. La resolución de las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún estado, municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades.
8. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación en las cuales la República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva.
9. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva, si es de contenido administrativo.
10. Las actuaciones, abstenciones, negativas o las vías de hecho de los consejos comunales y de otras personas o grupos que en virtud de la participación ciudadana ejerzan funciones administrativas.
11. Las demás actuaciones de la Administración Pública no previstas en los numerales anteriores.
Artículo 10.—La participación popular en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Los entes, consejos comunales, colectivos y otras manifestaciones populares de planificación, control, ejecución de políticas y servicios públicos, podrán emitir su opinión en los juicios cuya materia debatida esté vinculada a su ámbito de actuación, aunque no sean partes.
TÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Artículo 11.—Órganos que la componen. Son órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:
1. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
2. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
3. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
4. Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Artículo 12.—La jurisdicción especial tributaria forma parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, su régimen especial es el previsto en el Código Orgánico Tributario.
CAPÍTULO II
DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y LA CONFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS
DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Sección Primera
Sala Político-Administrativa
Artículo 13.—Máxima instancia. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Contra sus decisiones no se oirá recurso alguno, salvo lo previsto en la Constitución de la República.
Artículo 14.—Distribución territorial. Corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, a solicitud de la Sala Político-Administrativa, establecer el número y la distribución territorial de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Sección Segunda
Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
Artículo 15.—Competencia territorial. La competencia territorial de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estará delimitada de la siguiente manera:
1. Dos Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital con competencia en el Distrito Capital y los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y Guárico.
2. Un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Centro-Occidental, con competencia en los estados Cojedes, Falcón, Yaracuy, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Trujillo, Mérida y Zulia.
3. Un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Nor-Oriental con competencia en los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
El Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, a solicitud de la Sala Político-Administrativa, de conformidad con el artículo anterior, podrá crear nuevos Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o modificar su distribución territorial, de acuerdo con las necesidades de esta jurisdicción.
Artículo 16.—Integración. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, estarán integrados por tres jueces o juezas. Sus respectivos juzgados de sustanciación serán unipersonales.
Artículo 17.—Requisitos. Para ser Juez o Jueza de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se requiere:
1. Ser venezolano o venezolana.
2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y prestigio profesional.
3. Tener un mínimo de doce años de graduado o graduada y:
a. Tener título universitario de postgrado en el área del derecho público; o
b. Haber desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública por un mínimo de siete años; o
c. Ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área del derecho público, durante un mínimo de siete años; o
d. Ser o haber sido Juez administrativo o Jueza administrativa o haber desempeñado funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia administrativa vinculados al derecho público, por un mínimo de siete años; o
4. Los demás previstos en la ley.
En el caso de los estados fronterizos se requerirá ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad.
Sección Tercera
Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
Artículo 18.—Distribución territorial. En cada estado funcionará al menos un Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Artículo 19.—Integración. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa serán unipersonales.
Artículo 20.—Requisitos. Para ser Juez o Jueza de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se requiere:
1. Ser venezolano o venezolana.
2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y prestigio profesional.
3. Tener un mínimo de diez años de graduado y graduada y:
a. Tener título universitario de postgrado en el área del derecho público; o
b. Haber desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública por un mínimo de cinco años; o
c. Ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área del derecho público, durante un período mínimo de cinco años; o
d. Ser o haber sido Juez o Jueza en materia Contencioso-Administrativa o haber desempeñado funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia administrativa vinculados al derecho público, por un mínimo de cinco años; o
4. Los demás previstos en la ley.
En el caso de los estados fronterizos se requerirá ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad.
Sección Cuarta
Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
Artículo 21.—Integración. Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa serán unipersonales.
Artículo 22.—Requisitos. Para ser Juez o Jueza de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se requiere:
1. Ser venezolano o venezolana.
2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y prestigio profesional.
3. Tener un mínimo de cinco años de graduado o graduada y:
a. Tener título universitario de postgrado en el área del derecho público; o
b. Haber desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública por un mínimo de tres años; o
c. Ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área del derecho público, durante un período mínimo de tres años; o
d. Haber desempeñado funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia administrativa vinculados al derecho público, por un mínimo de tres años; o
4. Los demás previstos en la ley.
En el caso de los estados fronterizos se requerirá ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad.
TÍTULO III
DE LA COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
COMPETENCIAS DE LA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Artículo 23.—Competencias de la Sala Político-Administrativa. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
3. La abstención o la negativa del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, de los Ministros o Ministras, así como de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional, a cumplir los actos a que estén obligados por las leyes.
4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes enumeradas.
5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro tribunal.
6. Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto normativo sub-legal que le sirve de fundamento, siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político-Administrativa.
7. Las controversias administrativas entre la República, los estados, los municipios u otro ente público, cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo estado.
8. Las controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente, o entre distintos órganos o entes que ejerzan el Poder Público, que se susciten por el ejercicio de una competencia atribuida por la ley.
9. La apelación de los juicios de expropiación.
10. Las demandas que se interpongan con motivo de la adquisición, goce, ejercicio o pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan.
11. Las demandas que se ejerzan con ocasión del uso del espectro radioeléctrico.
12. Las demandas que le atribuyan la Constitución de la República o las leyes especiales, o que le correspondan conforme a éstas, en su condición de máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
13. Las demás demandas derivadas de la actividad administrativa desplegada por las altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, no atribuidas a otro tribunal.
14. Las causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la República, en los casos permitidos por el derecho internacional.
15. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico.
16. El avocamiento, de oficio o a petición de parte, sobre algún asunto que curse en otro tribunal cuando sea afín con la materia administrativa.
17. Los juicios en que se tramiten acciones conexas, cuando a la Sala Político Administrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas.
18. Del Recurso Especial de Juridicidad, de conformidad con lo establecido en esta Ley.
19. Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
20. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción.
21. Los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo.
22. Los juicios sobre hechos ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o en puertos o territorios extranjeros tramitados en la República, cuando su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal.
23. Conocer y decidir las pretensiones, acciones o recursos interpuestos, en el caso de retiro, permanencia, estabilidad o conceptos derivados de empleo público del personal con grado de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
24. Las demás causas previstas en la ley.
CAPÍTULO II
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS NACIONALES DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Artículo 24.—Competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal, en razón de su especialidad.
2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
3. La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 4 del artículo 25 de esta Ley.
4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades a las que se refiere el numeral anterior.
5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia.
6. Los juicios de expropiación intentados por la República, en primera instancia.
7. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de las consultas que les correspondan conforme al ordenamiento jurídico.
8. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico desplegada por las autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, cuyo control no haya sido atribuido a la Sala Político-Administrativa o a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
9. Las demás causas previstas en la ley.
Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con sede en la ciudad de Caracas, conocerán exclusivamente la materia de los supuestos previstos en los numerales 3, 4 y 5 de este artículo, cuando se trate de autoridad cuya sede permanente se encuentre en el Área Metropolitana de Caracas.
CAPÍTULO III
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS SUPERIORES ESTADALES DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Artículo 25.—Competencia. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede, de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
4. La abstención o la negativa de las autoridades estadales o municipales a cumplir los actos a que estén obligadas por las leyes.
5. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a autoridades estadales o municipales de su jurisdicción.
6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley.
7. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
8. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico de los órganos del Poder Público estadal, municipal o local.
9. Las controversias administrativas entre municipios de un mismo estado por el ejercicio de una competencia directa e inmediata en ejecución de la ley.
10. Las demás causas previstas en la ley.
CAPÍTULO IV
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE MUNICIPIO DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Artículo 26.—Competencia. Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
1. Las demandas que interpongan los usuarios o usuarias o las organizaciones públicas o privadas que los representen, por la prestación de servicios públicos.
2. Cualquiera otra demanda o recurso que le atribuyan las leyes.
TÍTULO IV
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Sección Primera
Capacidad, Legitimación e Interés
Artículo 27.—Capacidad procesal. Podrán actuar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, las irregulares o de hecho, las asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales y locales, agrupaciones, colectivos y cualquier otra entidad.
Artículo 28.—Asistencia y representación. Las partes actuarán en juicio asistidos o representados por un abogado o abogada.
En los casos de reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos, la acción podrá interponerse sin la asistencia o representación de abogado o abogada, en cuyo caso el Juez deberá procurar a la parte demandante la debida asistencia o representación para los actos subsiguientes, a través de los órganos competentes.
Artículo 29.—Legitimación e interés. Están legitimadas para actuar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa todas las personas que tengan un interés jurídico actual.
Sección Segunda
Las Demandas
Artículo 30.—La iniciativa procesal. Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán a instancia de parte, o de oficio, cuando la ley lo autorice.
Artículo 31.—Trámite procesal de las demandas. Las demandas ejercidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se tramitarán conforme a lo previsto en esta Ley; supletoriamente, se aplicarán las normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Procedimiento Civil.
Cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el Juez o Jueza podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia.
Artículo 32.—Caducidad. Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes:
1. En los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el término de ciento ochenta días continuos, contados a partir de su notificación al interesado, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de su interposición. La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales.
2. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de treinta días continuos.
3. En los casos de vías de hecho y recurso por abstención, en el lapso de ciento ochenta días continuos, contados a partir de la materialización de aquellas o desde el momento en el cual la administración incurrió en la abstención, según sea el caso.
Las acciones de nulidad contra los actos de efectos generales dictados por el Poder Público podrán intentarse en cualquier tiempo.
Las leyes especiales podrán establecer otros lapsos de caducidad.
Sección Tercera
Disposiciones Comunes a los Procedimientos
Artículo 33.—Requisitos de la demanda. El escrito de la demanda deberá expresar:
1. Identificación del tribunal ante él cual se interpone.
2. Nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter con que actúan, su domicilio procesal y correo electrónico, si lo tuviere.
3. Si alguna de las partes fuese persona jurídica deberá indicar la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.
4. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones.
5. Si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, deberá indicarse el fundamento del reclamo y su estimación.
6. Los instrumentos de los cuales se derive el derecho reclamado, los que deberán producirse con el escrito de la demanda.
7. Identificación del apoderado y la consignación del poder.
En casos justificados podrá presentarse la demanda en forma oral ante el tribunal, el cual ordenará su trascripción. La negativa a aceptar la presentación oral deberá estar motivada por escrito.
Artículo 34.—Presentación de la demanda ante otro tribunal. El demandante en cuyo domicilio no exista un tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa competente para conocer de la demanda, podrá presentarla ante un tribunal de municipio, el cual deberá remitir inmediatamente el expediente, foliado y sellado, al tribunal señalado por la parte actora. La caducidad de la acción se determinará por la fecha de presentación inicial de la demanda.
El tribunal receptor antes de efectuar la indicada remisión, lo hará constar al pie del escrito y en el libro de presentación.
Artículo 35.—Inadmisibilidad de la demanda. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:
1. Caducidad de la acción.
2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa.
4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad.
5. Existencia de cosa juzgada.
6. Existencia de conceptos irrespetuosos.
7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.
Artículo 36.—Admisión de la demanda. Si el tribunal constata que el escrito no se encuentra incurso en los supuestos previstos en el artículo anterior y cumple con los requisitos del artículo 33, procederá a la admisión de la demanda, dentro de los tres días de despacho siguientes a su recibo. En caso contrario, o cuando el escrito resultase ambiguo o confuso, concederá al demandante tres días de despacho para su corrección, indicándole los errores u omisiones que se hayan constatado.
Subsanados los errores, el tribunal decidirá sobre su admisibilidad dentro de los tres días de despacho siguientes. La decisión que inadmita la demanda será apelable libremente dentro de los tres días de despacho siguientes ante el tribunal de alzada, el cual deberá decidir con los elementos cursantes en autos dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la que admita será apelable en un solo efecto.
Artículo 37.—Citación. La citación personal se hará conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Civil a excepción de la del Procurador General de la República, que se hará de acuerdo al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
A partir de que conste en autos la citación practicada, comenzará a computarse el lapso de comparecencia en el caso de las demandas de contenido patrimonial.
Hecha la citación las partes quedan a derecho, y no habrá necesidad de una nueva citación para ningún otro acto del juicio, a menos que exista disposición contraria de la ley.
Artículo 38.—Citaciones y notificaciones por medios electrónicos. El tribunal podrá practicar las citaciones y notificaciones por medios electrónicos.
Las certificaciones de las citaciones y notificaciones se harán de conformidad con lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, atendiendo siempre a los principios de inmediatez, brevedad y celeridad. El Secretario o Secretaria dejará constancia en el expediente de las citaciones y notificaciones realizadas, cumplido lo cual comenzarán a contarse los lapsos correspondientes.
Artículo 39.—Auto para mejor proveer. En cualquier estado de la causa el Juez o Jueza podrá solicitar información o hacer evacuar de oficio las pruebas que considere pertinentes. Este auto será inapelable. Las partes podrán hacer observaciones sobre las actuaciones practicadas.
Artículo 40.—Resolución de incidencias. Si por alguna necesidad del procedimiento una de las partes solicitara alguna providencia, el Juez o Jueza resolverá dentro de los tres días de despacho siguientes; a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual ordenará la apertura de una articulación probatoria por ocho días de despacho.
Si la resolución incidiere en la decisión de la causa, el Juez o Jueza resolverá la articulación en la sentencia definitiva; en caso contrario, decidirá dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento de aquélla.
Artículo 41.—Perención. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.
Sección Cuarta
La Inhibición y la Recusación
Artículo 42.—Causales de inhibición y de recusación. Los funcionarios o funcionarias judiciales así como los auxiliares de justicia, pueden ser recusados por algunas de las causas siguientes:
1. Por parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto y segundo grado, respectivamente, con cualquiera de las partes, sus representantes o cónyuges.
2. Por haber sido el recusado padre o madre adoptante o hijo adoptivo o hija adoptiva de alguna de las partes.
3. Por tener con alguna de las partes amistad íntima o enemistad manifiesta.
4. Por tener el recusado, su cónyuge, o algunos de sus afines o parientes consanguíneos, dentro de los grados indicados, interés directo en los resultados del proceso.
5. Por haber manifestado opinión sobre lo principal del juicio o sobre la incidencia pendiente, antes de la emisión de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez o Jueza de la causa.
6. Cualquiera otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad.
Artículo 43.—Deber de inhibición. Los funcionarios o funcionarias y auxiliares de justicia a quienes sean aplicables cualquiera de las causales señaladas en el artículo anterior, deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse.
Igualmente lo harán si son recusados y estimen procedente la causal imputada.
Contra la inhibición no habrá recurso alguno.
Artículo 44.—Lapso para inhibirse. La inhibición del funcionario o funcionaria judicial o del auxiliar de justicia, podrá manifestarse en cualquier estado del juicio y deberá proponerse dentro de los tres días de despacho siguientes al momento en que se conozca la causa que la motive.
Artículo 45.—Allanamiento. El funcionario o funcionaria judicial o el auxiliar de justicia inhibido podrá continuar en sus funciones si convinieren en ello las partes o aquélla contra quien obrare el impedimento, dentro de los cinco días de despacho siguientes. No habrá allanamiento cuando la causal manifestada sea el parentesco o relaciones de pareja.
Los apoderados judiciales no necesitarán autorización especial para prestar su consentimiento en este caso.
Artículo 46.—Remisión del expediente. Cuando el Juez o Jueza advierta que está incurso en alguna de las causales de recusación o inhibición, se abstendrá de conocer, levantará un acta y la remitirá con sus recaudos en cuaderno separado al tribunal competente.
Artículo 47.—No suspensión de la causa por la incidencia. Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia a otro tribunal de la misma categoría si lo hubiera en la localidad y en defecto de éste a quien deba suplirlo conforme a la ley.
Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el Juez sustituto o Jueza sustituta continuará conociendo de la causa; en caso contrario, devolverá los autos al Juez o Jueza que venía conociendo del asunto.
Artículo 48.—Oportunidad para recusar. La recusación de los funcionarios o funcionarias judiciales o de los auxiliares de justicia, sólo podrá proponerse hasta el día en que concluya el lapso probatorio. Cuando el motivo de la recusación fuese sobrevenido, ésta podrá proponerse hasta el día fijado para el acto de informes. Si fenecido el lapso probatorio el Juez o Jueza, el funcionario o funcionaria judicial o el auxiliar de justicia interviniere en la causa, las partes podrán recusarlo por cualquier motivo legal dentro de los cinco días de despacho siguientes a su aceptación. Cuando la causa fuese sobrevenida, la recusación deberá proponerse dentro de los cinco días de despacho siguientes al momento en que se conozca la causa que la motiva.
Artículo 49.—Trámite de la recusación. La recusación se propondrá mediante diligencia o escrito ante el tribunal de la causa. Si la recusación se funda en un motivo que la haga admisible, el recusado, a más tardar al día siguiente, informará ante la secretaría, debiendo remitir la recusación al tribunal competente para su conocimiento dentro de los cinco días de despacho siguientes.
Artículo 50.—Inadmisibilidad de la recusación. El Juez o Jueza recusado declarará inadmisible la recusación que se intente sin estar fundada en motivo legal, fuera del lapso. Esta decisión será apelable.
Artículo 51.—Incidencia de la recusación. El Juez o Jueza a quien corresponda conocer de la incidencia, admitirá y evacuará las pruebas que los interesados presenten dentro de los cinco días de despacho siguientes a la fecha en que reciba las actuaciones y sentenciará dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso probatorio.
Artículo 52.—Recusación de funcionario o funcionaria judicial. Si el inhibido o el recusado es el Secretario o Secretaria del tribunal, el Juez o Jueza nombrará un sustituto el mismo día o en el siguiente; y de igual forma se procederá cuando se trate de otros funcionarios o funcionarias judiciales.
Si el inhibido o el recusado es un auxiliar de justicia, el Juez o Jueza procederá sin más trámite a hacer un nuevo nombramiento.
Artículo 53.—Conocimiento de la recusación. Si la recusación o inhibición fuere declarada con lugar, conocerá del proceso en curso cualquier otro tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la misma categoría, si lo hubiere en la jurisdicción; de no haberlo o si los jueces o juezas de estos tribunales se inhibieran o fuesen recusados, serán convocados los suplentes.
Artículo 54.—Multas. Declarada inadmisible la recusación, la parte o su apoderado pagarán multa equivalente a cincuenta unidades tributarias (50 U.T.). Igual monto pagará si desiste de la recusación o ésta sea declarada sin lugar, siempre que su interposición hubiese sido temeraria. La decisión sobre la temeridad deberá motivarse.
La multa se pagará dentro del lapso de cinco días hábiles siguientes a la decisión de la incidencia, ante una oficina receptora de fondos nacionales.
Si la parte o el abogado o abogada que la represente, según sea el caso, no acredita en el expediente el pago de la multa, quedarán impedidos de actuar en la causa.
Artículo 55.—Recusación e inhibición en tribunales colegiados. En el caso de los tribunales colegiados la incidencia será decidida por el Presidente o Presidenta; cuando éste fuere el recusado por el Vicepresidente o Vicepresidenta; y cuando fuesen recusados todos se convoca a los suplentes por el orden de la lista.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS EN PRIMERA INSTANCIA
Sección Primera
Demandas de Contenido Patrimonial
Artículo 56.—Supuestos de procedencia. El procedimiento regulado en esta sección regirá la tramitación de las demandas de contenido patrimonial en las que sean partes los sujetos enunciados en el artículo 7 de esta Ley.
Las previsiones de esta sección tendrán carácter supletorio en los demás procedimientos.
Artículo 57.—Audiencia preliminar. La audiencia preliminar tendrá lugar el décimo día de despacho siguiente a la hora que fije el tribunal. Dicha audiencia será oral, con la asistencia de las partes. En este acto, el Juez o Jueza podrá resolver los defectos del procedimiento, de oficio o a petición de parte, lo cual hará constar en acta.
El demandado deberá expresar con claridad si contraviene los hechos alegados por la contraparte, a fin de que el Juez o Jueza pueda fijar con precisión los controvertidos. En esta oportunidad, las partes deberán promover los medios de prueba que sustenten sus afirmaciones.
Artículo 58.—De la participación popular en juicio. El Juez o Jueza podrá, de oficio o a petición de parte, convocar para su participación en la audiencia preliminar a las personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier otra manifestación popular de planificación, control y ejecución de políticas y servicios públicos, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado con el objeto de la controversia, para que opinen sobre el asunto debatido.
De ser procedente su participación se les notificará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de esta Ley, fijándose la audiencia cuando conste en autos la notificación respectiva.
Las personas y entes antes señalados, no requerirán representación ni asistencia de abogado. El Juez o Jueza facilitará su comparecencia y deberá informarles sobre los aspectos relevantes de la controversia.
Artículo 59.—Representación en la audiencia preliminar. Cuando el Juez o Jueza acuerde la participación de las personas o entes indicados en el artículo anterior, podrá escoger entre los presentes quien los represente.
Artículo 60.—Ausencia de las partes. Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar, se declarará desistido el procedimiento.
El desistimiento del procedimiento sólo extingue la instancia y el demandante podrá volver a proponer nueva demanda inmediatamente.
Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, la causa seguirá su curso.
Artículo 61.—Contestación de la demanda. La contestación deberá realizarse por escrito dentro de los diez días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia preliminar, y deberán presentarse los documentos probatorios. Para las actuaciones posteriores se dejará transcurrir íntegramente el lapso previsto en este artículo.
Artículo 62.—Lapso de pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior, las partes presentarán sus escritos de pruebas.
Dentro de los tres días siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Vendido el lapso anterior, dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del referido lapso, el Juez o Jueza admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días de despacho, prorrogables a instancia de parte por diez días.
Cuando las partes sólo promuevan medios de pruebas que no requieran evacuación, se suprimirá el lapso previsto para tal fin.
Artículo 63.—Audiencia conclusiva. Finalizado el lapso de pruebas, dentro de cinco días de despacho siguientes, se fijará la oportunidad para la celebración de la audiencia conclusiva. En los tribunales colegiados se designará ponente en esta oportunidad.
En la audiencia conclusiva, las partes expondrán oralmente sus conclusiones, las cuales podrán consignar por escrito.
Al comenzar la audiencia, el Juez o Jueza indicará a las partes el tiempo para exponer sus conclusiones, réplica y contrarréplica.
Artículo 64.—Oportunidad para dictar sentencia. Concluida la audiencia, el Juez o Jueza dispondrá de treinta días continuos para decidir. El pronunciamiento podrá diferirse justificadamente por treinta días continuos. La sentencia publicada fuera del lapso deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para recurrir.
Sección Segunda
Procedimiento Breve
Artículo 65.—Supuestos de aplicación. Se tramitarán por el procedimiento regulado en esta sección, cuando no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio, las demandas relacionadas con:
1. Reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos.
2. Vías de hecho.
3. Abstención.
La inclusión de peticiones de contenido patrimonial, no impedirá que el tribunal dé curso exclusivamente a las acciones mencionadas.
Artículo 66.—Requisitos de la demanda. Además de los requisitos previstos en el artículo 33, el demandante deberá acompañar los documentos que acrediten los trámites efectuados, en los casos de reclamo por la prestación de servicios públicos o por abstención.
Artículo 67.—Citación. Admitida la demanda, el tribunal requerirá con la citación que el demandado informe sobre la causa de la demora, omisión o deficiencia del servicio público, de la abstención o de las vías de hecho, según sea el caso. Dicho informe deberá presentarse en un lapso no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de que conste en autos la citación.
Cuando el informe no sea presentado oportunamente, el responsable podrá ser sancionado con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.), y se tendrá por confeso a menos que se trate de la Administración Pública.
En los casos de reclamos por prestación de servicios públicos, la citación del demandado será practicada en la dependencia u oficina correspondiente.
Artículo 68.—Notificaciones. En el caso previsto en el numeral 1 del artículo 65 de esta Ley, deberá notificarse a:
1. La Defensoría del Pueblo, al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y a los consejos comunales o locales directamente relacionados con el caso.
2. El Ministerio Público.
3. Cualquiera otra persona o ente público, privado o del Poder Popular relacionado con el asunto, a solicitud de parte o a juicio del tribunal.
Artículo 69.—Medidas cautelares. Admitida la demanda, el tribunal podrá de oficio o a instancia de parte, realizar las actuaciones que estime procedentes para constatar la situación denunciada y dictar medidas cautelares. La oposición a la medida cautelar será resuelta a la mayor brevedad.
Artículo 70.—Audiencia oral. Recibido el informe o transcurrido el término para su presentación, el tribunal dentro de los diez días de despacho siguientes, realizará la audiencia oral oyendo a las partes, a los notificados y demás interesados. Los asistentes a la audiencia podrán presentar sus pruebas.
Si el demandante no asistiere a la audiencia se entenderá desistida la demanda, salvo que otra persona de las convocadas manifieste su interés en la resolución del asunto.
Artículo 71.—Contenido de la audiencia. En la oportunidad de la audiencia oral, el tribunal oirá a los asistentes y propiciará la conciliación.
El tribunal admitirá las pruebas, el mismo día o el siguiente, ordenando la evacuación de las que así lo requieran.
Artículo 72.—Prolongación de la audiencia. En casos especiales el tribunal podrá prolongar la audiencia.
Finalizada la audiencia, la sentencia será publicada dentro de los cinco días de despacho siguientes.
Artículo 73.—Uso de medios audiovisuales. Las audiencias orales deberán constar en medios audiovisuales, además de las actas correspondientes. Las grabaciones formarán parte del expediente.
Artículo 74.—Contenido de la sentencia. Además de los requisitos del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia deberá indicar:
1. Las medidas inmediatas necesarias para restablecer la situación jurídica infringida.
2. En el caso de reclamos por prestación de servicios públicos, las medidas que garanticen su eficiente continuidad.
3. Las sanciones a que haya lugar.
Artículo 75.—Apelación. De la sentencia dictada se oirá apelación en un solo efecto.
Sección Tercera
Procedimiento Común a las Demandas de Nulidad, Interpretación
y Controversias Administrativas
Artículo 76.—Supuestos de aplicación. Este procedimiento regirá la tramitación de las demandas siguientes:
1. Nulidad de actos de efectos particulares y generales.
2. Interpretación de leyes.
3. Controversias administrativas.
Artículo 77.—Recepción de la demanda. El tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de la demanda dentro de los tres días de despacho siguientes a su recepción.
Artículo 78.—Notificación. Admitida la demanda, se ordenará la notificación de las siguientes personas y entes:
1. En los casos de recursos de nulidad, al representante del órgano que haya dictado el acto; en los casos de recursos de interpretación, al órgano del cual emanó el instrumento legislativo; y en los de controversias administrativas, al órgano o ente contra quien se proponga la demanda.
2. Al Procurador o Procuradora General de la República y al o la Fiscal General de la República.
3. A cualquier otra persona, órgano o ente que deba ser llamado a la causa por exigencia legal o a criterio del tribunal.
Las notificaciones previstas se realizarán mediante oficio que será entregado por el o la Alguacil en la oficina receptora de correspondencia de que se trate. El o la Alguacil dejará constancia, inmediatamente, de haber notificado y de los datos de identificación de la persona que recibió el oficio.
Artículo 79.—Expediente administrativo. Con la notificación se ordenará la remisión del expediente administrativo o de los antecedentes correspondientes, dentro de los diez días hábiles siguientes.
El funcionario o funcionaria que omita o retarde dicha remisión podrá ser sancionado por el tribunal, con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.).
Artículo 80.—Cartel de emplazamiento. En el auto de admisión se ordenará la notificación de los interesados, mediante un cartel que será publicado en un diario que indicará el tribunal, para que comparezcan a hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia de juicio. El cartel será librado el día siguiente a aquél en que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas.
En los casos de nulidad de actos de efectos particulares no será obligatorio el cartel de emplazamiento, a menos que razonadamente lo justifique el tribunal.
Artículo 81.—Lapso para retirar, publicar y consignar el cartel. El demandante deberá retirar el cartel de emplazamiento dentro de los tres días de despacho siguientes a su emisión, lo publicará y consignará la publicación, dentro de los ocho días de despacho siguientes a su retiro.
El incumplimiento de las cargas antes previstas, dará lugar a que el tribunal declare el desistimiento del recurso y ordene el archivo del expediente, salvo que dentro del lapso indicado algún interesado se diera por notificado y consignará su publicación.
Artículo 82.—Audiencia de juicio. Verificadas las notificaciones ordenadas y cuando conste en autos la publicación del cartel de emplazamiento, el tribunal, dentro de los cinco días de despacho siguientes, fijará la oportunidad para la audiencia de juicio, a la cual deberán concurrir las partes y los interesados. La audiencia será celebrada dentro de los veinte días de despacho siguientes.
Si el demandante no asistiera a la audiencia se entenderá desistido el procedimiento.
En los tribunales colegiados, en esta misma oportunidad, se designará ponente.
Artículo 83.—Contenido de la audiencia. Al comenzar la audiencia de juicio, el tribunal señalará a las partes y demás interesados el tiempo disponible para sus exposiciones orales, las cuales además podrán consignar por escrito.
En esta misma oportunidad las partes podrán promover sus medios de pruebas.
Artículo 84—Lapso de pruebas. Dentro de los tres días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia de juicio, el tribunal admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días de despacho, prorrogables hasta por diez días más.
Si no se promueven pruebas o las que se promuevan no requieren evacuación, dicho lapso no se abrirá.
Dentro de los tres días siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Artículo 85.—Informes. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de evacuación de pruebas, si lo hubiere, o dentro de los cinco días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia de juicio, en los casos en que no se hayan promovido pruebas o se promovieran medios que no requieran evacuación, se presentarán los informes por escrito o de manera oral si alguna de las partes lo solicita.
Artículo 86.—Oportunidad para sentenciar. Vencido el lapso para informes, el tribunal sentenciará dentro de los treinta días de despacho siguientes. Dicho pronunciamiento podrá diferirse justificadamente por un lapso igual. La sentencia publicada fuera de lapso deberá ser notificada, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA
Artículo 87.—Lapso de apelación. De las sentencias definitivas se podrá apelar en ambos efectos dentro de los cinco días de despacho siguientes a su publicación.
Artículo 88.—Sentencias interlocutorias. De las sentencias interlocutorias se oirá apelación en un solo efecto, salvo que cause gravamen irreparable, en cuyo caso se oirá la misma en ambos efectos.
Artículo 89.—Admisión de la apelación. Interpuesto el recurso de apelación dentro del lapso legal, el tribunal deberá pronunciarse sobre su admisión dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento de aquél.
Artículo 90.—Remisión del expediente. Admitida la apelación, el juzgado que dictó la sentencia remitirá inmediatamente el expediente al tribunal de alzada.
En los tribunales colegiados se designará ponente al recibir el expediente.
Artículo 91.—Pruebas. En esta instancia sólo se admitirán las pruebas documentales, las cuales deberán ser consignadas con los escritos de fundamentación de la apelación y de su contestación.
Artículo 92.—Fundamentación de la apelación y contestación. Dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte dé contestación a la apelación.
La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación.
Artículo 93.—Lapso para decidir. Vencido el lapso para la contestación de la apelación, el tribunal decidirá dentro de los treinta días de despacho siguientes, prorrogables justificadamente por un lapso igual.
Artículo 94.—Consulta de sentencias. Cuando ninguna de las partes haya apelado pero la sentencia deba ser consultada, se decidirá sin la intervención de aquellas en un lapso de treinta días de despacho, contados a partir del recibo del expediente, prorrogables justificadamente por un lapso igual.
CAPÍTULO IV
RECURSO ESPECIAL DE JURIDICIDAD
Artículo 95.—Recurso especial de juridicidad. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá, a solicitud de parte, revisar las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que transgredan el ordenamiento jurídico.
El recurso de juridicidad podrá intentarse contra las decisiones judiciales de segunda instancia que se pronuncien sobre destitución de jueces o juezas.
Este recurso no constituye una tercera instancia de conocimiento de la causa.
Artículo 96.—Oportunidad para interponer el recurso. El recurso especial de juridicidad deberá interponerse dentro de los diez días de despacho siguientes a la publicación de la sentencia, ante el tribunal que la haya dictado. El escrito del recurso especial de juridicidad deberá hacer mención expresa de las normas transgredidas.
Artículo 97.—Remisión del expediente. El tribunal que dictó la sentencia deberá remitir inmediatamente el expediente con el recurso a la Sala Político-Administrativa, dejando constancia en el auto que ordena la remisión de los días de despacho transcurridos para su interposición.
Artículo 98.—Admisión del recurso. La Sala Político-Administrativa se pronunciará sobre la admisión del recurso dentro de los diez días de despacho siguientes a su recibo.
Artículo 99.—Escrito de contestación. Admitido el recurso, la contraparte dispondrá de diez días de despacho para que consigne por escrito que no excederá de diez páginas, su contestación.
Artículo 100.—Lapso para dictar sentencia. Transcurrido el lapso establecido en el artículo anterior, la Sala Político-Administrativa dictará decisión dentro de los treinta días de despacho siguientes.
Artículo 101.—Contenido de la sentencia. En la decisión del recurso especial de juridicidad, la Sala Político-Administrativa podrá declarar la nulidad de la sentencia recurrida, ordenando la reposición del procedimiento o resolver el mérito de la causa para restablecer el orden jurídico infringido.
Artículo 102.—Multa. El recurrente, el abogado o abogada asistente o el apoderado o apoderada que interponga el recurso temerariamente, podrá ser multado por un monto entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.). La decisión que imponga la multa deberá motivarse,
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 103.—Ámbito del procedimiento. Este procedimiento regirá la tramitación de las medidas cautelares, incluyendo las solicitudes de amparo constitucional cautelar, salvo lo previsto en el artículo 69 relativo al procedimiento breve.
Artículo 104.—Requisitos de procedibilidad. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a lo intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.
Artículo 105.—Tramitación. Recibida la solicitud de medida cautelar, se abrirá cuaderno separado para el pronunciamiento dentro de los cinco días de despacho siguientes.
En los tribunales colegiados el juzgado de sustanciación remitirá inmediatamente el cuaderno separado. Recibido el cuaderno se designará ponente, de ser el caso, y se decidirá sobre la medida dentro de los cinco días de despacho siguientes.
Al trámite de las medidas cautelares se dará prioridad.
Artículo 106.—Oposición a las medidas. La oposición se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
CAPÍTULO VI
LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
Artículo 107.—Ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, le corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia.
Artículo 108.—Ejecución voluntaria de la República y de los estados. Cuando la República o algún estado sean condenados en juicio, se seguirán las normas establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En el caso de los municipios se aplicarán las normas de la ley especial que rija al Poder Público Municipal y supletoriamente, el procedimiento previsto en esta Ley.
Artículo 109.—Ejecución voluntaria de otros entes. Cuando los institutos autónomos, entes públicos o empresas en los cuales estas personas tengan participación decisiva resultasen condenados por sentencia definitivamente firme, el tribunal, a petición de parte interesada, ordenará su ejecución. A estos fines, notificará a la parte condenada para que de cumplimiento voluntario a la sentencia dentro de los diez días de despacho siguientes a su notificación. Durante ese lapso, se podrá proponer al ejecutante una forma de cumplir con la sentencia. Las partes podrán suspender el lapso establecido para la ejecución voluntaria por el tiempo que acuerden.
Artículo 110.—Continuidad de la ejecución. Vencido el lapso para el cumplimiento voluntario, a instancia de parte, el tribunal determinará la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según las reglas siguientes:
1. Cuando la condena hubiese recaído sobre cantidad líquida de dinero, el tribunal ordenará a la máxima autoridad administrativa de la parte condenada que incluya el monto a pagar en el presupuesto del año próximo y el siguiente, a menos que exista provisión de fondos en el presupuesto vigente. El monto anual de dicha partida no excederá del cinco por ciento (5%) de los ingresos ordinarios del ejecutado. Cuando la orden del tribunal no fuese cumplida o la partida prevista no fuese ejecutada, el tribunal, a petición de parte, ejecutará la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución de sentencias de condena sobre cantidades líquidas de dinero.
2. Cuando en la sentencia se hubiese ordenado la entrega de bienes, el tribunal la llevará a efecto. Si tales bienes estuvieren afectados al uso público, servicio público o actividad de utilidad pública, el tribunal acordará que el precio sea fijado mediante peritos, en la forma establecida por la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. Fijado el precio, se procederá como si se tratare del pago de cantidades de dinero.
3. Cuando en la sentencia se hubiese condenado al cumplimiento de una obligación de hacer, el tribunal fijará un lapso de treinta días consecutivos para que la parte condenada cumpla. Si no fuese cumplida, el tribunal procederá a ejecutar la sentencia. A estos fines, se trasladará a la oficina correspondiente y requerirá su cumplimiento. Si a pesar de este requerimiento la obligación no fuese cumplida, el tribunal hará que la obligación se cumpla. Cuando por la naturaleza de la obligación, no fuere posible su ejecución en la misma forma como fue contraída, el tribunal podrá estimar su valor conforme a lo previsto en este artículo y proceder a su ejecución como si se tratase de cantidades de dinero.
4. Cuando en la sentencia se hubiese condenado a una obligación de no hacer, el tribunal ordenará el cumplimiento de dicha obligación.
Artículo 111.—Ejecución contra particulares. Cuando el ejecutado sea un particular, se aplicará lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.—Se derogan todas las disposiciones del ordenamiento jurídico que colidan con esta Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—El Ejecutivo Nacional incluirá en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos económicos necesarios para la creación y funcionamiento de los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Segunda.—El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, durante los dos primeros años de vigencia de esta Ley, y a solicitud de la Sala Político-Administrativa, podrá mediante resolución diferir la aplicación de la presente Ley, en las circunscripciones judiciales donde no existan las condiciones indispensables para su puesta en práctica.
Tercera.—El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, a solicitud de la Sala Político-Administrativa, podrá modificar la nomenclatura de los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme a esta Ley.
Cuarta.—Las causas que se encuentren en primera instancia, y en cuyos procedimientos no se haya efectuado el acto de informes, el Tribunal fijará un lapso no menor de treinta días de despacho para que las partes los presenten por escrito. El día de despacho siguiente a la presentación de los informes, el tribunal dirá vistos y sentenciará dentro de los sesenta días continuos siguientes.
Quinta.—Las causas que cursen en segunda instancia serán resueltas de conformidad con lo establecido en esta Ley.
Sexta.—Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conocerán de las competencias atribuidas por esta Ley a dichos tribunales, los Juzgados de Municipio.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.—Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo lo dispuesto en el Título II, relativo a la Estructura Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta días de la referida publicación.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los quince días del mes de diciembre de dos mil nueve. Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.




BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.447
Caracas, miércoles 16 de junio de 2010
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta:
la siguiente,
LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Artículo 1º—Objeto. Esta Ley tiene como objeto regular la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en leyes especiales.
Artículo 2º—Principios. Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa orientarán su actuación por los principios de justicia gratuita, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad e inmediación.
Artículo 3º—Publicidad. Los actos del proceso serán públicos, salvo que la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, orden público o protección de la intimidad de las partes.
Artículo 4º—Impulso del procedimiento. El Juez o Jueza es el rector del proceso y debe impulsarlo de oficio o a petición de parte, hasta su conclusión.
El Juez Contencioso Administrativo está investido de las más amplias potestades cautelares. A tales efectos podrá dictar, aún de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la Administración Pública, según el caso concreto, en protección y continuidad sobre la prestación de los servicios públicos y en su correcta actividad administrativa.
Artículo 5º—Prohibición de decidir con asociadas. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no podrán constituirse con asociados para dictar sentencia.
Artículo 6º—Medios alternativos de resolución de conflictos. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento.
Artículo 7º—Entes y órganos controlados. Están sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:
1. Los órganos que componen la Administración Pública;
2. Los órganos que ejercen el Poder Público, en sus diferentes manifestaciones, en cualquier ámbito territorial o institucional;
3. Los institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, sociedades, empresas, asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o privado donde el Estado tenga participación decisiva;
4. Los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación, control, ejecución de políticas y servicios públicos, cuando actúen en función administrativa;
5. Las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional; y
6. Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente, que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa.
Artículo 8º—Universalidad del control. Será objeto de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la actividad administrativa desplegada por los entes u órganos enumerados en el artículo anterior, lo cual incluye actos de efectos generales y particulares, actuaciones bilaterales, vías de hecho, silencio administrativo, prestación de servicios públicos, omisión de cumplimiento de obligaciones y, en general, cualquier situación que pueda afectar los derechos o intereses públicos o privados.
Artículo 9º—Competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa serán competentes para conocer de:
1. Las impugnaciones que se interpongan contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, incluso por desviación de poder.
2. De la abstención o la negativa de las autoridades a producir un acto al cual estén obligados por la ley.
3. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a los órganos del Poder Público.
4. Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y, perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de los órganos que ejercen el Poder Público.
5. Los reclamos por la prestación de los servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de los mismos.
6. La resolución de los recursos de interpretación, de leyes de contenido administrativo.
7. La resolución de las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún estado, municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades.
8. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación en las cuales la República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva.
9. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva, si es de contenido administrativo.
10. Las actuaciones, abstenciones, negativas o las vías de hecho de los consejos comunales y de otras personas o grupos que en virtud de la participación ciudadana ejerzan funciones administrativas.
11. Las demás actuaciones de la Administración Pública no previstas en los numerales anteriores.
Artículo 10.—La participación popular en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Los entes, consejos comunales, colectivos y otras manifestaciones populares de planificación, control, ejecución de políticas y servicios públicos, podrán emitir su opinión en los juicios cuya materia debatida esté vinculada a su ámbito de actuación, aunque no sean partes.
TÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Artículo 11.—Órganos que la componen. Son órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:
1. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
2. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
3. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
4. Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Artículo 12.—La jurisdicción especial tributaria forma parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, su régimen especial es el previsto en el Código Orgánico Tributario.
CAPÍTULO II
DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y LA CONFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS
DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Sección Primera
Sala Político-Administrativa
Artículo 13.—Máxima instancia. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Contra sus decisiones no se oirá recurso alguno, salvo lo previsto en la Constitución de la República.
Artículo 14.—Distribución territorial. Corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, a solicitud de la Sala Político-Administrativa, establecer el número y la distribución territorial de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Sección Segunda
Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
Artículo 15.—Competencia territorial. La competencia territorial de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estará delimitada de la siguiente manera:
1. Dos Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital con competencia en el Distrito Capital y los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y Guárico.
2. Un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Centro-Occidental, con competencia en los estados Cojedes, Falcón, Yaracuy, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Trujillo, Mérida y Zulia.
3. Un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Nor-Oriental con competencia en los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
El Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, a solicitud de la Sala Político-Administrativa, de conformidad con el artículo anterior, podrá crear nuevos Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o modificar su distribución territorial, de acuerdo con las necesidades de esta jurisdicción.
Artículo 16.—Integración. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, estarán integrados por tres jueces o juezas. Sus respectivos juzgados de sustanciación serán unipersonales.
Artículo 17.—Requisitos. Para ser Juez o Jueza de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se requiere:
1. Ser venezolano o venezolana.
2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y prestigio profesional.
3. Tener un mínimo de doce años de graduado o graduada y:
a. Tener título universitario de postgrado en el área del derecho público; o
b. Haber desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública por un mínimo de siete años;
c. Ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área del derecho público, durante un mínimo de siete años; o
d. Ser o haber sido Juez administrativo o Jueza administrativa o haber desempeñado funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia administrativa vinculados al derecho público, por un mínimo de siete años; o
4. Los demás previstos en la ley.
En el caso de los estados fronterizos se requerirá ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad.
Sección Tercera
Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
Artículo 18.—Distribución territorial. En cada estado funcionará al menos un Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Artículo 19.—Integración. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa serán unipersonales.
Artículo 20.—Requisitos. Para ser Juez o Jueza de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se requiere:
1. Ser venezolano o venezolana.
2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y prestigio profesional.
3. Tener un mínimo de diez años de graduado o graduada y:
a. Tener título universitario de postgrado en el área del derecho público; o
b. Haber desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública por un mínimo de cinco años;
c. Ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área del derecho público durante un período mínimo de cinco años; o
d. Ser o haber sido Juez administrativo o Jueza administrativa o haber desempeñado funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia administrativa vinculados al derecho público, por un mínimo de cinco años; o
e. Haber desempeñado funciones de asesoría jurídica o de gestión en la Administración Pública por más de cinco años.
4. Los demás previstos en la ley.
En el caso de los estados fronterizos se requerirá ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad.
Sección Cuarta
Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
Artículo 21.—Integración. Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa serán unipersonales.
Artículo 22.—Requisitos. Para ser Juez o Jueza de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se requiere:
1. Ser venezolano o venezolana.
2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y prestigio profesional.
3. Tener un mínimo de cinco años de graduado o graduada y:
a. Tener título universitario de postgrado en el área del derecho público; o
b. Haber desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública por un mínimo de tres años;
c. Ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área del derecho público, durante un período mínimo de tres años; o
d. Haber desempeñado funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia administrativa vinculados al derecho público, por un mínimo de tres años; o
4. Los demás previstos en la ley.
En el caso de los estados fronterizos se requerirá ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad.
TÍTULO III
DE LA COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
COMPETENCIAS DE LA SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Artículo 23.—Competencias de la Sala Político-Administrativa. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
3. La abstención o la negativa del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, de los Ministros o Ministras, así como de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional, a cumplir los actos a que estén obligados por las leyes.
4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes enumeradas.
5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro tribunal.
6. Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto normativo sub-legal que le sirve de fundamento, siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político-Administrativa.
7. Las controversias administrativas entre la República, los estados, los municipios u otro ente público, cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo estado.
8. Las controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente, o entre distintos órganos o entes que ejerzan el Poder Público, que se susciten por el ejercicio de una competencia atribuida por la ley.
9. La apelación de los juicios de expropiación.
10. Las demandas que se interpongan con motivo de la adquisición, goce, ejercicio o pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan.
11. Las demandas que se ejerzan con ocasión del uso del espectro radioeléctrico.
12. Las demandas que le atribuyan la Constitución de la República o las leyes especiales, o que le correspondan conforme a éstas, en su condición de máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
13. Las demás demandas derivadas de la actividad administrativa desplegada por las altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, no atribuidas a otro tribunal.
14. Las causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la República, en los casos permitidos por el derecho internacional.
15. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico.
16. El avocamiento, de oficio o a petición de parte, sobre algún asunto que curse en otro tribunal cuando sea afín con la materia administrativa.
17. Los juicios en que se tramiten acciones conexas, cuando a la Sala Político Administrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas.
18. Del Recurso Especial de Juridicidad, de conformidad con lo establecido en esta Ley.
19. Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
20. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción.
21. Los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo.
22. Los juicios sobre hechos ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o en puertos o territorios extranjeros tramitados en la República, cuando su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal.
23. Conocer y decidir las pretensiones, acciones o recursos interpuestos, en el caso de retiro, permanencia, estabilidad o conceptos derivados de empleo público del personal con grado de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
24. Las demás causas previstas en la ley.
CAPÍTULO II
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS NACIONALES DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Artículo 24.—Competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal, en razón de su especialidad.
2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
3. La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 4 del artículo 25 de esta Ley.
4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades a las que se refiere el numeral anterior.
5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia.
6. Los juicios de expropiación intentados por la República, en primera instancia.
7. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de las consultas que les correspondan conforme al ordenamiento jurídico.
8. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico desplegada por las autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, cuyo control no haya sido atribuido a la Sala Político-Administrativa o a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
9. Las demás causas previstas en la ley.
Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con sede en la ciudad de Caracas, conocerán exclusivamente la materia de los supuestos previstos en los numerales 3, 4 y 5 de este artículo, cuando se trate de autoridad cuya sede permanente se encuentre en el Área Metropolitana de Caracas.
CAPÍTULO III
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS SUPERIORES ESTADALES DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Artículo 25.—Competencia. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede, de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
4. La abstención o la negativa de las autoridades estadales o municipales a cumplir los actos a que estén obligadas por las leyes.
5. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a autoridades estadales o municipales de su jurisdicción.
6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley.
7. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
8. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico de los órganos del Poder Público estadal, municipal o local.
9. Las controversias administrativas entre municipios de un mismo estado por el ejercicio de una competencia directa e inmediata en ejecución de la ley.
10. Las demás causas previstas en la ley.
CAPÍTULO IV
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE MUNICIPIO DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Artículo 26.—Competencia. Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
1. Las demandas que interpongan los usuarios o usuarias o las organizaciones públicas o privadas que los representen, por la prestación de servicios públicos.
2. Cualquiera otra demanda o recurso que le atribuyan las leyes.
TÍTULO IV
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Sección Primera
Capacidad, Legitimación e Interés
Artículo 27.—Capacidad procesal. Podrán actuar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, las irregulares o de hecho, las asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales y locales, agrupaciones, colectivos y cualquier otra entidad.
Artículo 28.—Asistencia y representación. Las partes actuarán en juicio asistidos o representados por un abogado o abogada.
En los casos de reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos, la acción podrá interponerse sin la asistencia o representación de abogado o abogada, en cuyo caso el Juez deberá procurar a la parte demandante la debida asistencia o representación para los actos subsiguientes, a través de los órganos competentes.
Artículo 29.—Legitimación e interés. Están legitimadas para actuar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa todas las personas que tengan un interés jurídico actual.
Sección Segunda
Las Demandas
Artículo 30.—La iniciativa procesal. Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán a instancia de parte, o de oficio, cuando la ley lo autorice.
Artículo 31.—Trámite procesal de las demandas. Las demandas ejercidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se tramitarán conforme a lo previsto en esta Ley; supletoriamente, se aplicarán las normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Procedimiento Civil.
Cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el Juez o Jueza podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia.
Artículo 32.—Caducidad. Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes:
1. En los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el término de ciento ochenta días continuos, contados a partir de su notificación al interesado, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de su interposición. La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales.
2. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de treinta días continuos.
3. En los casos de vías de hecho y recurso por abstención, en el lapso de ciento ochenta días continuos, contados a partir de la materialización de aquellas o desde el momento en el cual la administración incurrió en la abstención, según sea el caso.
Las acciones de nulidad contra los actos de efectos generales dictados por el Poder Público podrán intentarse en cualquier tiempo.
Las leyes especiales podrán establecer otros lapsos de caducidad.
Sección Tercera
Disposiciones Comunes a los Procedimientos
Artículo 33.—Requisitos de la demanda. El escrito de la demanda deberá expresar:
1. Identificación del tribunal ante él cual se interpone.
2. Nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter con que actúan, su domicilio procesal y correo electrónico, si lo tuviere.
3. Si alguna de las partes fuese persona jurídica deberá indicar la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.
4. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones.
5. Si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, deberá indicarse el fundamento del reclamo y su estimación.
6. Los instrumentos de los cuales se derive el derecho reclamado, los que deberán producirse con el escrito de la demanda.
7. Identificación del apoderado y la consignación del poder.
En casos justificados podrá presentarse la demanda en forma oral ante el tribunal, el cual ordenará su trascripción. La negativa a aceptar la presentación oral deberá estar motivada por escrito.
Artículo 34.—Presentación de la demanda ante otro tribunal. El demandante en cuyo domicilio no exista un tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa competente para conocer de la demanda, podrá presentarla ante un tribunal de municipio, el cual deberá remitir inmediatamente el expediente, foliado y sellado, al tribunal señalado por la parte actora. La caducidad de la acción se determinará por la fecha de presentación inicial de la demanda.
El tribunal receptor antes de efectuar la indicada remisión, lo hará constar al pie del escrito y en el libro de presentación.
Artículo 35.—Inadmisibilidad de la demanda. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:
1. Caducidad de la acción.
2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa.
4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad.
5. Existencia de cosa juzgada.
6. Existencia de conceptos irrespetuosos.
7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.
Artículo 36.—Admisión de la demanda. Si el tribunal constata que el escrito no se encuentra incurso en los supuestos previstos en el artículo anterior y cumple con los requisitos del artículo 33, procederá a la admisión de la demanda, dentro de los tres días de despacho siguientes a su recibo. En caso contrario, o cuando el escrito resultase ambiguo o confuso, concederá al demandante tres días de despacho para su corrección, indicándole los errores u omisiones que se hayan constatado.
Subsanados los errores, el tribunal decidirá sobre su admisibilidad dentro de los tres días de despacho siguientes. La decisión que inadmita la demanda será apelable libremente dentro de los tres días de despacho siguientes ante el tribunal de alzada, el cual deberá decidir con los elementos cursantes en autos dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la que admita será apelable en un solo efecto.
Artículo 37.—Citación. La citación personal se hará conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Civil a excepción de la del Procurador General de la República, que se hará de acuerdo al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
A partir de que conste en autos la citación practicada, comenzará a computarse el lapso de comparecencia en el caso de las demandas de contenido patrimonial.
Hecha la citación las partes quedan a derecho, y no habrá necesidad de una nueva citación para ningún otro acto del juicio, a menos que exista disposición contraria de la ley.
Artículo 38.—Citaciones y notificaciones por medios electrónicos. El tribunal podrá practicar las citaciones y notificaciones por medios electrónicos.
Las certificaciones de las citaciones y notificaciones se harán de conformidad con lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, atendiendo siempre a los principios de inmediatez, brevedad y celeridad. El Secretario o Secretaria dejará constancia en el expediente de las citaciones y notificaciones realizadas, cumplido lo cual comenzarán a contarse los lapsos correspondientes.
Artículo 39.—Auto para mejor proveer. En cualquier estado de la causa el Juez o Jueza podrá solicitar información o hacer evacuar de oficio las pruebas que considere pertinentes. Este auto será inapelable. Las partes podrán hacer observaciones sobre las actuaciones practicadas.
Artículo 40.—Resolución de incidencias. Si por alguna necesidad del procedimiento una de las partes solicitara alguna providencia, el Juez o Jueza resolverá dentro de los tres días de despacho siguientes; a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual ordenará la apertura de una articulación probatoria por ocho días de despacho.
Si la resolución incidiere en la decisión de la causa, el Juez o Jueza resolverá la articulación en la sentencia definitiva; en caso contrario, decidirá dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento de aquélla.
Artículo 41.—Perención. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.
Sección Cuarta
La Inhibición y la Recusación
Artículo 42.—Causales de inhibición y de recusación. Los funcionarios o funcionarias judiciales así como los auxiliares de justicia, pueden ser recusados por algunas de las causas siguientes:
1. Por parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto y segundo grado, respectivamente, con cualquiera de las partes, sus representantes o cónyuges.
2. Por haber sido el recusado padre o madre adoptante o hijo adoptivo o hija adoptiva de alguna de las partes.
3. Por tener con alguna de las partes amistad íntima o enemistad manifiesta.
4. Por tener el recusado, su cónyuge, o algunos de sus afines o parientes consanguíneos, dentro de los grados indicados, interés directo en los resultados del proceso.
5. Por haber manifestado opinión sobre lo principal del juicio o sobre la incidencia pendiente, antes de la emisión de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez o Jueza de la causa.
6. Cualquiera otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad.
Artículo 43.—Deber de inhibición. Los funcionarios o funcionarias y auxiliares de justicia a quienes sean aplicables cualquiera de las causales señaladas en el artículo anterior, deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse.
Igualmente lo harán si son recusados y estimen procedente la causal imputada.
Contra la inhibición no habrá recurso alguno.
Artículo 44.—Lapso para inhibirse. La inhibición del funcionario o funcionaria judicial o del auxiliar de justicia, podrá manifestarse en cualquier estado del juicio y deberá proponerse dentro de los tres días de despacho siguientes al momento en que se conozca la causa que la motive.
Artículo 45.—Allanamiento. El funcionario o funcionaria judicial o el auxiliar de justicia inhibido podrá continuar en sus funciones si convinieren en ello las partes o aquélla contra quien obrare el impedimento, dentro de los cinco días de despacho siguientes. No habrá allanamiento cuando la causal manifestada sea el parentesco o relaciones de pareja.
Los apoderados judiciales no necesitarán autorización especial para prestar su consentimiento en este caso.
Artículo 46.—Remisión del expediente. Cuando el Juez o Jueza advierta que está incurso en alguna de las causales de recusación o inhibición, se abstendrá de conocer, levantará un acta y la remitirá con sus recaudos en cuaderno separado al tribunal competente.
Artículo 47.—No suspensión de la causa por la incidencia. Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia a otro tribunal de la misma categoría si lo hubiera en la localidad y en defecto de éste a quien deba suplido conforme a la ley.
Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el Juez sustituto o Jueza sustituta continuará conociendo de la causa; en caso contrario, devolverá los autos al Juez o Jueza que venía conociendo del asunto.
Artículo 48.—Oportunidad para recusar. La recusación de los funcionarios o funcionarias judiciales o de los auxiliares de justicia, sólo podrá proponerse hasta el día en que concluya el lapso probatorio. Cuando el motivo de la recusación fuese sobrevenido, ésta podrá proponerse hasta el día fijado para el acto de informes. Si fenecido el lapso probatorio el Juez o Jueza, el funcionario o funcionaria judicial o el auxiliar de justicia interviniere en la causa, las partes podrán recusarlo por cualquier motivo legal dentro de los cinco días de despacho siguientes a su aceptación. Cuando la causa fuese sobrevenida, la recusación deberá proponerse dentro de los cinco días de despacho siguientes al momento en que se conozca la causa que la motiva.
Artículo 49.—Trámite de la recusación. La recusación se propondrá mediante diligencia o escrito ante el tribunal de la causa. Si la recusación se funda en un motivo que la haga admisible, el recusado, a más tardar al día siguiente, informará ante la secretaría, debiendo remitir la recusación al tribunal competente para su conocimiento dentro de los cinco días de despacho siguientes.
Artículo 50.—Inadmisibilidad de la recusación. El Juez o Jueza recusado declarará inadmisible la recusación que se intente sin estar fundada en motivo legal, fuera del lapso. Esta decisión será apelable.
Artículo 51.—Incidencia de la recusación. El Juez o Jueza a quien corresponda conocer de la incidencia, admitirá y evacuará las pruebas que los interesados presenten dentro de los cinco días de despacho siguientes a la fecha en que reciba las actuaciones y sentenciará dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso probatorio.
Artículo 52.—Recusación de funcionario o funcionaria judicial. Si el inhibido o el recusado es el Secretario o Secretaria del tribunal, el Juez o Jueza nombrará un sustituto el mismo día o en el siguiente; y de igual forma se procederá cuando se trate de otros funcionarios o funcionarias judiciales.
Si el inhibido o el recusado es un auxiliar de justicia, el Juez o Jueza procederá sin más trámite a hacer un nuevo nombramiento.
Artículo 53.—Conocimiento de la recusación. Si la recusación o inhibición fuere declarada con lugar, conocerá del proceso en curso cualquier otro tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la misma categoría, si lo hubiere en la jurisdicción; de no haberlo o si los jueces o juezas de estos tribunales se inhibieran o fuesen recusados, serán convocados los suplentes.
Artículo 54.—Multas. Declarada inadmisible la recusación, la parte o su apoderado pagarán multa equivalente a cincuenta unidades tributarias (50 U.T.). Igual monto pagará si desiste de la recusación o ésta sea declarada sin lugar, siempre que su interposición hubiese sido temeraria. La decisión sobre la temeridad deberá motivarse.
La multa se pagará dentro del lapso de cinco días hábiles siguientes a la decisión de la incidencia, ante una oficina recepción de fondos nacionales.
Si la parte o el abogado o abogada que la represente, según sea el caso, no acredita en el expediente el pago de la multa, quedarán impedidos de actuar en la causa.
Artículo 55.—Recusación e inhibición en tribunales colegiados. En el caso de los tribunales colegiados la incidencia será decidida por el Presidente o Presidenta; cuando éste fuere el recusado por el Vicepresidente o Vicepresidenta; y cuando fuesen recusados todos se convoca a los suplentes por el orden de la lista.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS EN PRIMERA INSTANCIA
Sección Primera
Demandas de Contenido Patrimonial
Artículo 56.—Supuestos de procedencia. El procedimiento regulado en esta sección regirá la tramitación de las demandas de contenido patrimonial en las que sean partes los sujetos enunciados en el artículo 7 de esta Ley.
Las previsiones de esta sección tendrán carácter supletorio en los demás procedimientos.
Artículo 57.—Audiencia preliminar. La audiencia preliminar tendrá lugar el décimo día de despacho siguiente a la hora que fije el tribunal. Dicha audiencia será oral, con la asistencia de las partes. En este acto, el Juez o Jueza podrá resolver los defectos del procedimiento, de oficio o a petición de parte, lo cual hará constar en acta.
El demandado deberá expresar con claridad si contraviene los hechos alegados por la contraparte, a fin de que el Juez o Jueza pueda fijar con precisión los controvertidos. En esta oportunidad, las partes deberán promover los medios de prueba que sustenten sus afirmaciones.
Artículo 58.—De la participación popular en juicio. El Juez o Jueza podrá, de oficio o a petición de parte, convocar para su participación en la audiencia preliminar a las personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier otra manifestación popular de planificación, control y ejecución de políticas y servicios públicos, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado con el objeto de la controversia, para que opinen sobre el asunto debatido.
De ser procedente su participación se les notificará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de esta Ley, fijándose la audiencia cuando conste en autos la notificación respectiva.
Las personas y entes antes señalados, no requerirán representación ni asistencia de abogado. El Juez o Jueza facilitará su comparecencia y deberá informarles sobre los aspectos relevantes de la controversia.
Artículo 59.—Representación en la audiencia preliminar. Cuando el Juez o Jueza acuerde la participación de las personas o entes indicados en el artículo anterior, podrá escoger entre los presentes quien los represente.
Artículo 60.—Ausencia de las partes. Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar, se declarará desistido el procedimiento.
El desistimiento del procedimiento sólo extingue la instancia y el demandante podrá volver a proponer nueva demanda inmediatamente.
Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, la causa seguirá su curso.
Artículo 61.—Contestación de la demanda. La contestación deberá realizarse por escrito dentro de los diez días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia preliminar, y deberán presentarse los documentos probatorios. Para las actuaciones posteriores se dejará transcurrir íntegramente el lapso previsto en este artículo.
Artículo 62.—Lapso de pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior, las partes presentarán sus escritos de pruebas.
Dentro de los tres días siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Vendido el lapso anterior, dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del referido lapso, el Juez o Jueza admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días de despacho, prorrogables a instancia de parte por diez días.
Cuando las partes sólo promuevan medios de pruebas que no requieran evacuación, se suprimirá el lapso previsto para tal fin.
Artículo 63.—Audiencia conclusiva. Finalizado el lapso de pruebas, dentro de cinco días de despacho siguientes, se fijará la oportunidad para la celebración de la audiencia conclusiva. En los tribunales colegiados se designará ponente en esta oportunidad.
En la audiencia conclusiva, las partes expondrán oralmente sus conclusiones, las cuales podrán consignar por escrito.
Al comenzar la audiencia, el Juez o Jueza indicará a las partes el tiempo para exponer sus conclusiones, réplica y contrarréplica.
Artículo 64.—Oportunidad para dictar sentencia. Concluida la audiencia, el Juez o Jueza dispondrá de treinta días continuos para decidir. El pronunciamiento podrá diferirse justificadamente por treinta días continuos. La sentencia publicada fuera del lapso deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para recurrir.
Sección Tercera
Procedimiento Breve
NOTA DEL EDITOR: En el texto publicado en Gaceta Oficial, se omite por error la Sección Segunda.
Artículo 65.—Supuestos de aplicación. Se tramitarán por el procedimiento regulado en esta sección, cuando no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio, las demandas relacionadas con:
1. Reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos.
2. Vías de hecho.
3. Abstención.
La inclusión de peticiones de contenido patrimonial, no impedirá que el tribunal de curso exclusivamente a las acciones mencionadas.
Artículo 66.—Requisitos de la demanda. Además de los requisitos previstos en el artículo 33, el demandante deberá acompañar los documentos que acrediten los trámites efectuados, en los casos de reclamo por la prestación de servicios públicos o por abstención.
Artículo 67.—Citación. Admitida la demanda, el tribunal requerirá con la citación que el demandado informe sobre la causa de la demora, omisión o deficiencia del servicio público, de la abstención o de las vías de hecho, según sea el caso. Dicho informe deberá presentarse en un lapso no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de que conste en autos la citación.
Cuando el informe no sea presentado oportunamente, el responsable podrá ser sancionado con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.), y se tendrá por confeso a menos que se trate de la Administración Pública.
En los casos de reclamos por prestación de servicios públicos, la citación del demandado será practicada en la dependencia u oficina correspondiente.
Artículo 68.—Notificaciones. En el caso previsto en el numeral 1 del artículo 65 de esta Ley, deberá notificarse a:
1. La Defensoría del Pueblo, al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y a los consejos comunales o locales directamente relacionados con el caso.
2. El Ministerio Público.
3. Cualquiera otra persona o ente público, privado o del Poder Popular relacionado con el asunto, a solicitud de parte o a juicio del tribunal.
Artículo 69.—Medidas cautelares. Admitida la demanda, el tribunal podrá de oficio o a instancia de parte, realizar las actuaciones que estime procedentes para constatar la situación denunciada y dictar medidas cautelares. La oposición a la medida cautelar será resuelta a la mayor brevedad.
Artículo 70.—Audiencia oral. Recibido el informe o transcurrido el término para su presentación, el tribunal dentro de los diez días de despacho siguientes, realizará la audiencia oral oyendo a las partes, a los notificados y demás interesados. Los asistentes a la audiencia podrán presentar sus pruebas.
Si el demandante no asistiere a la audiencia se entenderá desistida la demanda, salvo que otra persona de las convocadas manifieste su interés en la resolución del asunto.
Artículo 71.—Contenido de la audiencia. En la oportunidad de la audiencia oral, el tribunal oirá a los asistentes y propiciará la conciliación.
El tribunal admitirá las pruebas, el mismo día o el siguiente, ordenando la evacuación que así lo requieran.
Artículo 72.—Prolongación de la audiencia. En casos especiales el tribunal podrá prolongar la audiencia.
Finalizada la audiencia, la sentencia será publicada dentro de los cinco días de despacho siguientes.
Artículo 73.—Uso de medios audiovisuales. Las audiencias orales deberán constar en medios audiovisuales, además de las actas correspondientes. Las grabaciones formarán parte del expediente.
Artículo 74.—Contenido de la sentencia. Además de los requisitos del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia deberá indicar:
1. Las medidas inmediatas necesarias para restablecer la situación jurídica infringida.
2. En el caso de reclamos por prestación de servicios públicos, las medidas que garanticen su eficiente continuidad.
3. Las sanciones a que haya lugar.
Artículo 75.—Apelación. De la sentencia dictada se oirá apelación en un solo efecto.
Sección Cuarta
Procedimiento Común a las Demandas de Nulidad, Interpretación
y Controversias Administrativas
Artículo 76.—Supuestos de aplicación. Este procedimiento regirá la tramitación de las demandas siguientes:
1. Nulidad de actos de efectos particulares y generales.
2. Interpretación de leyes.
3. Controversias administrativas.
Artículo 77.—Recepción de la demanda. El tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de la demanda dentro de los tres días de despacho siguientes a su recepción.
Artículo 78.—Notificación. Admitida la demanda, se ordenará la notificación de las siguientes personas y entes:
1. En los casos de recursos de nulidad, al representante del órgano que haya dictado el acto; en los casos de recursos de interpretación, al órgano del cual emanó el instrumento legislativo; y en los de controversias administrativas, al órgano o ente contra quien se proponga la demanda.
2. Al Procurador o Procuradora General de la República y al o la Fiscal General de la República.
3. A cualquier otra persona, órgano o ente que deba ser llamado a la causa por exigencia legal o a criterio del tribunal.
Las notificaciones previstas se realizarán mediante oficio que será entregado por el o la Alguacil en la oficina receptora de correspondencia de que se trate. El o la Alguacil dejará constancia, inmediatamente, de haber notificado y de los datos de identificación de la persona que recibió el oficio.
Artículo 79.—Expediente administrativo. Con la notificación se ordenará la remisión del expediente administrativo o de los antecedentes correspondientes, dentro de los diez días hábiles siguientes.
El funcionario o funcionaria que omita o retarde dicha remisión podrá ser sancionado por el tribunal, con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.).
Artículo 80.—Cartel de emplazamiento. En el auto de admisión se ordenará la notificación de los interesados, mediante un cartel que será publicado en un diario que indicará el tribunal, para que comparezcan a hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia de juicio. El cartel será librado el día siguiente a aquél en que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas.
En los casos de nulidad de actos de efectos particulares no será obligatorio el cartel de emplazamiento, a menos que razonadamente lo justifique el tribunal.
Artículo 81.—Lapso para retirar, publicar y consignar el cartel. El demandante deberá retirar el cartel de emplazamiento dentro de los tres días de despacho siguientes a su emisión, lo publicará y consignará la publicación, dentro de los ocho días de despacho siguientes a su retiro.
El incumplimiento de las cargas antes previstas, dará lugar a que el tribunal declare el desistimiento del recurso y ordene el archivo del expediente, salvo que dentro del lapso indicado algún interesado se diera por notificado y consigna su publicación.
Artículo 82.—Audiencia de juicio. Verificadas las notificaciones ordenadas y cuando conste en autos la publicación del cartel de emplazamiento, el tribunal, dentro de los cinco días de despacho siguientes, fijará la oportunidad para la audiencia de juicio, a la cual deberán concurrir las partes y los interesados. La audiencia será celebrada dentro de los veinte días de despacho siguientes.
Si el demandante no asistiera a la audiencia se entenderá desistido el procedimiento.
En los tribunales colegiados, en esta misma oportunidad, se designará ponente.
Artículo 83.—Contenido de la audiencia. Al comenzar la audiencia de juicio, el tribunal señalará a las partes y demás interesados el tiempo disponible para sus exposiciones orales, las cuales además podrán consignar por escrito.
En esta misma oportunidad las partes podrán promover sus medios de pruebas.
Artículo 84—Lapso de pruebas. Dentro de los tres días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia de juicio, el tribunal admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días de despacho, prorrogables hasta por diez días más.
Si no se promueven pruebas o las que se promuevan no requieren evacuación, dicho lapso no se abrirá.
Dentro de los tres días siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Artículo 85.—Informes. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de evacuación de pruebas, si lo hubiere, o dentro de los cinco días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia de juicio, en los casos en que no se hayan promovido pruebas o se promovieran medios que no requieran evacuación, se presentarán los informes por escrito o de manera oral si alguna de las partes lo solicita.
Artículo 86.—Oportunidad para sentenciar. Vencido el lapso para informes, el tribunal sentenciará dentro de los treinta días de despacho siguientes. Dicho pronunciamiento podrá diferirse justificadamente por un lapso igual. La sentencia publicada fuera de lapso deberá ser notificada, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA
Artículo 87.—Lapso de apelación. De las sentencias definitivas se podrá apelar en ambos efectos dentro de los cinco días de despacho siguientes a su publicación.
Artículo 88.—Sentencias interlocutorias. De las sentencias interlocutorias se oirá apelación en un solo efecto, salvo que cause gravamen irreparable, en cuyo caso se oirá la misma en ambos efectos.
Artículo 89.—Admisión de la apelación. Interpuesto el recurso de apelación dentro del lapso legal, el tribunal deberá pronunciarse sobre su admisión dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento de aquél.
Artículo 90.—Remisión del expediente. Admitida la apelación, el juzgado que dictó la sentencia remitirá inmediatamente el expediente al tribunal de alzada.
En los tribunales colegiados se designará ponente al recibir el expediente.
Artículo 91.—Pruebas. En esta instancia sólo se admitirán las pruebas documentales, las cuales deberán ser consignadas con los escritos de fundamentación de la apelación y de su contestación.
Artículo 92.—Fundamentación de la apelación y contestación. Dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte de contestación a la apelación.
La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación.
Artículo 93.—Lapso para decidir. Vencido el lapso para la contestación de la apelación el tribunal decidirá dentro de los treinta días de despacho siguientes, prorrogables justificadamente por un lapso igual.
Artículo 94.—Consulta de sentencias. Cuando ninguna de las partes haya apelado pero la sentencia deba ser consultada, se decidirá sin la intervención de aquellas en un lapso de treinta días de despacho, contados a partir del recibo del expediente, prorrogables justificadamente por un lapso igual.
CAPÍTULO IV
RECURSO ESPECIAL DE JURIDICIDAD
Artículo 95.—Recurso especial de juridicidad. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá, a Solicitud de parte, revisar las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que transgredan el ordenamiento jurídico.
El recurso de juridicidad podrá intentarse contra las decisiones judiciales de segunda instancia que se pronuncien sobre destitución de jueces o juezas.
Este recurso no constituye una tercera instancia de conocimiento de la causa.
Artículo 96.—Oportunidad para interponer el recurso. El recurso especial de juridicidad deberá interponerse dentro de los diez días de despacho siguientes a la publicación de la sentencia, ante el tribunal que la haya dictado. El escrito del recurso especial de juridicidad deberá hacer mención expresa de las normas transgredidas.
Artículo 97.—Remisión del expediente. El tribunal que dictó la sentencia deberá remitir inmediatamente el expediente con el recurso a la Sala Político-Administrativa, dejando constancia en el auto que ordena la remisión de los días de despacho transcurridos para su interposición.
Artículo 98.—Admisión del recurso. La Sala Político-Administrativa se pronunciará sobre la admisión del recurso dentro de los diez días de despacho siguientes a su recibo.
Artículo 99.—Escrito de contestación. Admitido el recurso, la contraparte dispondrá de diez días de despacho para que consigne por escrito que no excederá de diez páginas, su contestación.
Artículo 100.—Lapso para dictar sentencia. Transcurrido el lapso establecido en el artículo anterior, la Sala Político-Administrativa dictará decisión dentro de los treinta días de despacho siguientes.
Artículo 101.—Contenido de la sentencia. En la decisión del recurso especial de juridicidad, la Sala Político-Administrativa podrá declarar la nulidad de la sentencia recurrida, ordenando la reposición del procedimiento o resolver el mérito de la causa para restablecer el orden jurídico infringido.
Artículo 102.—Multa. El recurrente, el abogado o abogada asistente o el apoderado o apoderada que interponga el recurso temerariamente, podrá ser multado por un monto entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.). La decisión que imponga la multa deberá motivarse,
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 103.—Ámbito del procedimiento. Este procedimiento regirá la tramitación de las medidas cautelares, incluyendo las solicitudes de amparo constitucional cautelar, salvo lo previsto en el artículo 69 relativo al procedimiento breve.
Artículo 104.—Requisitos de procedibilidad. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a lo intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.
Artículo 105.—Tramitación. Recibida la solicitud de medida cautelar, se abrirá cuaderno separado para el pronunciamiento dentro de los cinco días de despacho siguientes.
En los tribunales colegiados el juzgado de sustanciación remitirá inmediatamente el cuaderno separado. Recibido el cuaderno se designará ponente, de ser el caso, y se decidirá sobre la medida dentro de los cinco días de despacho siguientes.
Al trámite de las medidas cautelares se dará prioridad.
Artículo 106.—Oposición a las medidas. La oposición se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
CAPÍTULO VI
LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
Artículo 107.—Ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, le corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia.
Artículo 108.—Ejecución voluntaria de la República y de los estados. Cuando la República o algún estado sean condenados en juicio, se seguirán las normas establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En el caso de los municipios se aplicarán las normas de la ley especial que rija al Poder Público Municipal y supletoriamente, el procedimiento previsto en esta Ley.
Artículo 109.—Ejecución voluntaria de otros entes. Cuando los institutos autónomos, entes públicos o empresas en los cuales estas personas tengan participación decisiva resultasen condenados por sentencia definitivamente firme, el tribunal, a petición de parte interesada, ordenará su ejecución. A estos fines, notificará a la parte condenada para que de cumplimiento voluntario a la sentencia dentro de los diez días de despacho siguientes a su notificación. Durante ese lapso, se podrá proponer al ejecutante una forma de cumplir con la sentencia. Las partes podrán suspender el lapso establecido para la ejecución voluntaria por el tiempo que acuerden.
Artículo 110.—Continuidad de la ejecución. Vencido el lapso para el cumplimiento voluntario, a instancia de parte, el tribunal determinará la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según las reglas siguientes:
1. Cuando la condena hubiese recaído sobre cantidad líquida de dinero, el tribunal ordenará a la máxima autoridad administrativa de la parte condenada que incluya el monto a pagar en el presupuesto del año próximo y el siguiente, a menos que exista provisión de fondos en el presupuesto vigente. El monto anual de dicha partida no excederá del cinco por ciento (5%) de los ingresos ordinarios del ejecutado. Cuando la orden del tribunal no fuese cumplida o la partida prevista no fuese ejecutada, el tribunal, a petición de parte, ejecutará la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución de sentencias de condena sobre cantidades líquidas de dinero.
2. Cuando en la sentencia se hubiese ordenado la entrega de bienes, el tribunal la llevará a efecto. Si tales bienes estuvieren afectados al uso público, servicio público o actividad de utilidad pública, el tribunal acordará que el precio sea fijado mediante peritos, en la forma establecida por la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. Fijado el precio, se procederá como si se tratare del pago de cantidades de dinero.
3. Cuando en la sentencia se hubiese condenado al cumplimiento de una obligación de hacer, el tribunal fijará un lapso de treinta días consecutivos para que la parte condenada cumpla. Si no fuese cumplida, el tribunal procederá a ejecutar la sentencia. A estos fines, se trasladará a la oficina correspondiente y requerirá su cumplimiento. Si a pesar de este requerimiento la obligación no fuese cumplida, el tribunal hará que la obligación se cumpla. Cuando por la naturaleza de la obligación, no fuere posible su ejecución en la misma forma como fue contraída, el tribunal podrá estimar su valor conforme a lo previsto en este artículo y proceder a su ejecución como si se tratase de cantidades de dinero.
4. Cuando en la sentencia se hubiese condenado a una obligación de no hacer, el tribunal ordenará el cumplimiento de dicha obligación.
Artículo 111.—Ejecución contra particulares. Cuando el ejecutado sea un particular, se aplicará lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.—Se derogan todas las disposiciones del ordenamiento jurídico que colidan con esta Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—El Ejecutivo Nacional incluirá en la Ley de Presupuesto Anual, los recursos económicos necesarios para la creación y funcionamiento de los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Segunda.—El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, durante los dos primeros años de vigencia de esta Ley, y a solicitud de la Sala Político-Administrativa, podrá mediante resolución diferir la aplicación de la presente Ley; en las circunscripciones judiciales donde no existan las condiciones indispensables para su puesta en práctica.
Tercera.—El Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, a solicitud de la Sala Político-Administrativa, podrá modificar la nomenclatura de los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme a esta Ley.
Cuarta.—Las causas que se encuentren en primera instancia, y en cuyos procedimientos no se haya efectuado el acto de informes, el Tribunal fijará un lapso no menor de treinta días de despacho para que las partes los presenten por escrito. El día de despacho siguiente a la presentación de los informes, el tribunal dirá vistos y sentenciará dentro de los sesenta días continuos siguientes.
Quinta.—Las causas que cursen en segunda instancia serán resueltas de conformidad con lo establecido en esta Ley.
Sexta.—Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conocerán de las competencias atribuidas por esta Ley a dichos tribunales, los Juzgados de Municipio.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.—Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo lo dispuesto en el Título II, relativo a la Estructura Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta días de la referida publicación.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los quince días del mes de diciembre de dos mil nueve. Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
Promulgación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil diez. Años 200º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.