Los Entes Publicos y el IVA

Existen diferentes tipos de entes publicos , y estas modalidades son las siguientes:

1. Entes publicos Nacionales, entes publicos Estadales y entes Publicos Municipales
2. entes publicos con fines mercantiles y entes publicos sin fines mercantiles
3. Entes publicos sin autonomia presupuestaria y entes publicos con autonomia presupuestaria.

La Ley de Impuesto al Valor agregado indica que los entes publicos con fines mercantiles son automaticamente contribuyentes ordinarios IVA a menos que su conformacion juridica sea una asociacion cooperativa , la cual es no sujeta de IVA,o realicen actividades exentas o exoneradas de forma EXCLUSIVA y los entes publicos sin fines mercantiles como es el caso de las alcaldias seran o no contribuyentes ordinarios o formales dependiendo si realizan operaciones gravadas, ejemplo : reciben ingresos por alquiler de un local, estacionamiento....etc.....

DOCTRINAS ENTES PUBLICOS


http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/2.6DOCTRINA/CRITERIOS_IVA_04_RET_ENTES_PUBLICOS.pdf

http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/2.6DOCTRINA/CRITERIOS_IVA_01_SERVICIOS_NO_SUJETOS.pdf

http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/2.6DOCTRINA/CRITERIOS_ISLR_08_Declaracion_Empresas_Estado.pdf


ACTIVIDADES NO SUJETAS A IVA:

Artículo 16. No estarán sujetos al impuesto previsto en esta Ley:
1. Las importaciones no definitivas de bienes muebles, de conformidad con la normativa aduanera.
2. Las ventas de bienes muebles intangibles o incorporales, tales como especies fiscales, acciones, bonos, cédulas hipotecarias, efectos mercantiles, facturas aceptadas, obligaciones emitidas por compañías anónimas y otros títulos y valores mobiliarios en general, públicos o privados, representativos de dinero, de créditos o derechos distintos del derecho de propiedad sobre bienes muebles corporales y cualquier otro título representativo de actos que no sean considerados como hechos imponibles por esta Ley. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 4 de esta Ley.
3. Los préstamos en dinero.
4. Las operaciones y servicios en general realizadas por los bancos, institutos de créditos o empresas regidas por el Decreto N° 5.555 con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, incluidas las empresas de arrendamiento financiero y los fondos del mercado monetario, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 5 de esta Ley, e igualmente las realizadas por las instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por leyes especiales, las instituciones y fondos de ahorro, los fondos de pensión, los fondos de retiro y previsión social, las sociedades cooperativas, las bolsas de valores y las
entidades de ahorro y préstamo, las bolsas agrícolas, así como la comisión que los puestos de bolsas agrícolas cobren a sus clientes por el servicio prestado por la compra de productos y títulos de origen o destino agropecuario.
5. Las operaciones de seguro, reaseguro y demás operaciones realizadas por las sociedades de seguros y reaseguros, los agentes de seguros, los corredores de seguros y sociedades de corretaje, los ajustadores y demás auxiliares de seguros, de conformidad con lo establecido en la ley que regula la materia.
6. Los servicios prestados bajo relación de dependencia de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo.
7. Las actividades y operaciones realizadas por los entes creados por el Ejecutivo Nacional de conformidad con el Código Orgánico Tributario, con el objeto de asegurar la administración eficiente de los tributos de su competencia; así como las realizadas por los entes creados por los Estados o Municipios para los mismos fines.
Parágrafo Único: En concordancia con lo establecido en el artículo 29 de esta Ley, la no sujeción implica únicamente que las operaciones mencionadas en este artículo no generarán el Impuesto al Valor Agregado.
Las personas que realicen operaciones no sujetas, aún cuando sea con carácter exclusivo, deberán soportar el traslado del impuesto con ocasión de la importación o compra de bienes y la recepción de servicios gravados. Igualmente deberán soportarlo cuando, en virtud de sus actividades propias y según sus contrataciones con particulares, estén llamados a subrogarse en el pago de una operación gravada, o, cuando, tratándose de sociedades de seguro y reaseguro, paguen los montos asegurados conforme a las pólizas suscritas.


De las Exenciones

Artículo 17. Estarán exentos del impuesto establecido en esta Ley:
1. Las importaciones de los bienes y servicios mencionados en el artículo 18 de esta Ley.
2. Las importaciones efectuadas por los agentes diplomáticos y consulares acreditados en el país, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por Venezuela. Esta exención queda sujeta a la condición de reciprocidad.
3. Las importaciones efectuadas por instituciones u organismos internacionales a que pertenezcaV Venezuela y por sus funcionarios, cuando procediere la exención de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por Venezuela.
4. Las importaciones que hagan las instituciones u organismos que se encuentren exentos de todo impuesto en virtud de tratados internacionales suscritos por Venezuela.
5. Las importaciones que hagan viajeros, pasajeros y tripulantes de naves, aeronaves y otros vehículos, cuando estén bajo régimen de equipaje.
6. Las importaciones que efectúen los inmigrantes de acuerdo con la legislación especial, en cuanto les conceda franquicias aduaneras.
7. Las importaciones de bienes donados en el extranjero a instituciones, corporaciones y fundaciones sin fines de lucro y a las universidades para el cumplimiento de sus fines propios.
8. Las importaciones de billetes y monedas efectuadas por el Banco Central de Venezuela, así como los materiales e insumos para la elaboración de las mismas por él órgano competente del Poder Público Nacional.
9. Las importaciones de equipos científicos y educativos requeridos por las instituciones públicas dedicadas a la investigación y a la docencia. Asimismo, las importaciones de equipos médicos de uso tanto ambulatorio como hospitalario del sector público o de las instituciones sin fines
de lucro, siempre que no repartan ganancias o beneficios de cualquier índole a sus miembros y, en todo caso, se deberá comprobar ante la Administración Tributaria tal condición.
10. Las importaciones de bienes, así como las ventas de bienes y prestación de servicios, efectuadas en el Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, en la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná del Estado Falcón; y en la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, en el Puerto Libre de Santa Elena de Uairén y en la Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios Atuja (ZOFRAT), una vez que inicie sus actividades fiscales, de conformidad con los fines previstos en sus respectivas leyes o decretos de creación.
Parágrafo Único: La exención prevista en los numerales 1 y 9 de este artículo, sólo procederá en caso que no haya producción nacional de los bienes objeto del respectivo beneficio, o cuando dicha producción sea insuficiente, debiendo tales circunstancias ser certificadas por el Ministerio correspondiente.

Artículo 18. Están exentas del impuesto previsto en esta Ley, las ventas de los bienes siguientes:

1. Los alimentos y productos para consumo humano que se mencionan a continuación:

a) Productos del reino vegetal en su estado natural, considerados alimentos para el
consumo humano, y las semillas certificadas en general, material base para la reproducción animal e insumos biológicos para el sector agrícola y pecuario.
b) Especies avícolas, los huevos fértiles de gallina, los pollitos, pollitas y pollonas para la cría, reproducción y producción de carne de pollo; y huevos de gallina.
c) Arroz.
d) Harina de origen vegetal, incluidas las sémolas.
e) Pan y pastas alimenticias.
f) Huevos de gallinas.
g) Sal.
h) Azúcar y papelón, excepto los de uso industrial.
i) Café tostado, molido o en grano.
j) Mortadela.
k) Atún enlatado en presentación natural.

l) Sardinas enlatadas con presentación cilíndrica hasta ciento setenta gramos (170 gr.)
m) Leche cruda, pasteurizada, en polvo, modificada, maternizada o humanizada y en sus
fórmulas infantiles, incluidas las de soya.
n) Queso blanco.
ñ) Margarina y mantequilla.
o) Carnes de pollo, ganado bovino y porcino en estado natural, refrigeradas, congeladas, saladas o en salmuera.
p) Mayonesa.
q) Avena
r) Animales vivos destinados al matadero (bovino y porcino)
s) Ganado bovino y porcino para la cría.
t) Aceites comestibles, excepto el de oliva.

2. Los fertilizantes, así como el gas natural utilizado como insumo para la fabricación de los mismos.
3. Los medicamentos y agroquímicos y los principios activos utilizados exclusivamente para Su fabricación, incluidas las vacunas, sueros, plasmas y las sustancias humanas o animales preparadas para uso terapéutico o profiláctico, para uso humano, animal y vegetal.
4. Los combustibles derivados de hidrocarburos, así como los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina, tales como etanol, metanol, metil-ter-butil-eter (MTBE), etil-ter-butil-eter (ETBE) y las derivaciones de éstos destinados al fin señalado.
5. Los vehículos automotores con adaptaciones especiales para ser utilizados por personas con discapacidad, sillas de ruedas para impedidos, los marcapasos, catéteres, válvulas, órganos artificiales y prótesis.
6. Los diarios, periódicos, y el papel para sus ediciones.
7. Los libros, revistas y folletos, así como los insumos utilizados en la industria editorial.
8. El maíz utilizado en la elaboración de alimentos para el consumo humano.
9. El maíz amarillo utilizado para la elaboración de alimentos concentrados para animales.
10. Los aceites vegetales, refinados o no, utilizados exclusivamente como insumos en la elaboración de aceites comestibles, mayonesa y margarina.
11. Los minerales y alimentos líquidos o concentrados para animales o especies a que se refieren los literales b),r) y s) del numeral 1 de este artículo, así como las materias primas utilizadas exclusivamente en su elaboración.
12. Sorgo y Soya.
Parágrafo Único: La Administración Tributaria podrá establecer la codificación correspondiente a los productos especificados en este artículo e igualmente mediante reglamento se desarrollará la normativa necesaria para la aplicación de la exención señalada en el numeral 5 de este artículo.”
Artículo 19. Están exentos del impuesto previsto en esta Ley, las prestaciones de los siguientes servicios:

1. El transporte terrestre y acuático nacional de pasajeros.
2. El transporte terrestre de los bienes señalados en los numerales 1, 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 18.
3. Los servicios educativos prestados por instituciones inscritas o registradas en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.
4. Los servicios de hospedaje, alimentación y sus accesorios, a estudiantes, ancianos, personas minusválidas, excepcionales o enfermas, cuando sean prestados dentro de una institución destinada exclusivamente a servir a estos usuarios.
5. Las entradas a parques nacionales, zoológicos, museos, centros culturales e instituciones similares, cuando se trate de entes sinfines de lucro exentos de Impuesto Sobre la Renta.
6. Los servicios medico-asistenciales y odontológicos, de cirugía y hospitalización.
7. Las entradas a espectáculos artísticos, culturales y deportivos, siempre que su valor no exceda de dos unidades tributarias (2 U.T).
8. El servicio de alimentación prestado a alumnos y trabajadores en restaurantes, comedores y cantinas de escuelas, centros educativos, empresas o instituciones similares, en sus propias sedes.
9. El suministro de electricidad de uso residencial.
10. El servicio nacional de telefonía prestado a través de teléfonos públicos.
11. El suministro de agua residencial.
12. EL aseo urbano residencial.
13. El suministro de gas residencial, directo o por bombonas.
14. EL servicio de transporte de combustibles derivados de hidrocarburos.
15. Los servicios de crianza de ganado bovino, caprino, ovino, porcino, aves y demás especies menores, incluyendo su reproducción y producción.”


Los entes publicos en sus diferentes concepciones son agentes de retencion de IVA,a menois que no tenga autonomia financiera.

Le adjunto doctrina de alcaldias


Gerencia General de Servicios Jurídicos
Gerencia de Doctrina y Asesoría
División de Doctrina Tributaria
N° de Consulta DCR-5-35878-4123
Fecha: 28/08/2007


1. En el supuesto de que las alcaldías presten el servicio de aseo urbano ¿Se le podría considerar contribuyente ordinario del impuesto al valor agregado? De ser así ¿debe cumplir con todos los deberes formales que indica la Ley?

2. Si es una empresa privada la que presta el servicio de aseo urbano, pero quien recauda el pago es la alcaldía a través del cobro de la mensualidad del impuesto a las actividades económicas ¿se le podría considerar contribuyente formal? Y en consecuencia ¿cumplir con todos los deberes formales previstos en la Providencia Administrativa N° 1677?

Al respecto, esta Gerencia emite su criterio en los siguientes términos:

El artículo 1 de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado , señala las operaciones que grava el impuesto y los sujetos obligados al pago del mismo, a saber:

“Artículo 1. Se crea un impuesto al valor agregado, que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, según se especifica en esta Ley, aplicable a todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos o económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes, habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios independientes, realicen las actividades definidas como hechos imponibles en esta Ley”. (Subrayado nuestro)

Se trata entonces, de un impuesto indirecto que reincide sobre el consumo de los bienes y servicios producidos en el país o importados, el cual se encuentran obligados a pagar las personas naturales o jurídicas, comunidades y demás entes jurídicos o económicos, públicos o privados.

Es así como los entes públicos no se encuentran excluidos del pago del IVA, pudiendo calificar como contribuyente ordinario del impuesto en razón de la verificación de los supuestos de hecho previstos en la Ley, tal y como lo dispone textualmente el artículo 5 del instrumento normativo:

“Artículo 5. Son contribuyentes ordinarios de este impuesto, los importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicios, y, en general, toda persona natural o jurídica que como parte de su giro, objeto u ocupación, realice las actividades, negocios jurídicos u operaciones, que constituyen hechos imponibles de conformidad con el artículo 3 de esta Ley. En todo caso, el giro, objeto u ocupación a que se refiere el encabezamiento de este artículo, comprende las operaciones y actividades que efectivamente realicen dichas personas”.

Con mayor precisión, el artículo 7 de la Ley califica como contribuyentes ordinarios u ocasionales , a las entidades públicas en los términos siguientes:

“Artículo 7. Son contribuyentes ordinarios u ocasionales las empresas públicas constituidas bajo la figura jurídica de sociedades mercantiles, los institutos autónomos y los demás entes descentralizados y desconcentrados de la República, de los Estados y de los Municipios, así como de las entidades que aquéllos pudieren crear, cuando realicen los hechos imponibles contemplados en esta Ley, aún en los casos en que otras leyes u ordenanzas los hayan declarados no sujetos a sus disposiciones o beneficiados con la exención o exoneración del pago de cualquier tributo”. (Subrayado nuestro)


Esta disposición, concebida originalmente para regular el caso de los entes creados en virtud del proceso de descentralización funcional que puedan realizar alguno de los hechos imponibles previstos en esta Ley, comprende también en el ámbito subjetivo del impuesto al valor agregado a los Municipios, considerados como entes descentralizados territorialmente de la República, cuando realicen alguno de los hechos imponibles contemplados en la Ley, razón por la cual las alcaldías pueden calificar como contribuyentes ordinarios de este impuesto, debiendo cumplir con todos los deberes formales inherentes a su condición.

No obstante, puede optar por algún mecanismo de descentralización funcional o desconcentración a través del cual se puede crear un ente a tales fines que será contribuyente ordinario de este impuesto y por tal estará facultado para utilizar el sistema de créditos y débitos previsto como mecanismo de determinación de este impuesto, quedando también obligado al cumplimiento de los deberes formales.

Una vez aclarada la condición de contribuyentes de las alcaldías frente al impuesto al valor agregado, esta Gerencia pasa a analizar los supuestos planteados en su escrito consultivo.

El primero de ellos se refiere a la prestación de manera directa del servicio de aseo urbano a personas jurídicas por parte de las alcaldías.

De conformidad con el artículo 3, numeral 3, de la Ley que regula el impuesto en estudio, la prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, constituye hecho imponible del impuesto al valor agregado, de manera tal, que si las alcaldías prestan de manera directa el servicio de aseo urbano a las personas jurídicas, califican como contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1 y 7 de la Ley anteriormente comentados y deberán cumplir con todos los deberes formales inherentes a tal condición.

En el segundo supuesto, la empresa privada presta directamente el servicio de aseo urbano a personas jurídicas y la alcaldía recauda el pago del servicio a través del cobro de la mensualidad del impuesto a las actividades económicas, alegando por ello la condición de contribuyente formal, toda vez que no presta el servicio.

Entiende esta Gerencia, que en este supuesto, la alcaldía delega en la empresa privada la prestación del servicio de aseo, verificándose de esta manera dos situaciones: la primera de ellas es que frente a los clientes el servicio es prestado por la alcaldía, por cuanto la misma no factura en nombre de la empresa que presta el servicio de aseo urbano; la segunda situación se refiere al cobro que realiza la empresa a la alcaldía por la prestación del servicio.

Al respecto, esta Gerencia considera pertinente hacer referencia al supuesto de responsabilidad en el pago del impuesto, contemplado en la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado en su artículo 10, por las operaciones calificadas como hechos imponibles realizadas a través de intermediarios (comisionistas, agentes, apoderados, factores mercantiles, mandatarios, etc.), para determinar si el presente caso puede ser considerado como un supuesto de responsabilidad en los términos señalados en el artículo 10, cuyo contenido se transcribe a continuación:

“Artículo 10.- Los comisionistas, agentes, apoderados, factores mercantiles, mandatarios, consignatarios, subastadores y cualesquiera otros que vendan bienes muebles o presten servicios por cuenta de terceros, son contribuyentes ordinarios del impuesto por el monto de su comisión o remuneración.

Los terceros representados o mandantes son, por su parte, contribuyentes ordinarios obligados al pago del impuesto por el monto de la venta o de la prestación de servicio, excluida la comisión o remuneración, debiendo a proceder a incluir los débitos fiscales respectivos en la declaración correspondiente al período de imposición donde ocurrió o se perfeccionó el hecho imponible. Los comisionistas, agentes, apoderados y demás sujetos a que se refiere el encabezamiento de este artículo, serán responsables solidarios del pago del impuesto en caso que el representado o mandante no lo haya hecho oportunamente, teniendo acción para repetir lo pagado.”

En desarrollo de lo anterior, el artículo 4 del Reglamento General dispone lo siguiente:

“Los comisionistas, apoderados, factores mercantiles, mandatarios, consignatarios, subastadores y cualesquiera otros que vendan bienes muebles por cuenta de terceros son contribuyentes ordinarios del impuesto por el monto de su comisión o remuneración. Estos sujetos además son responsables solidarios del pago del impuesto por las operaciones gravadas que realicen por su intermediación, cuando el representado o mandante no haya enterado oportunamente el débito fiscal en el período de imposición. El responsable tendrá derecho a reclamar del contribuyente el reintegro de las cantidades que hubiere pagado por él.

Estos intermediarios deberán emitir a los compradores facturas por cuenta de las personas a nombre de quienes actúan, incluyendo en éstas el impuesto separadamente del precio e indicando que se emiten de conformidad con el artículo 10 de la Ley. Dicho impuesto deberá ser percibido por el intermediario y entregado al representado o mandante, con una copia de la factura emitida al comprador a que se refiere este párrafo. (…)” (Resaltado de esta Gerencia)

De los artículos transcritos observamos, que en algunos supuestos la normativa de este tributo extiende la consecuencia de la materialización del hecho imponible, a sujetos distintos del contribuyente. Sin embargo, la aplicación de esta norma se encuentra limitado a aquellos casos en los que un tercero preste servicios o venda bienes muebles en nombre y por cuenta de sus mandantes o representados, lo cual significa que el intermediario, previa celebración del contrato correspondiente sustituye al mandante, realizando directamente la actividad que genera el impuesto, de allí que dicha situación genere a efectos de este impuesto, dos consecuencias importantes: la primera es que nace para el intermediario una responsabilidad solidaria en los términos del artículo 25 del Código Orgánico Tributario , el cual los define como aquellos sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a los contribuyentes. La segunda de las consecuencias, es que excepcionalmente el contribuyente es relevado de la obligación formal de emitir la factura por las operaciones que realiza, permitiendo que un tercero lo haga en su nombre.

En razón de lo expuesto, siendo que la alcaldía factura el servicio a los clientes, y por otra parte se entiende que la empresa le factura a la alcaldía, la normativa transcrita no es aplicable al supuesto in examine, por cuanto la misma resulta aplicable solo cuando el intermediario facture por el contribuyente, materializando el hecho imponible por cuenta de este último, situación esta que no se verifica del lado de ninguna de las partes involucradas.

En consecuencia, cada una de las operaciones realizadas constituyen prestaciones de servicios independientes, calificadas como hechos imponible de conformidad con el artículo 3, numeral 3, y artículo 4, numeral 4, de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, por las cuales, la alcaldía y la empresa de aseo urbano, deberán trasladar el impuesto respectivo y declararlo en la oportunidad debida.

Por ultimo, en cuanto a la condición de contribuyente formal, la Ley es clara al señalar que “Son contribuyentes formales los sujetos que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas del impuesto.” De allí pues, que la condición de contribuyente formal viene dada por la exclusiva realización de actividades u operaciones calificadas en la Ley o en un Decreto exoneratorio de conformidad con la Ley, como exenta o exonerada.

Bajo esta condición, los contribuyentes calificados como tal en materia de impuesto al valor agregado y sobre la renta, deberán cumplir con los deberes formales referidos a cada impuesto a los fines del control fiscal y así justificar el disfrute del beneficio fiscal, que en este caso se refiere a aquel previsto en el Decreto de exoneración N° 2.133 :

(Ley que establece el I.V.A) “Artículo 8. (…) Los contribuyentes formales, sólo están obligados a cumplir con los deberes formales que corresponden a los contribuyentes ordinarios…”

(Reglamento de la Ley de I.S.L.R) “Artículo 22. Los beneficiarios de las exenciones establecidas en el artículo 14 de la Ley, en todo caso estarán sujetos a fiscalización, deberán cumplir con las obligaciones y deberes formales previstos para los contribuyentes e inscribirse en los registros que a tal efecto señale la Administración Tributaria”

De esta manera, en materia de impuesto sobre la renta, los beneficiarios de las exenciones deberán presentar una declaración informativa de rentas, llevar los libros y registros en forma ordenada y ajustados a principios de contabilidad generalmente aceptados, emitir los comprobantes correspondientes por ventas o prestaciones de servicios e inscribirse en el Registro Único de Información Fiscal; en materia de impuesto al valor agregado debe cumplir con las mismas obligaciones, pero de acuerdo con los parámetros establecidos en la Providencia Administrativa 1677 contentiva de las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes formales del impuesto al valor agregado.

De conformidad con todo lo antes expuesto, esta Gerencia General de Servicios Jurídicos concluye lo siguiente:

- De realizar alguna de las actividades calificadas como hechos imponibles por la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, los entes públicos territoriales califican como contribuyentes ordinarios del impuesto.
- Para que pueda verificarse el supuesto de intermediación previsto en el artículo 10 de la Ley, el sujeto intermediario debe prestar el servicio o vender el bien mueble en nombre y por cuenta de su mandante o representado, y emitir la factura en nombre de este último, situaciones estas que no se confirman en el supuesto planteado en el escrito consultivo. En cambio, se verifican dos operaciones independientes gravadas con el impuesto en las cuales cada una de las partes, la alcaldía y la empresa, es contribuyente del impuesto generado por la ejecución de la operación.
- La calificación de contribuyente formal en materia de impuesto al valor agregado, viene dada por la realización de manera exclusiva de alguna de las actividades u operaciones consideradas en la Ley como exenta o exoneradas a través de decreto.
- Los sujetos contribuyentes formales deberán cumplir con todos los deberes formales previstos en las normas relativas a cada tributo en cuestión, a los fines de facilitar el control fiscal por parte de la Administración Tributaria, con lo cual podrán justificar tal condición.

En los términos precedentes, queda expuesto el criterio de esta Gerencia, sobre los asuntos sometidos a consulta.

LOTERIAS ,BINGOS Y CASINOS , hoy vence plazo para declarar al SENIAT 10% de ingresos brutos(F-22) del mes de JUNIO 2010 por la ley de Envite y azar

Todos los Bingos , casinos y loterias tienen plazo hasta hoy para declarar y pagar lo correspondiente al 10% de sus ingresos brutos generados en el mes de JUNIO del 2010, esta se realiza a traves de la forma 22:


http://www.conalot.gob.ve/




GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.321
Caracas, viernes 04 de diciembre de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA ECONOMÍA Y FINANZAS
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO
DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA
Providencia Administrativa Nº/SNAT/2009/0118
Caracas, 04 de diciembre de 2009
199º y 150º
Providencia Administrativa:
El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en uso de las facultades previstas en los numerales 1,7 y 9 del Artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.320 de fecha 08 de noviembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 41 y 125 del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001 y en los Artículos 13 y 14 de la Ley que establece el Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.698 de fecha 05 de junio de 2007, resuelve dictar la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE EL CALENDARIO DE SUJETOS PASIVOS ORDINARIOS PARA ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
A CUMPLIRSE PARA EL AÑO 2010

Artículo 1º—Las declaraciones de los Sujetos Pasivos no calificados como contribuyentes especiales, relativas al Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar, deberán ser presentadas a través del Portal http://www.seniat.gob.ve, según el último dígito del número de Registro Único de Información Fiscal (RIF), en las fechas de vencimiento del calendario que para el año 2010 será el siguiente:

R.I.F. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 al 9 8 9 9 9 7 9 9 9 9 8 3 3
Los sujetos pasivos antes señalados, que se encuentren registrados en el Portal http://www.seniat.gob.ve, deberán inscribirse en el mismo, en las Divisiones de Asistencia al Contribuyente de las Gerencias Regionales de Tributos Internos de su domicilio fiscal, a los fines de la asignación de la correspondiente clave de acceso.

Artículo 2º—Presentada la declaración a través del Portal http://www.seniat.gob.ve, los Sujetos Pasivos referidos en el Artículo 1º de esta Providencia, podrán efectuar el pago electrónicamente, a través del Portal del Banco Industrial de Venezuela, o imprimir la planilla generada por el sistema "forma 99022" a los fines de su presentación y pago en Oficinas Receptoras de Fondos Nacionales.

Artículo 3º—El incumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta Providencia, será sancionado de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico Tributario.
Artículo 4º—Esta Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas a los días del mes de de 2009. Años 199º de la Independencia, 150º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.


los pasos a seguir para declarar son los siguientes:

http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MENU_HORIZONTAL/5.1ASISTENCIA_CONTRIBUYENTE/5.1.2ORIENTACION_GENERA/5.1.2.1TRAMITES_ELECTRONI/MANUAL_ENVITE_Y_AZAR.pdf

LEYES:

http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/2.4TRIBUTOS_INTERNOS/2.4.06IAJEA/2.4.6.1IAJEA_LEYES

PROVIDENCIAS:

http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/02NORMATIVA_LEGAL/2.4TRIBUTOS_INTERNOS/2.4.06IAJEA/2.4.6.5IAJEA_PROVIDENCIAS

Designado Ramiro Antonio Falcón Romero como Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Centro occidental

Providencia por la cual se designa al ciudadano Ramiro Antonio Falcón Romero como Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Centro occidental, en calidad de Encargado.

SENTENCIA del TSJ , exp. N° 2009-0532 del 29/06/10 relativa a la compensación de créditos fiscales siendo procedente con impuestos indirectos-cuot t

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
EXP. N° 2009-0532
Mediante Oficio N° 737-2009 del 08 de junio de 2009, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana remitió a esta Sala el expediente N° FP02-U-2007-000016 de su nomenclatura, contentivo del recurso de apelación ejercido en fecha 25 de mayo de 2009, por el abogado José G. Navas, inscrito en el INPREABOGADO con el N° 120.667, actuando con el carácter de sustituto de la Procuradora General de la República en representación del FISCO NACIONAL, según poder autenticado en fecha 08 de marzo de 2008, ante la Notaría Pública Vigésima Quinta del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el N° 52, Tomo 18 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, contra la sentencia N° PJ0662008000048 del 22 de julio de 2008 dictada por el referido Tribunal, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil MANGUERAS GUAYANA, C.A., inscrita originalmente ante el Juzgado Superior de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 24 de febrero de 1978, con el N° 2.161, Tomo 25, y posteriormente, en fecha 13 de marzo de 2003, la última de sus modificaciones estatutarias, ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, bajo el N° 64, Tomo 06-A-Pro., contra los actos contenidos en las Providencias Administrativas Nos. GRTI/RG/DR/2006/41, GRTI/RG/DR/2006/42, GRTI/RG/DR/2006/43 y GRTI/RG/DR/2006/44, dictadas el 08 de noviembre de 2006 por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), conforme a las cuales se declararon improcedentes las solicitudes de compensación opuestas por la contribuyente en virtud de las cantidades que por concepto de impuesto al valor agregado soportó durante los períodos fiscales correspondientes a los meses de enero de 2003 a junio 2005, por la suma de Bs. 377.137.717,00, contra los créditos correspondientes a las declaraciones estimadas y definitiva de impuesto sobre la renta de dicha contribuyente para el ejercicio fiscal abril de 2005 a marzo de 2006, por la cantidad de Bs. 218.422.049,00; se impusieron multas por las sumas de Bs. 21.842.204,90, 2.997.004,50, 2.997.004,50 y 2.997.004,50 y se determinaron intereses moratorios por los montos de Bs. 13.666.606,93, 4.620.381,94, 4.129.264,48 y 3.687.771,41.
Según consta en auto del 04 de junio de 2009, el Tribunal a quo oyó libremente la apelación interpuesta y remitió el expediente a esta Sala adjunto al citado Oficio N° 737-2009 del 08 del citado mes y año.
El 31 de junio de 2009 se dio cuenta en Sala, ordenándose aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de su aplicación temporal. Asimismo, se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho para fundamentar la apelación.
En fecha 04 de agosto de 2009, la abogada Samantha Leal Marín, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 76.326, actuando como sustituta de la Procuradora General de la República en representación del Fisco Nacional, según poder otorgado en fecha 08 de abril de 2008, ante la Notaría Pública Vigésima Quinta del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el N° 18, Tomo 18 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; consignó el escrito de fundamentación de la apelación fiscal.
Por auto del 29 de septiembre de 2009, se fijó para el quinto (5°) día de despacho siguiente el acto de informes en el presente juicio; siendo diferido éste para el 04 de febrero de 2010.
El 26 de enero de 2010, se ratificó el acto de informes para el 04 de febrero de 2010.
Llegada la oportunidad para celebrar el referido acto (04 de febrero de 2010), tuvo lugar el mismo con la comparecencia de la abogada Samantha Leal Marín, supra identificada, actuando en representación del Fisco Nacional, expuso sus argumentos orales y posteriormente, consignó ante Secretaría las conclusiones por escrito. Se dijo “VISTOS”.
I
ANTECEDENTES
Mediante escritos fechados el 25 de octubre, 21 y 27 de diciembre de 2005; 23 y 26 de enero, 16 de febrero y 29 de junio de 2006, recibidos en el Área de Reintegro y Exoneraciones de la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A., solicitó que de conformidad con el procedimiento previsto en la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056 dictada por el SENIAT en fecha 27 de enero de 2005 (Gaceta Oficial N° 38.136 del 28 de febrero de 2005), se le acordase el reintegro o la devolución de los excedentes de retenciones del Impuesto al Valor Agregado hasta el período de junio de 2005, por un monto de Bs. 377.137.717,00, pidiendo a su vez que el monto del reintegro fuese compensado, según lo previsto en el artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario, por una parte, contra los montos correspondientes a la cuarta, quinta y sexta porción de su Declaración Estimada de Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido entre abril de 2005 y marzo de 2006, por un monto de Bs. 29.970.045,00 cada una y un total de Bs. 89.910.134,00, y por otra, contra la cantidad de Bs. 287.227.583,00, correspondiente a la Declaración Definitiva de Rentas del precitado ejercicio gravable de abril de 2005 a marzo de 2006.
En fechas 27 de diciembre de 2005, 26 de enero, 16 de febrero y 29 de junio de 2006, la contribuyente notificó a la Administración Tributaria (según consta expresamente en las providencias recurridas), vista la falta de pronunciamiento de ésta en torno a las solicitudes de recuperación de los aludidos excedentes del impuesto al valor agregado, su decisión de compensar los referidos montos con las cantidades debidas en concepto de impuesto sobre la renta para los ejercicios arriba indicados.
El 08 de noviembre de 2006, la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), emitió las Providencias Administrativas Nos. GRTI/RG/DR/2006/41, GRTI/RG/DR/2006/42, GRTI/RG/DR/2006/43 y GRTI/RG/DR/2006/44, declarando improcedentes las compensaciones solicitadas, habida cuenta de considerar que en el presente caso no se hallaban satisfechos los extremos previstos en los artículos 49 y 51 del Código Orgánico Tributario vigente, toda vez que:
“(…) la compensación de los excedentes de retenciones del impuesto al valor agregado no descontados, sin la decisión favorable de la Administración Tributaria opuesta en compensación por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., es improcedente, toda vez que sólo podrá ser realizada la compensación de esos excedentes previa solicitud a la Administración de la recuperación y la Administración decida favorablemente de la misma, una vez obtenida ésta, la contribuyente solicitará la compensación.”.
Asimismo, en las referidas providencias se impusieron multas por los montos de Bs. 21.842.204,90, 2.997.004,50, 2.997.004,50 y 2.997.004,50 y se determinaron intereses moratorios por las cantidades de Bs. 13.666.606,93, 4.620.381,94, 4.129.264,48 y 3.687.771,41.
Contra los precitados actos, la contribuyente interpuso en fecha 21 de febrero de 2007, recurso contencioso tributario ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, alegando en éste el vicio de falso supuesto de derecho cometido por el Fisco Nacional, al rechazar la compensación opuesta, pues a su decir, el indicado medio de extinción de la obligación tributaria, una vez satisfechos los extremos señalados en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario vigente, opera de pleno derecho sin el previo reconocimiento de la Administración Tributaria.
En este contexto, indicó la contribuyente que la compensación opuesta resultaba procedente, pues “dio cumplimiento a las formalidades previstas en la Ley como se evidencia de las documentales marcadas ‘Anexo C’, ya que introdujo la correspondiente solicitud de reconocimiento del derecho a la devolución, sobre la cual, cabe destacar, ninguna de las Resoluciones hace mención, así como tampoco a las correspondencias que desde Octubre de 2.005, (…) ha introducido a los efectos de dar cumplimiento a los parámetros legales, y que constituyen también falso supuesto de hecho en el presente caso”.
Por otra parte, adujó que aun cuando no hubiera opuesto la compensación como medio de extinción de las obligaciones tributarias derivadas del impuesto sobre la renta, “lo cierto es que la obligación referida a las porciones del ISLR, ya se había extinguido para el momento en que dicha obligación se hizo exigible, en tanto y en cuanto en ese instante MANGUERAS GUAYANA, C.A. se hizo deudor del Fisco Nacional, pero al mismo tiempo ya con anterioridad el Fisco se había hecho deudor de la empresa, por la cual esas deudas recíprocas se extinguen ipso iure hasta su concurrencia en la referida oportunidad en que nació esa cuenta por pagar a la Administración Tributaria Nacional, (…). En este sentido, conviene recordar cómo (sic) el artículo 13 del vigente Reglamento Parcial No. 1 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado obliga a la Administración Tributaria a oponer la compensación frente al contribuyente cuando, tramitada la solicitud de recuperación pertinente, resulte que el peticionario efectivamente adeuda al Fisco alguna cantidad por concepto de tributos, multas, intereses o costas procesales. (…)”.
Seguidamente, alegó que en dicho caso devenían igualmente improcedentes las multas y los intereses moratorios exigidos por la Administración Tributaria, pues al operar de pleno derecho la compensación resultaba imposible que se generaran éstos.
Para concluir, solicitó se decretara de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, medida cautelar de suspensión de efectos de los actos recurridos; que como consecuencia de dicha suspensión y mientras durara la pendencia del juicio se le considerase solvente respecto de las obligaciones causadas en materia de impuesto sobre la renta; que se ordenase a la Administración Tributaria abstenerse de emitir nuevos actos en los que exigiese el pago de la referida obligación, así como de iniciar procedimientos de intimación o de ejecución de las cantidades adeudadas.
II
DECISIÓN APELADA
Para resolver la controversia precedentemente descrita, el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana dictó la sentencia N° PJ0662008000048 en fecha 22 de julio de 2008, declarando con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto, de conformidad con la siguiente motivación:
“(…), este operador de justicia infiere de lo expuesto por las partes que en el (sic)caso subjudice, se circunscribe a la determinación por parte de este Tribunal de la posibilidad de oponer la compensación como medio de extinción de la obligación tributaria, entre los créditos tributarios que corresponden a la contribuyente, originados por retenciones pagadas en exceso y no descontadas en materia de Impuesto al Valor Agregado y las deudas líquidas y exigibles derivadas del Impuesto sobre la Renta, relativas al pago a la cuarta, quinta y sexta porción de la Declaración Estimada de Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006, (…) igualmente, le corresponde quien (sic) aquí decide determinar si la compensación opuesta por la recurrente opera de pleno derecho, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario vigente, o si se requiere la necesidad de un pronunciamiento previo por parte de la Administración Tributaria para que proceda la compensación, tal y como lo afirma la representación del Fisco Nacional.
(…). El artículo 240 del Código Orgánico Tributario establece:
(…). Asimismo, en cuanto al falso supuesto de derecho señala que:
(…). Ahora bien, aplicando lo anteriormente expuesto al caso in examine, se hace necesario revisar lo que establecen los siguientes artículos del Código Civil lo cual disponen:
‘Artículo 1.331: (…)’.
‘Artículo 1333: (…)’.
‘Artículo 49: (…).
(…). Conforme a lo establecido en la norma bajo examen, para poder oponer la compensación se requiere la existencia de deudas tributarias no prescritas, líquidas, exigibles y recíprocas entre el contribuyente o responsable y la Administración Tributaria, de manera que al ser deudores uno del otro, cualquiera de ellos puede alegar la compensación en cualquier momento. En este sentido, para la procedencia de la compensación tributaria deben cumplirse los siguientes requisitos:
(…). En tal sentido, una vez analizada la legislación venezolana en torno a lo referente a la compensación, es oportuno vincular por parte de este operador de justicia, las normas que regulan la recuperación de los excedentes de las retenciones acumuladas no descontadas del Impuesto al Valor Agregado, a los fines de establecer la procedencia o improcedencia de los créditos tributarios de dichos excedentes de retenciones de Impuesto al Valor Agregado, como medio de extinción de las obligaciones tributarias derivadas de las porciones 4/6, 5/6 y 6/6 de la Declaración Estimada y Definitiva de Rentas del ejercicio abril 2005 a marzo 2006.
Vistas de esta forma, las Resoluciones supra identificadas objeto del presente recurso de nulidad (v. folios 37, 49, 61, 73), las cuales señalan lo siguiente:
‘…Ahora bien, a la luz de la normativa aplicable al presente caso, se presenta el hecho, que aún cuando el parágrafo único del artículo 49 del Código Orgánico Tributario vigente, señala en principio que no será oponible la compensación en los impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea las figuras de los denominados débito y crédito fiscales, también deja abierta la posibilidad a que tal hecho se consume salvo expresa disposición legal en contrario…’
Sin embargo, es conveniente aclarar que en el (sic) caso subjudice, se refiere a la compensación de los excedentes de retenciones de Impuesto al Valor Agregado soportadas y no descontadas, con las porciones cuarta, quinta y sexta de la Declaración Estimada de Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006, y la Declaración Definitiva de rentas correspondiente al mencionado ejercicio.
Ahora bien, no podemos dejar pasar por alto que las solicitud interpuesta (sic) por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., para la recuperación de las retenciones acumuladas de Impuesto al Valor Agregado fueron presentadas en fecha 25 de octubre de 2005 (v. folio 79), (…), se interpuso bajo la vigencia de la Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056, de fecha 27 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.136 de fecha 28 de febrero de 2005, la cual derogó a la Providencia Administrativa Nº 1.455 del 29 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.585 de fecha 05 de diciembre de 2002, y la Administración Tributaria no aplicó en las Resoluciones recurridas, la Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056, (…), pues como se evidencia de las actas (v. folio 37, 49, 61, 73) aplicó la Providencia Administrativa Nº 1.455 (…), al argumentar lo siguiente:
‘...Este mandato de recuperación se cristalizó a través de la Providencia Administrativa mediante la cual se designan a lo Contribuyentes Especiales como Agentes de Retención del Impuesto al Valor Agregado Nº SNAT/2002/1455 de fecha 29/11/2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.585 de fecha 05/12/2002, la cual en su articulado establece que el excedente de impuesto retenido que no hubiere podido ser descontado por el contribuyente, puede ser traspasado al período de imposición siguiente o a lo sucesivos, hasta su descuento total; si transcurridos tres (03) períodos de imposición, aún subsiste algún excedente sin descontar, el contribuyente podrá optar por solicitar la recuperación total o parcial del saldo acumulado, siendo recuperables las cantidades que hayan sido debidamente declaradas y enteradas por los agentes de retención y se encuentren reflejadas en el estado de cuenta del contribuyente; siempre y cuando dicha recuperación sea solicitada por aquel ante la Administración Tributaria Nacional…’ (…). Visto de esta forma, la Providencia Administrativa Nº 1.455 del 29 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.585 de fecha 05 de diciembre de 2002, en su artículo 6 el (sic) procedimiento de recuperación, con el objeto de que posteriormente se oponga la compensación, de esta manera los excedentes no descontados acumulados de las retenciones por Impuesto al Valor Agregado, no forma (sic) parte de la determinación de los elementos técnicos de créditos y débitos que tiene previsto la Ley de Impuesto al Valor Agregado, lo cual no es aplicable a la prohibición expresa en el Parágrafo Único del artículo 49 del Código Orgánico Tributario, debido a que son verdaderos créditos tributarios.
Así, en lo que respecta a los excedentes de retenciones de Impuesto al Valor Agregado soportados y no descontados y la recuperación de estas retenciones acumuladas, tenemos que, además del Código Orgánico Tributario, tanto la Ley de Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado publicada en Gaceta Oficial número 37.999, de fecha 11 de agosto de 2004, y la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, de fecha 27 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.136 de fecha 28 de febrero de 2005, establecen la recuperación de retenciones acumulas (sic).
En tal sentido, el Artículo 11 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, dispone lo que se transcribe de seguidas:
(…). Ahora bien, dentro de los anteriores lineamientos, se infiere que, si bien expresa que los contribuyentes podrán recuperar ante la Administración Tributaria los excedentes de retenciones que correspondan, sin embargo, señala que debe seguirse a tal efecto, el procedimiento establecido en la Providencia respectiva, constituyendo en este caso, la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, de fecha 27 de enero de 2005.
Así las cosas, la mencionada Providencia Administrativa en sus artículos 9, 10 y 11 establece el procedimiento a seguir por ante la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de su domicilio fiscal, y específicamente señala:
(…). Visto de esta forma, de acuerdo con el procedimiento de recuperación de retenciones acumuladas del Impuesto al Valor Agregado, se inicia obligatoriamente, con una solicitud con el objeto de recuperar los excedentes acumulados que no fueron descontados por el contribuyente, y una vez que la misma resulte favorable, procederá la compensación o cesión por parte del contribuyente, por lo tanto tales créditos son verdaderas deudas tributarias y cumplen con los supuestos de: El (sic) elemento ‘liquidez’ en tales casos, que (…) se concreta en la determinación y cuantificación del impuesto recuperable (‘crédito fiscal’), exigibilidad del derecho de crédito (a la recuperación), simultaneidad, homogeneidad y reciprocidad.
Evidentemente, las normas que establecen la recuperación de retenciones acumuladas previstas en la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, específicamente en su artículo 10, cuyo objetivo es la recuperación solicitada a los efectos de la compensación o cesión, son verdaderos créditos tributarios, y no forman parte en lo concerniente a los elementos técnicos como la cuota tributaria y la determinación de créditos y debitos que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en consecuencia, no es procedente la prohibición a esta categoría de créditos tributarios prevista en el Parágrafo Único del artículo 49 del Código Orgánico Tributario. Así, se convierten en verdaderos créditos tributarios que pueden ser recuperados y una vez recuperados oponer la compensación para extinguir deudas tributarias, y la Administración Tributaria en los actos que niega la compensación objeto del presente recurso contencioso tributario no lo consideró de esa manera, incurriendo en el vicio de falso supuesto de derecho, por interpretar erróneamente la Administración Tributaria, en relación a los excedentes acumulados de las retenciones no descontadas del Impuesto al Valor Agregado, procediendo a negar sin fundamento la naturaleza de tales créditos tributarios por las razones precedentes y el derecho del contribuyente a recuperar y posteriormente compensar para extinguir deudas tributarias que cumplan con los requisitos de simultaneidad, liquidez, reciprocidad, exigibilidad y homogeneidad. Así se decide.
(…). Ahora bien, en el caso subjudice, este Tribunal observa de los documentos que constan en autos correspondientes al anexo ‘C’ (v. folios 79 al 124 del expediente judicial), la (sic) recurrente cumplió reiteradamente, con el procedimiento de recuperación de excedentes de retenciones del Impuesto al Valor Agregado previsto en la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, y visto de esta forma, el contribuyente solicita de conformidad con el artículo 49 del Código Orgánico Tributario la compensación de los excedentes no descontados de retenciones del Impuesto al Valor Agregado que se han ido acumulando hasta por la cantidad de (…) (BS. (sic) 377.137.717,00).
(…). Asimismo, el solicitante dio cumplimiento a la norma supra mencionada, al señalar que, en el caso que la misma resulte favorable, su decisión de compensar, e igualmente, identificó el tributo y los montos, (…).
(…). Evidentemente, si bien no se necesita autorización por parte de la Administración Tributaria para compensar en los términos expuestos en el Código Orgánico Tributario, es necesario que el contribuyente solicitante de los excedentes de retenciones acumuladas, cumpla con los requisitos establecidos en la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056 de fecha 27 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.136 de fecha 28 de febrero de 2005, de recuperación de retenciones acumuladas y al emitir la decisión administrativa se procede a la compensación de los mismos tal y como se desprende del contenido de la norma prevista en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario, indubitablemente que la finalidad de la compensación es extinguir hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos, con las deudas tributarias por los mismos conceptos; igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo. En virtud de ello, puede oponerse en cualquier momento en que se deba cumplir con una obligación tributaria, debiendo proceder la Administración Tributaria a verificar los supuestos de liquidez, exigibilidad e imprescriptibilidad de dicho crédito.
Sin embargo, la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), no cumplió con su obligación de verificar la existencia, liquides (sic), exigibilidad y no prescripción del crédito fiscal, a los fines de pronunciarse en relación al procedimiento de recuperación de excedentes no descontados de retenciones de Impuesto al Valor Agregado, y la compensación opuesta de conformidad con el artículo 49 del Código Orgánico Tributario, en reiteradas oportunidades por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA C.A., tal como se evidencia de las actas procesales (v. folio 117, 118 y 119 del expediente judicial), el contribuyente promovió las solicitudes de recuperaciones como lo establece el artículo 10 de la Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056 de fecha 27 de enero de 2005, y de esta manera, agotó, en varias oportunidades, las respectivas solicitudes correspondiente al procedimiento de recuperación de los excedentes acumulados y no descontados de la (sic) retenciones de Impuesto al Valor Agregado, y una vez agotado el procedimiento de recuperación de las retenciones de Impuesto al Valor Agregado, el contribuyente no necesita autorización por parte de la Administración Tributaria para compensar, pues opera de pleno derecho; en virtud de la reconocida primacía que tiene el Código Orgánico Tributario como ley marco del sistema tributario frente a las demás leyes que regulan la materia.
En este sentido, observa este Tribunal que la Administración Tributaria en las Resoluciones impugnadas, no emitió pronunciamiento en cuanto a la liquidez y exigibilidad de los créditos fiscales opuestos, limitándose únicamente a declarar improcedente la compensación, en virtud de considerar que la compensación de los excedentes de retenciones de Impuesto al Valor Agregado no descontados, sin la decisión favorable de la Administración Tributaria opuesta en compensación por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA C.A., es improcedente, toda vez que sólo podrá ser realizada la compensación de estos excedentes previa solicitud a la Administración del procedimiento de recuperación de los excedentes acumulados y no descontados de las retenciones de el Impuesto al Valor Agregado, y que una vez obtenida la autorización de la Administración Tributaria de dichos excedentes, el contribuyente solicitará la compensación y será autorizada por la Administración Tributaria.
(…). De allí pues, que este sentenciador toma como suyo el criterio emanado del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Asunto: AP41-U-2006-000713, Sentencia bajo el Nº 005/2008 de fecha 18 de enero de 2008, caso: OTERCA MAQUINARIAS, C.A., al señalar lo que se transcribe de seguidas:
(…) teniendo en cuenta que el procedimiento de Recuperaciones de Retenciones de Impuesto al Valor Agregado soportadas y no descontadas, es un procedimiento iniciado a instancia de parte, lo precedente será entender a tenor del artículo 49 del Código Orgánico Tributario vigente, en sintonía con la Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056, (sic) prevé que, las Divisiones de Recaudación de las Gerencias Regionales de Tributos Internos del domicilio del contribuyente, pueden verificar oportunamente, en la cuenta corriente electrónica o cuenta corriente tributaria asignada a los contribuyentes especiales inscrito (sic) en el Portal Fiscal del (SENIAT), en la Página Web htt://www.seniat.gov.ve, el saldo de los créditos fiscales con el objeto de solicitar posteriormente, la compensación para extinguir deudas tributarias .
(…). De manera pues, que la Administración Tributaria no cumplió con lo previsto en la Providencia Administrativa Nº SNAT/2005/0056 de fecha 27 de enero de 2005, al no verificar en cuanto a la liquidez y exigibilidad de los créditos fiscales opuestos, y sin tener ningún interés en comprobar o consultar en la cuenta corriente la determinación del saldo en dicha cuenta tributaria del contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., y así resolver para poder recuperar su ‘crédito fiscal’ y posteriormente, oponer la compensación que opera de pleno derecho; en virtud de la reconocida primacía que tiene el artículo 49 del Código Orgánico Tributario como ley marco del sistema tributario frente a las demás leyes que regulan la materia, quedando la deuda extinguida conforme a las especificaciones en el Portal htt: (sic) //www.seniat.gov.ve, en aras de una eficiente actividad administrativa y racional como medio de extinción de obligaciones, y el interés por resolver por parte de la Administración Tributaria, para poder cobrar su crédito, pues de lo contrario el paso del tiempo sin la decisión administrativa, perjudicaría al contribuyente que necesariamente haya agotado el procedimiento de recuperación de créditos tributarios, pudiendo llegar a consumarse la prescripción.
(…). En consecuencia, (…) quien suscribe este fallo declara con fundamento en lo establecido en el artículo 259 de nuestro Texto Fundamental y numeral 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, perfectamente aplicables al proceso tributario, la nulidad de las Providencias Nº GRTI/RG/DR/2006/41, GRTI/RG/DR/2006/42, GRTI/RG/DR/2006/43 y GRTI/RG/DR/2006/44, todas de fecha 08 de Noviembre de 2.006, (…). Así se declara.
(…). DISPOSITIVA
En virtud de de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana (…) declara CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por (…) MANGUERAS GUAYANA, C.A. (…).
No hay condenatoria en costas de conformidad con el Parágrafo Único del artículo 327 del Código Orgánico Tributario, por cuanto el Fisco Nacional tuvo motivos racionales para litigar.”.
III
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN FISCAL
En el escrito contentivo de las razones de hecho y de derecho en que funda su apelación, la apoderada judicial del Fisco Nacional comienza por denunciar que la sentencia dictada por el Tribunal a quo incurre en falso supuesto de derecho por falta de aplicación de la norma prevista en el artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario, al considerar que en el caso bajo examen no resultaba necesario el pronunciamiento previo de la Administración Tributaria respecto de la verificación de la existencia, liquidez y exigibilidad del crédito opuesto en compensación; para sustentar tal afirmación, cita diversos fallos emanados de esta Sala Político-Administrativa que así lo han decidido.
Aunado a lo anterior, expone que la Administración Tributaria actuó ajustada a derecho y si constató en la Providencia N° GRTI/DR/2006/43 del 08 de noviembre de 2006, que “(…) ‘En principio, los créditos fiscales invocados por el contribuyente presuntamente corresponden a EXCEDENTES DE RETENCIONES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SOPORTADAS Y NO DESCONTADAS…’ (…)”.
Continúa señalando, que para que proceda la extinción de la obligación tributaria, vía compensación, resulta obligatorio el cumplimiento de los extremos previstos en los artículos 49 y 51 del vigente Código Orgánico Tributario, en concordancia con lo señalado en el artículo 1.331 del Código Civil, vale decir, que se verifiquen los requisitos de simultaneidad, homogeneidad, liquidez, exigibilidad y reciprocidad, debiendo mediar asimismo el debido pronunciamiento de la Administración Tributaria respecto de dicha verificación.
Ahora bien, respecto de los créditos opuestos en compensación por la contribuyente derivados de los excedentes de retenciones de impuesto al valor agregado, alega que en el caso de autos y según lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por ser éste un impuesto indirecto de tipo plurifásico no acumulativo, el crédito fiscal que se genera en la cadena traslativa del mismo (créditos fiscales menos débitos fiscales) sólo ostenta el carácter de elemento técnico necesario para la determinación tributaria, no teniendo en consecuencia, la misma naturaleza de los créditos oponibles a la República por concepto de tributos y accesorios, ni por ningún otro distinto del previsto en la ley.
Explica, que la función del mencionado elemento técnico es “servir de mecanismo para deducir los referidos créditos de los débitos fiscales, a objeto de obtener la respectiva cuota tributaria, en cada caso concreto; cuota esta que no es mas que el resultado de sustraer de los débitos fiscales (impuesto cobrado) el monto de los créditos fiscales (impuesto pagado), por lo que la obligación de pago que surge en caso de que el débito sea mayor al crédito, es una obligación por deuda ajena, por lo cobrado a un tercero y que debe ser enterado al erario público.”. Destacado de la Sala.
Cónsono con lo anterior, alega que “las personas intervinientes en la compensación han de actuar por derecho propio como acreedores y deudores, es decir, deben ostentar los derechos y obligaciones de que se trate como pertenecientes a ellos mismos, sin que baste el mero ejercicio ni la representación del acreedor o deudor en cualquiera de las obligaciones. En este sentido, parece lógico pensar que la extinción de un crédito por compensación supone de alguna manera un acto de disposición y, por tanto, sólo podrá realizarlo el acreedor, lo que implica que cada uno de los acreedores únicamente podrá (sic) compensar aquellos créditos que tenga (sic) con el otro, pero no los que tengan con terceros. (…).”
En este contexto, señala que “Si el resultado de esa operación redunda en créditos, es decir, si los créditos fiscales superan los débitos fiscales, el contribuyente ostenta el derecho de traspasar los mismos al ejercicio subsiguiente para seguir recuperándolos. Si por el contrario, los débitos fiscales superan los créditos fiscales significa que ya el contribuyente recuperó los impuestos que hasta el momento había soportado y la famosa cuota de impuesto no es más que débitos fiscales provenientes en razón de la percepción de los mismos de un tercero (contribuyente de derecho o contribuyente de hecho) y por tal razón incompensables por adolecer del requisito primordial para que proceda la compensación: la reciprocidad.”.
Por otra parte, destaca que aun cuando el artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario prohíbe la compensación de los impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevén las figuras de los débitos y créditos fiscales, deja abierta la posibilidad para que una disposición legal en contrario, así lo establezca; circunstancia esta que vincula con la promulgación por parte del legislador tributario de la reforma de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, publicada en Gaceta Oficial N° 37.999 del 11 de agosto de 2004, la cual en el parágrafo tercero de su artículo 11, estableció el derecho de los contribuyentes a recuperar los excedentes de retenciones de dicho impuesto que hubieren sido soportadas y no descontadas, previa decisión administrativa favorable que así lo declare.
En concordancia con lo expuesto, aduce que dicho mandato de recuperación se cristalizó mediante la emisión de la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056 del 27 de enero de 2005, conforme a la cual se fijó en sus artículos 9, 10 y 11, el procedimiento a seguir a los efectos de las referidas recuperaciones de los excedentes de impuesto retenido que no hubieren sido descontados por el contribuyente, o bien el traspaso de éstos a los períodos de imposición sucesivos, hasta su descuento total. Asimismo, destaca que dicha providencia estableció la posibilidad de que si trascurridos tres (03) períodos de imposición, aun subsistiese algún excedente sin descontar, el contribuyente puede optar por solicitar la recuperación total o parcial del saldo acumulado, siempre y cuando lo hubiere peticionado a la Administración Tributaria y ésta hubiere emitido su pronunciamiento favorable.
Seguidamente, indica que la sentencia recurrida incurre además en falso supuesto de hecho al considerar que la Administración Tributaria incumplió con su obligación de verificar la liquidez y exigibilidad de los créditos fiscales opuestos en compensación, pues en dicho caso no podía ésta emitir pronunciamiento alguno en torno a la referida compensación, habida cuenta que la contribuyente “utilizó información sobre créditos provenientes de retenciones del Impuesto al Valor Agregado contenidas en las declaraciones correspondientes a los períodos comprendidos desde enero de 2003 hasta junio de 2005, lo que indica que existe una información equivalente a doce (12) períodos que no están soportadas; por otro lado, la presentación de las declaraciones no son prueba suficiente de la existencia de un crédito fiscal líquido a favor de la contribuyente, por cuanto necesariamente debe ir acompañada de otro medio de prueba, donde se constate a través de la revisión minuciosa de los soportes contables y un informe técnico, que en realidad la información contenida en las mismas, están (sic) sujetas a derecho.”.
Por último, alega que al declararse la procedencia de la compensación en el presente caso, el a quo incurrió en contravención a la jurisprudencia sentada en torno a la figura de la compensación en materia de impuestos indirectos, citando a tales efectos las sentencias Nos. 0559 dictada por esta Sala Político-Administrativa en fecha 03 de abril de 2001, en el caso Editora El Nacional, C.A. y 1397 dictada por la Sala Constitucional de este Máximo tribunal en fecha 21 de noviembre de 2000, caso: Heberto Contreras Cuenca.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Vistos los términos en que fue dictado el fallo recurrido, así como las alegaciones hechas valer en su contra por la apelante en representación del Fisco Nacional, observa esta Sala que la controversia planteada en el caso sub examine se contrae a decidir en torno al vicio de falso supuesto de hecho y de derecho en el que presuntamente incurre el pronunciamiento impugnado al declarar procedente la compensación opuesta por la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A., sin que mediase la opinión favorable de la Administración Tributaria respecto de la recuperación de los excedentes de retenciones del impuesto al valor agregado soportadas y no descontadas, y por consiguiente, no cumpliéndose a decir de la apelante, los extremos de procedencia de la compensación dispuestos en el artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario.
Planteada así la litis, pasa esta alzada a decidir de conformidad con la siguiente motivación:
En el caso bajo examen, pudo constatar este Alto Tribunal que la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A., calificada como contribuyente especial por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), solicitó mediante escritos fechados el 25 de octubre, 21 y 27 de diciembre de 2005; 23 y 26 de enero, 16 de febrero y 29 de junio de 2006, ante la Administración Tributaria, Región Guayana, “el reintegro o la devolución del excedente del IVA retenidos a sus clientes (sic), el cual hasta el 30-6-05 ascendía a la suma de Trescientos Setenta y Siete Millones Ciento y (sic) Treinta y Siete Mil Setecientos Diecisiete Bolívares (Bs. 377.137.717,00); pidiendo a su vez, que el monto por concepto de reintegro, fuere compensado por una parte con los montos debidos por concepto de las porciones números 4/6, 5/6 y 6/6 de la Declaración Estimada del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de abril de 2.005 al 31 de Marzo (sic) de 2.006, las cuales alcanzaban la suma de Bs. 89.910.134,00 y la diferencia, es decir, la cantidad de Doscientos Ochenta y Siete Millones Doscientos Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Tres Bolívares (Bs. 287.227.583,00), se compensara (sic) con la declaración definitiva del Impuesto Sobre la Renta del mismo período.”.
En respuestas a tales solicitudes, la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del SENIAT, emitió en fecha 08 de noviembre de 2006 las Providencias Administrativas Nos. GRTI/RG/DR/2006/41, GRTI/RG/DR/2006/42, GRTI/RG/DR/2006/43 y GRTI/RG/DR/2006/44, conforme a las cuales declaró improcedentes las compensaciones opuestas por la contribuyente, bajo los argumentos siguientes:
“(…). En principio, los créditos fiscales invocados por la contribuyente presuntamente corresponden a EXCEDENTES DE RETENCIONES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SOPORTADAS Y NO DESCONTADAS. Tal alegato impele a esta División de Recaudación (…) a realizar algunas precisiones en torno a la figura de la compensación como medio de extinción de las obligaciones tributarias, que se encuentra consagrada en la norma prevista en el Código Orgánico Tributario vigente, siendo necesario revisar el artículo 49 de dicha norma (sic):
(…). En tal sentido, el artículo 1.331 del Código Civil, contempla la figura de la compensación, la cual supone la existencia de dos personas recíprocamente deudoras, que se adeudan (sic) cosas similares o de la misma especie, de modo que puedan sustituirse las unas a las otras. A tal efecto, las condiciones que necesariamente deben concurrir para que se perfeccione la compensación son las siguientes:
Simultaneidad, (…);
Homogeneidad, (…);
Liquidez, (…);
Exigibilidad, (…) y,
Reciprocidad, (…).
En el caso que nos ocupa, la obligación tributaria que se adeuda sólo puede compensarse cumpliendo los requisitos supra señalados. Ahora bien, circunscribiéndonos al ámbito tributario, tenemos en principio, que el contribuyente invoca su derecho de valerse de la compensación, sin embargo, subsiste el derecho de la Administración Tributaria de constatar que se hayan cumplidos los extremos legales en la compensación que hace el sujeto pasivo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 49 y 51 del Código Orgánico Tributario, para que opere este mecanismo de extinción de la obligación tributaria.
A los efectos de análisis (sic) de los extremos legales que debe verificar la Administración Tributaria, es oportuno citar lo que señala el artículo 31 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, acerca de la constatación de la procedencia de la compensación en el caso de impuestos indirectos:
(…). … el contribuyente en el momento de determinar el impuesto al valor agregado, necesariamente debe efectuar una operación de resta, es decir, ‘créditos fiscales’ menos ‘débitos fiscales’. Si el resultado de esa operación redunda en créditos, es decir si los ‘créditos fiscales’ superan los ‘débitos fiscales’, el contribuyente ostenta el derecho de traspasar los mismos al ejercicio subsiguiente para seguir recuperándolos. Si por el contrario, lo ‘débitos fiscales’ superan los ‘créditos fiscales’ significa que ya el contribuyente recuperó los impuestos que hasta ese momento había soportado y la famosa ‘cuota del impuesto’ no es más que ‘débitos fiscales’ provenientes en razón de la percepción de los mismos de un tercero (contribuyente de derecho o contribuyente de hecho) y por tal razón incompensables por adolecer del requisito primordial para que proceda la compensación: la reciprocidad.
En este sentido, y en concordancia con lo previsto en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario vigente, el legislador estableció de manera clara y precisa, una prohibición expresa de compensar este tipo de tributos, por cuanto el contribuyente de jure en tal supuesto, no tiene contra el Fisco Nacional un crédito a su favor, ni una deuda propia, las obligaciones deben coexistir entre las mismas personas, verificándose entre ellas, cuando las dos personas son acreedoras o deudoras una de otra por derecho propio, significaría que los ‘CRÉDITOS’ de Impuesto al Valor Agregado, son deudas de otros contribuyentes a quienes MANGUERAS GUAYANA, C.A.; tenía la obligación de cobrar el impuesto y de allí proceder a descontar el créditos fiscal soportado.
Ahora bien, a la luz de la normativa aplicable al presente caso, se presenta el hecho, que aún cuando el parágrafo único del artículo 40 del Código Orgánico Tributario vigente, señala en principio que no será oponible la compensación en los impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea las figuras de los denominados débitos y créditos fiscales, también deja abierta la posibilidad a que tal hecho se consume salvo expresa disposición legal en contrario.
En consecuencia, es oportuno señalar la reforma de la Ley de Impuesto al Valor Agregado Publicada en Gaceta Oficial 37.999 del 11/08/2004, específicamente el párrafo tercero del artículo 11, así como la Providencia referida en el mismo, en relación al crédito fiscal invocado por la contribuyente en la compensación, en este caso los excedentes de retenciones del Impuesto al Valor Agregado soportados y no descontados, sin la decisión administrativa favorable que establezca la recuperación, el cual dispone:
(…). De acuerdo al tercer párrafo del artículo 11 antes trascrito, se desprende que los contribuyentes podrán recuperar los excedentes descritos en los términos y condiciones que establezca la Providencia, infiriendo que en la redacción del artículo no está autorizada la compensación de éste (sic) tributo, sino previa recuperación por parte del contribuyente y si la decisión administrativa fuera favorable. Sólo en caso de obtener la respuesta de la administración favorable de la recuperación de los excedentes de retenciones del impuesto al valor agregado, la contribuyente solicitará la compensación de éstos créditos con las deudas tributarias que el (sic) requiera.
Este mandato de recuperación se cristalizó a través de la Providencia Administrativa mediante la cual se designan a los Contribuyentes Especiales como Agentes de Retención del Impuesto al Valor Agregado N° SNAT/2002/1455 de fecha 29/11/2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.585 de fecha 05/12/2002, la cual en su articulado se establece (sic) que el excedente de impuesto retenido que no hubiere podido ser descontado por el contribuyente, puede ser traspasado al período de imposición siguiente o a los sucesivos, hasta su descuento total; si transcurridos tres (03) períodos de imposición, aún subsiste algún excedente sin descontar, el contribuyente podrá optar por solicitar la recuperación total o parcial del saldo acumulado, siendo recuperables las cantidades que hayan sido debidamente declaradas y enteradas por los agentes de retención y se encuentren reflejadas en el estado de cuenta del contribuyente; siempre y cuando dicha recuperación sea solicitada por aquel(sic) ante la Administración Tributaria Nacional.
Todo lo anteriormente expuesto sólo es posible previo cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de recuperación que el Código Orgánico Tributario contempla en el artículo 200 y siguientes; allí se dispone que el mismo debe ser iniciado por el contribuyente interesado mediante escrito que deberá dirigir al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), identificando el interesado o la persona que actúe como su representante, la dirección donde se efectuaran las notificaciones, el objeto de la solicitud, anexos y cualesquiera (sic) otra circunstancia o requisito que exijan las normas especiales tributarias.
Una vez recibida la solicitud, la Administración Tributaria procederá a comprobar los supuestos de procedencia de la recuperación solicitada, previa verificación fundamentada en la documentación contenida en el expediente que a tal efecto levante la Administración, de los datos indicados en la misma, registros de sus sistemas, información aportada por terceros resultantes de cruces con proveedores o receptores de bienes o servicios, a fin de constatar la veracidad de las informaciones y recaudos consignados por el contribuyente y así declarar procedente o improcedente las cantidades objeto de recuperación. De igual modo la Administración podrá incluir dentro de la misma decisión el rechazo de los créditos fiscales objeto de recuperación; pudiendo ser entregadas a través de certificados especiales, físicos o electrónicos, destacando que en aquellos casos en los cuales se hubieren otorgado las cantidades objeto de recuperación y la Administración Tributaria determinase con posterioridad su improcedencia, se procederá a solicitar de manera inmediata la restitución de las cantidades indebidamente pagadas con inclusión de los intereses que se hubieren generado desde su indebido otorgamiento hasta su restitución definitiva, los cuales serán equivalentes a 1,3 veces la tasa activa promedio de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos; o bien podrá optar por deducir las cantidades indebidamente acordadas de las siguientes solicitudes presentadas por el contribuyente o ejecutar las garantías que se hubieren otorgado.
En conclusión, la compensación de los excedentes de retenciones del impuesto al valor agregado no descontados, sin la decisión favorable de la Administración Tributaria opuesta en compensación por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., es improcedente, toda vez que sólo podrá ser realizada la compensación de estos excedentes previa solicitud a la administración de la recuperación y la administración decida favorablemente de la misma, una vez obtenida ésta, la contribuyente solicitará la compensación.
Por todos los razonamientos expuestos, se desprende que tanto el crédito fiscal alegado como la deuda que opuso en compensación la contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., resultan improcedentes para oponer este mecanismo de extinción de la obligación tributaria como la compensación, visto que no cumplen los requisitos de operatividad de la compensación de acuerdo a lo contemplado en los artículos 49 y 51 del Código Orgánico Tributario, en consecuencia esta División de Recaudación adscrita a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana, en uso de las en uso (sic) de sus facultades legales,
RESUELVE
Declarar IMPROCEDENTE la compensación de créditos fiscales (…) opuesta (…) por la contribuyente MANGUERAS GUAYANA, C.A., (…)”.
De la anterior motivación, advierte esta Sala que si bien la Administración Tributaria comenzó su análisis destacando la imposibilidad de compensar los créditos derivados del impuesto al valor agregado por ser éste de tipo indirecto y en cuya estructura técnica se prevén los denominados “débitos y créditos fiscales”, luego reconoció, que la Ley de Impuesto al Valor Agregado de 2004, en concordancia con la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, contemplan una excepción a la prohibición de compensar este tipo de tributos establecida en el artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario, pero que, no obstante ello, en el caso bajo examen, resultaba improcedente la compensación opuesta por el contribuyente, por cuanto no había mediado el respectivo pronunciamiento favorable de esa Administración Tributaria en torno a la recuperación solicitada.
En este contexto y a los efectos de una clara inteligencia del asunto en controversia, estima pertinente destacar este Supremo Tribunal que efectivamente, por expresa disposición del parágrafo único del artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario, la compensación no opera en materia de impuestos indirectos en cuya estructura técnica se prevean las figuras de los denominados “débitos y créditos fiscales”; siendo de esta forma como lo interpretó, tanto la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional en el fallo N° 1.397 del 21 de noviembre de 2000, caso: Heberto Contreras Cuenca, como la emanada de esta Sala Político-Administrativa en la sentencia N° 0559 dictada el 03 de abril de 2001, en el caso: Editora El Nacional, C.A., esta última al conocer del supuesto específico de la compensación en materia de impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor (actual impuesto al valor agregado). En efecto, en los referidos fallos se estableció lo siguiente:
“(…)…el impuesto al valor agregado, además de ser clasificado como impuesto indirecto, real, objetivo e instantáneo, posee la característica de ser un tributo de naturaleza plurifásica no acumulativa, esto es, que grava todas las ventas y prestaciones de servicios efectuadas en todas y cada una de las etapas del proceso de producción y distribución, sin que el monto del tributo pagado por los sujetos pasivos del impuesto incida sobre el costo del producto.
En tal sentido, el impuesto soportado en cada estadio o fase del proceso, admite una deducción financiera o real del impuesto pagado en estadios o fases anteriores del proceso de producción y comercialización resultando en consecuencia la cuota tributaria, entendida ésta como la diferencia existente para el mismo período, entre crédito y débito fiscal, es decir, entre el monto soportado y el monto retenido, tal y como se señalara anteriormente.
Dicha cuota tributaria, comporta el efectivo importe dinerario otorgado al Fisco Nacional, por el cumplimiento de los hechos imponibles previstos en la Ley, la cual está derivada de una simple operación aritmética que puede dar como resultado una cantidad positiva o negativa, es decir, cuando el sujeto pasivo tenga en su haber más créditos fiscales que débitos fiscales dicho resultado será negativo, en consecuencia, el sujeto pasivo podrá trasladar a los períodos fiscales inmediatos el importe no compensado. Por el contrario, en el segundo supuesto, cuando dicho sujeto pasivo tenga más débitos fiscales que créditos fiscales, el producto de esa compensación constituirá el pago efectivo y definitivo por el período fiscal transcurrido al Fisco Nacional.
(…). Ahora bien, observa esta Sala Constitucional que el hecho de que la Ley de Impuesto al Valor Agregado, no considere como sujetos pasivos de dicho tributo al consumidor final, no implica que el mismo, por la propia naturaleza del impuesto no esté obligado a soportarlo, pues en el caso de autos se trata -como se puntualizó anteriormente- de un impuesto indirecto, en el cual, el consumidor final (contribuyente de facto), sea persona natural o jurídica, es quien soporta verdaderamente la carga impositiva producto de la traslación indirecta del importe correspondiente por parte de los contribuyentes del respectivo impuesto, sean estos últimos ordinarios, ocasionales o responsables.
(…). Ahora bien, observa esta Sala Constitucional, que el impuesto al valor agregado formalmente grava a los vendedores y prestadores de servicios, pero materialmente, se dirige a los consumidores o adquirentes de tales bienes o servicios, en virtud de lo cual estos últimos tienen la obligación de soportar la carga impositiva derivada de cada operación.”. Sentencia N° 1.397 dictada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo en fecha 21 de noviembre de 2000, caso: Heberto Contreras Cuenca.

“En tal virtud, el crédito fiscal dentro de la estructura del impuesto indirecto, plurifásico no acumulativo, actúa como deducción o sustracción de los débitos fiscales a los que la propia Ley se refiere.
(…). En este sentido, cuando la sentencia recurrida argumenta, ‘que el parágrafo primero del artículo 46 del Código Orgánico Tributario debe ser objeto de una interpretación restrictiva, habida cuenta que el legislador dijo más de lo que quería, la compensación que no es oponible es la que surge del propio impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor que prevé en su estructura y traslación la figura del denominado ‘crédito fiscal’’ (subrayado de esta Sala), incurre en una errónea interpretación del dispositivo normativo en estudio, ya que tal como se estableció anteriormente, la compensación que se produce dentro de la estructura del impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, es una determinación de la cuota tributaria, por lo que mal podría compensarse el excedente -sea este crédito o débito fiscal- con cualquier otro tributo, dada la imposibilidad material y jurídica de la misma.
(…) En este orden de ideas, cuando de la determinación de la cuota tributaria resulte un crédito fiscal, el contribuyente estará habilitado para trasladar dicho excedente al período de imposición siguiente; por el contrario, cuando de la determinación surja un débito fiscal, el contribuyente tendrá la obligación de enterar dicho importe dinerario al Fisco Nacional, sin la posibilidad de resarcirse ni de oponer la compensación del excedente resultante, sea débito o sea crédito, con tributo alguno, todo de conformidad con el Parágrafo Primero del artículo 46 del Código Orgánico Tributario y con las normas previstas en los artículos 30 y 36 de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor aplicable ratione temporis.
Lo anterior es así, debido a que la norma prevista en el artículo 46 del Código Orgánico Tributario, no distingue entre un crédito fiscal como elemento técnico necesario para la determinación del impuesto o como un crédito tributario a favor del contribuyente, sino por el contrario sujeta la imposibilidad de la compensación, en tanto y en cuanto, el impuesto indirecto prevea en su estructura y traslación la figura del denominado crédito fiscal, como es el caso de autos. Resaltado del presente fallo. Sentencia N° 0559, dictada por esta Sala Político-Administrativa en fecha 03 de abril de 2001, caso: Editora El Nacional, C.A.
Ahora bien, a tenor de lo dispuesto en el mencionado parágrafo único del artículo 49 del vigente Código Orgánico Tributario, redactado en términos similares a los establecidos en el artículo 46 del Código Orgánico Tributario de 1994, se observa que esta prohibición de compensar no resulta absoluta, pues si bien la indicada norma señala que “(…). La compensación no será oponible en los impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea las figuras de los denominados débito y crédito fiscal, (…)”, permite que “salvo expresa disposición legal en contrario” se establezca una regulación que consienta la compensación de tales impuestos indirectos.
En este sentido, debe destacarse que tal supuesto de excepción se verificó, como bien indica la Administración Tributaria en los actos impugnados y la propia representante judicial del Fisco Nacional en su apelación, con la reforma que en el año 2004 hiciera el legislador tributario a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (Gaceta Oficial N° 37.999 del 11 de agosto de 2004), al establecer en el tercer aparte de su artículo 11, lo que a continuación se transcribe:
Artículo 11: La Administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto, en calidad de agentes de retención, a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta Ley.
Asimismo, la Administración Tributaria podrá designar como responsables del pago del impuesto que deba devengarse en las ventas posteriores, en calidad de agentes de percepción, a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta Ley. A tal fin, la Administración Tributaria podrá designar como agentes de percepción a sus oficinas aduaneras.
Los contribuyentes ordinarios podrán recuperar ante la Administración Tributaria, los excedentes de retenciones que correspondan, en los términos y condiciones que establezca la respectiva Providencia. Si la decisión administrativa resulta favorable, la Administración Tributaria autorizará la compensación o cesión de los excedentes. La compensación procederá contra cualquier tributo nacional, incluso contra la cuota tributaria determinada conforme a lo establecido en esta Ley.”. (Resaltado de esta Sala).
De esta forma, para regular el trámite relativo a las retenciones del impuesto al valor agregado que habrían de practicar los denominados contribuyentes especiales de dicho tributo, así como las recuperaciones de los excedentes de retenciones soportadas por los contribuyentes ordinarios del referido tipo impositivo, el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, dictó en fecha 27 de enero de 2005 la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056 (Gaceta Oficial N° 38.136 del 28 de febrero de 2005), la cual en sus artículos 9, 10 y 11 estableció el procedimiento tendente a obtener la recuperación de las retenciones acumuladas de dicho impuesto. Así, las indicadas regulaciones resultan del siguiente tenor:
“Artículo 9: En los casos en que el impuesto retenido sea superior a la cuota tributaria del período de imposición respectivo, el excedente no descontado puede ser traspasado al período de imposición siguiente o a los sucesivos, hasta su descuento total. Si transcurridos tres (3) períodos de imposición aún subsiste algún excedente sin descontar, el contribuyente puede optar por solicitar la recuperación total o parcial del saldo acumulado.
Sólo serán recuperables las cantidades que hayan sido debidamente declaradas y enteradas por los agentes de retención y se reflejen en el estado de cuenta del contribuyente, previa compensación de oficio conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario.
Artículo 10: La recuperación deberá solicitarse ante la División de Recaudación de (sic) Gerencia Regional de Tributos Internos, de su domicilio fiscal y sólo podrá ser presentada una (1) solicitud mensual.
Aquellos contribuyentes que efectúen solicitudes que contemplen saldos acumulados correspondientes a períodos de imposición anteriores a la entrada en vigencia de la presente Providencia Administrativa, no podrán introducir nuevas solicitudes hasta tanto la Administración Tributaria no se haya pronunciado sobre la misma.
Los contribuyentes deberán acompañar los documentos que acrediten su representación; igualmente, podrá solicitarse que acompañe (sic) las declaraciones correspondientes a los períodos que reflejan tal acumulación de retenciones.
En la misma solicitud el proveedor deberá indicar, para el caso que la misma resulte favorable, su decisión de compensar o ceder, identificando tributos, montos y cesionario; y el tributo sobre el cual el cesionario efectuará la imputación respectiva.
La compensación del agente de retención o su cesionario se aplicará siguiendo el orden establecido en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario.
El Jefe de División de Recaudación correspondiente, deberá decidir la solicitud con la totalidad de los recaudos exigidos dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción definitiva de la solicitud. Las recuperaciones acordadas no menoscaban las facultades de verificación y fiscalización de la Administración Tributaria.
En los casos de solicitudes que comprendan saldos acumulados de períodos anteriores a la entrada en vigencia de la presente Providencia, la Administración Tributaria deberá pronunciarse en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción definitiva de la solicitud.
Parágrafo Primero: En caso de falta de pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria dentro de los plazos establecidos en el presente artículo, se entenderá que el órgano tributario ha resuelto negativamente, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Parágrafo Segundo: A los fines de la recuperación de los saldos acumulados, los contribuyentes o sus cesionarios deberán, por una sola vez, inscribirse en el Portal http://www.seniat.gov.ve conforme a las especificaciones establecidas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
No serán oponibles a la República las compensaciones y cesiones que se hubieren efectuado en contravención al procedimiento dispuesto en esta Providencia.
Artículo 11: En los casos en que la División de Recaudación, al decidir la recuperación solicitada por el contribuyente, detecte diferencias de impuesto autoliquidadas por los sujetos pasivos, procederá a ejecutar lo establecido en los artículos 172 al 175 del Código Orgánico Tributario y efectuará los requerimientos de información que considere pertinentes para la resolución de dicha solicitud.
Esta facultad no menoscaba la aplicación del procedimiento de fiscalización y determinación atribuido a la Administración Tributaria.”. Resaltados de esta Sala.
En el contexto debatido, observa esta alzada que con motivo de la evolución y propia dinámica del impuesto al valor agregado y la puesta en escena dentro del ordenamiento jurídico tributario nacional de las figuras de los agentes de retención y de percepción a los efectos de la eficaz y pronta recaudación de dicho impuesto, el legislador tributario reguló la excepción prevista en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario, a la prohibición de compensar este tipo de tributos, permitiendo de esta manera la procedencia del indicado medio de extinción de la obligación tributaria ya con cualquier tipo impositivo, e inclusive con la cuota tributaria que se genera en la determinación del mencionado impuesto al valor agregado; derivado de lo cual estima esta alzada que los referidos créditos provenientes de dichos excedentes de retenciones se constituyen en verdaderos “créditos tributarios” oponibles al Fisco Nacional, con la salvedad de que medie necesariamente un pronunciamiento de la Administración Tributaria que así los reconozca.
Formuladas las anteriores apreciaciones, advierte esta Máxima Instancia que en el caso de autos, la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A., actuando de conformidad con las previsiones establecidas en la mencionada Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, solicitó ante la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del SENIAT, la recuperación del excedente de retenciones de impuesto al valor agregado soportadas por ésta durante los períodos de imposición que van de enero de 2003 a junio 2005, por la suma de Bs. 377.137.717,00, indicando además, en sus solicitudes que el monto acordado por este concepto sería compensado contra los créditos correspondientes a las declaraciones estimadas y definitiva de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal comprendido entre abril de 2005 y marzo de 2006, por la cantidad de Bs. 218.422.049,00.
Tales retenciones, debe acotarse, fueron soportadas por la mencionada empresa en su condición de contribuyente ordinario del referido impuesto al valor agregado, pues pese a haberse advertido que ésta en su escrito de recurso contencioso tributario sostuvo que las mismas eran provenientes del “IVA retenido a sus clientes” (lo que podría llevar a la confusión que fue actuando en su condición de contribuyente especial designado como agente de retención), de los elementos probatorios consignados por dicha empresa, dentro de los cuales destacan las copias de sus declaraciones de impuesto al valor agregado y de impuesto sobre la renta, así como copias de las solicitudes de recuperación presentadas ante la Administración Tributaria, se colige que se trata de los montos que por concepto de tributo le fueron retenidos a la referida contribuyente con ocasión del ejercicio por parte de ésta de operaciones gravadas con el señalado impuesto al valor agregado.
Ahora bien, a juicio de esta Máxima Instancia el asunto determinante en el presente caso lo constituye el hecho conforme al cual, no obstante haber peticionado la contribuyente la recuperación de su excedente de retenciones conforme a lo dispuesto en el procedimiento previsto en la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056, no obtuvo la respuesta de la Administración Tributaria acerca de dicha recuperación, procediendo en consecuencia y bajo el argumento de operatividad de pleno derecho de la compensación, a acreditar el monto constitutivo del referido excedente de retenciones, contra las cantidades debidas en concepto de impuesto sobre la renta y así, extinguir la referida obligación tributaria.
En este mismo sentido, advierte la Sala por una parte, que la Administración Tributaria rechazó la posibilidad de compensar el aludido excedente de retenciones contra las deudas del contribuyente en concepto de impuesto sobre la renta, pues a su juicio para ser opuestos dichos créditos en compensación resultaba necesario que esa Administración emitiese su opinión favorable en torno a la recuperación planteada, mientras que el sentenciador de instancia en su fallo consideró procedente dicha compensación al juzgar que la contribuyente “cumplió reiteradamente, con el procedimiento de recuperación de excedentes de retenciones del Impuesto al Valor Agregado previsto en la Providencia Administrativa SNAT/2005/0056, (…)”; “debiendo proceder obligatoriamente la Administración Tributaria a verificar la existencia, liquidez y exigibilidad del crédito fiscal”.
Así las cosas, esta Sala disiente de la opinión dada por el a quo, en el sentido de considerar que la contribuyente sí dio cumplimiento al procedimiento de recuperación de excedentes de impuesto al valor agregado previsto en los ya citados artículos 9, 10 y 11 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056, pues aun cuando se evidencia de autos que ésta presentó sus solicitudes de recuperación por escrito ante la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del SENIAT, indicando los montos a recuperar, los períodos fiscales en los que se practicaron las retenciones, el destino que se le darían a los montos recuperados, entre otros requisitos, según lo dispuesto en dicha normativa, tal circunstancia no puede llevar a considerar que dicho procedimiento se satisfizo hasta su fin último, este es, el reconocimiento por parte del sujeto activo de los créditos fiscales reclamados por el contribuyente.
En efecto, por mandato expreso del artículo 10 del citado instrumento normativo, para considerar procedente la recuperación y por consiguiente, disponer libremente de los indicados excedentes de retenciones, resulta de inexorable cumplimiento que la Administración Tributaria emita su pronunciamiento en torno a la recuperación peticionada dentro del plazo previsto a tal fin (30 ó 90 días hábiles, según se trate), siendo que para el supuesto en que ésta no se pronuncie en el aludido plazo, se entenderá negada la indicada recuperación, a tenor de lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (parágrafo primero del artículo 10 de la providencia citada); esto al igual que sucede en el procedimiento de recuperación de tributos en general, previsto en el artículo 200 y siguientes del vigente Código Orgánico Tributario, conforme al cual “Si la Administración Tributaria no decidiere dentro del lapso indicado en el artículo anterior, se entenderá que ha resuelto negativamente, en cuyo caso el contribuyente o responsable quedará facultado para interponer el recurso contencioso tributario previsto en este Código” (artículo 207 C.O.T.).
Por consiguiente, entiende esta Sala que en el caso de autos si bien la contribuyente inició el procedimiento de recuperación de los aludidos excedentes de retenciones, de conformidad con los términos descritos en la citada providencia, al no mediar el pronunciamiento favorable de la Administración Tributaria en torno al reconocimiento de dichos créditos fiscales, los mismos no podían ser sujetos a una ulterior compensación, en virtud de haber operado respecto de ellos, el silencio administrativo negativo.
De lo anterior, juzga este Alto Tribunal que al sostener el sentenciador de instancia que la contribuyente podía disponer libremente de los montos solicitados en recuperación y oponerlos de pleno derecho en compensación, contra las deudas tributarias de ésta misma, incurrió en un error de derecho, pues confirió, en contravención a lo preceptuado en el indicado artículo 10 de la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056), efectos positivos al silencio administrativo, derivando así las condiciones de liquidez, exigibilidad y del mencionado crédito. Así se declara.
Ahora bien, respecto la operatividad de la compensación como medio de extinción de la obligación tributaria, no pocas han sido las discusiones que se han presentado debido a la diversidad de tratamiento que ha recibido dicha figura a lo largo de los distintos Códigos Orgánicos Tributarios promulgados por el legislador tributario; así esta Sala en su fallo N° 01178 del 01 de octubre de 2002, caso: Domínguez y Cía, sintetizó dicha regulación en los siguientes términos:
“(…). Código Orgánico Tributario de 1982:
‘(…). Artículo 46.- La administración tributaria declarará, de oficio o a petición de parte, la compensación de los créditos líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos y sus accesorios, con las deudas tributarias igualmente líquidas y exigibles, referentes a períodos no prescritos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que se trate del mismo sujeto activo.
También son compensables los créditos por tributos con los que provengan de multas firmes, en las mismas condiciones establecidas en el encabezamiento de este artículo’. (Destacado de la Sala).
Reforma del Código de 1992:
Artículo 46 ‘La compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos, así como de intereses, multas, costas procesales y cualesquiera otros accesorios, con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, comenzando por los más antiguos, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo.
El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas, costas y otros accesorios o frente a cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos, sin necesidad de que exista un pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derecho...’ (Destacado de la Sala).
Reforma del Código de 1994:
‘Artículo 46.- La compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos, así como de intereses, multas, costas procesales y cualesquiera otros accesorios, con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, comenzando por los más antiguos, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo.
El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas, costas y otros accesorios o frente a cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos. En tales casos, la Administración Tributaria deberá proceder a verificar la existencia, liquidez y exigibilidad de dicho crédito y a pronunciarse sobre la procedencia o no de la compensación opuesta.....’. (Destacado de la Sala).
De las normativas parcialmente transcritas se evidencian las sucesivas variaciones en cuanto a la operatividad de la compensación, como modo de extinción de la obligación tributaria. En ese sentido, cabe señalar que con respecto al Código Orgánico Tributario de 1982, se presentó la discusión de si era necesaria la previa autorización de la Administración Tributaria, no obstante que dicha norma así no lo expresaba, y en relación a ello, la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, (sentencia No. 544, de fecha 05 de noviembre de 1991, caso Procesadora Occidente, C.A., y No. 132, de fecha 10 de junio de 1991, caso Serinel Ingenieros Consultores), interpretó reiteradamente su procedencia, sin necesidad de aceptación o autorización alguna de parte del órgano administrativo, siempre que se tratara de la existencia recíproca de débitos y créditos igualmente líquidos y exigibles, es decir, que le dio a la compensación opuesta por los contribuyentes efecto de pleno derecho, considerando su naturaleza legal como medio extintivo de obligaciones tributarias.
En tanto que, a partir del Código en 1992, se estableció concretamente, que la compensación opuesta por los contribuyentes extingue sus obligaciones fiscales de pleno derecho, al consagrar en forma categórica tal efecto, cuando pautó que ‘El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas, costas y otros accesorios o frente a cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos, sin necesidad de que exista un pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derecho’.
Sin embargo, el 25 de mayo de 1994, cuando se produce la segunda reforma del mencionado Código, se observa en su artículo 46, que dos fueron los cambios: se eliminó en el segundo aparte de dicho artículo la frase ‘sin necesidad de que exista un pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derech’, y se sustituyó por la expresión siguiente: ‘En tales casos, la Administración Tributaria deberá proceder a verificar la existencia, liquidez y exigibilidad de dicho crédito y a pronunciarse sobre la procedencia o no de la compensación opuesta’.
En este sentido, el codificador del 94 dejó expresamente indicada, la necesaria intervención de la Administración Tributaria a fin de verificar la existencia, liquidez y exigibilidad del crédito, y de pronunciarse sobre la procedencia o no de la compensación opuesta, y así se declara; haciéndose de obligado proceder analizar el caso sub júdice con vista a dicha normativa, aplicable rationae temporis.”.
Así, se observa que la última de las posiciones asumidas por el legislador tributario hasta la reforma del Código Orgánico Tributario de 1994, fue la de considerar que a los efectos de la procedencia de dicho medio de extinción de la obligación tributaria resultaba necesario el pronunciamiento de la Administración Tributaria respecto de la verificación de las condiciones de existencia, liquidez, exigibilidad del crédito fiscal opuesto en compensación.
No obstante, el legislador tributario de 2001 concibió dicha figura en los siguientes términos:
“Artículo 49: La compensación extingue, de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente, por concepto de tributos, intereses, multas y costas procesales, con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas, exigibles y no prescritas, comenzando por las más antiguas, aunque provengan de distintos tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo. Asimismo, se aplicará el orden de imputación establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 44 de este Código.
El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas y costas procesales, o frente a cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos, sin necesidad de un pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derecho. El contribuyente o su cesionario estarán obligados a notificar de la compensación a la oficina de la Administración Tributaria de su domicilio fiscal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido opuesta, sin que ello constituya un requisito para la procedencia de la compensación, y sin perjuicio de las facultades de fiscalización y de determinación que pueda ejercer la Administración posteriormente. La falta de notificación dentro del lapso previsto generará la sanción correspondiente en los términos establecidos en este Código.
Por su parte, la Administración podrá oponer la compensación frente al contribuyente, responsable o su cesionario, a fin de extinguir, bajo las mismas condiciones, cualesquiera créditos invocados por ellos.
(…).”. Resaltado de la Sala.
De la norma que antecede, se observa que contrariamente a lo establecido en la reforma del Código Orgánico Tributario de 1994, la compensación es oponible, sin necesidad de un pronunciamiento administrativo previo que la reconozca; no obstante, en el presente caso aun cuando el contribuyente podía oponer la misma sin necesidad del aludido pronunciamiento administrativo que reconociera su derecho a extinguir sus obligaciones tributarias bajo dicho mecanismo, ésta resulta a todas luces improcedente, pues los créditos fiscales que pretendía oponer habían sido negados tácitamente por la Administración Tributaria, no resultando éstos, como lo exige el artículo 49 del Código Orgánico Tributario de 2001, determinados, líquidos y exigibles.
En efecto, tal como se señaló anteriormente, en el referido procedimiento de recuperación de tributos la Administración Tributaria no emitió el pronunciamiento requerido, operando en consecuencia el silencio administrativo negativo, vale decir, entendiéndose negada la recuperación peticionada y no verificadas, en consecuencia, las condiciones exigidas en el precitado artículo 49 para que procediese dicho medio de extinción de la obligación tributaria, pues el crédito fiscal no podía considerarse disponible, líquido ni exigible, no siendo por consiguiente, oponible al Fisco Nacional. Derivado de lo cual, juzga esta Sala que el sentenciador de instancia incurrió no sólo en el señalado error de derecho respecto de la interpretación que debía dársele a los supuestos de procedencia descritos en el indicado artículo 49 del Código Orgánico Tributario de 2001, sino también en error de hecho al estimar que la Administración Tributaria incumplió con su obligación de verificar las condiciones fácticas del crédito opuesto por la contribuyente. Por los motivos expuestos, debe esta Sala revocar la decisión dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana en fecha 22 de julio de 2008, declarar, conforme a la motivación expuesta en el presente fallo, sin lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A. y firmes, por consiguiente, los actos administrativos recurridos. Así se declara.
Visto lo anterior, se declara con lugar la apelación interpuesta por el Fisco Nacional contra la referida decisión. Así finalmente se decide.
V
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- CON LUGAR la apelación interpuesta por el FISCO NACIONAL, contra la sentencia N° PJ0662008000048 dictada el 22 de julio de 2008, por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, la cual se REVOCA.
2.- SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad de comercio MANGUERAS GUAYANA, C.A., contra los actos contenidos en las Providencias Administrativas Nos. GRTI/RG/DR/2006/41, GRTI/RG/DR/2006/42, GRTI/RG/DR/2006/43 y GRTI/RG/DR/2006/44, dictadas el 08 de noviembre de 2006 por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), conforme a las cuales se declararon improcedentes las solicitudes de compensación opuestas por la contribuyente en virtud de las cantidades que por concepto de impuesto al valor agregado soportó durante los períodos fiscales correspondientes a los meses de enero de 2003 a junio 2005, por la suma de Bs. 377.137.717,00, contra los créditos correspondientes a sus declaraciones estimadas y definitiva de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal abril de 2005 a marzo de 2006, por la cantidad de Bs. 218.422.049,00; se impusieron multas por las sumas de Bs. 21.842.204,90, 2.997.004,50, 2.997.004,50 y 2.997.004,50 y se determinaron intereses moratorios por los montos de Bs. 13.666.606,93, 4.620.381,94, 4.129.264,48 y 3.687.771,41.
3.- FIRMES los precitados actos administrativos emitidos por la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guyana del SENIAT.
Vista la declaratoria que antecede, procedería en principio la condenatoria en costas procesales de la sociedad mercantil Mangueras Guayana, C.A.; no obstante, la Sala, actuando de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 327 del vigente Código Orgánico Tributario, la EXIME del pago de las mismas, debido a las dificultades interpretativas que comportan el procedimiento de recuperación de excedentes de retenciones del aludido impuesto al valor agregado, así como la figura de la compensación, su procedencia y operatividad, a la luz de las diversas regulaciones dadas por el legislador al referido medio de extinción de la obligación tributaria, en los distintos Códigos Orgánicos Tributarios sancionados hasta el presente.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO

Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
Ponente


HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EMIRO GARCÍA ROSAS

La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta (30) de junio del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00619.

La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN